Siguen las “aberraciones jurídicas” en contra de monseñor Álvarez

La decisión de la jueza Segundo Distrito de lo Penal de Juicio de Managua, Nadia Tardencilla, de adelantar el juicio contra monseñor Rolando Álvarez deja al descubierto, una vez más, la discrecionalidad con que opera el Poder Judicial en Nicaragua. También se puede interpretar como un mensaje de presión para que el religioso se decida y abandone el país.

Otra lectura es que el dictador Daniel Ortega envía una señal a la comunidad internacional de que continuará con su política represiva a pesar de que faltan pocos días para que el grupo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) presente su informe sobre las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), considera que el adelanto del juicio refleja la arbitrariedad con la que Ortega maneja el Poder Judicial, además de sembrar más terror en la población. Núñez asegura que el Poder Judicial emitirá una resolución condenatoria contra el religioso por los presuntos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. 

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“Quieren aumentar el miedo y el terror para tener, en el mejor de los casos, una ficha o moneda de cambio a monseñor”, señala Núñez, quien prevé que la judicial impondrá una pena superior a la sanción que le aplicó a los religiosos y laicos de 10 años de prisión y la inhabilitación de por vida al ejercicio de cargos públicos y de elección popular.

CACHETADA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Por su parte el abogado Juan Carlos Arce, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, afirma que a Ortega no le importa la reacción de la comunidad internacional. Además, Arce adelanta que el próximo 6 de marzo, escucharán el informe de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el grupo de expertos está integrado por el alemán Jan-Michael Simon, y la colombiana Ángela María Buitrago. 

 “La acción de Ortega (adelantar el juicio) es como una cachetada a la comunidad internacional diciéndoles que a él no le importa lo que haga la comunidad internacional y que él va a seguir reprimiendo y va a intensificar todavía más la represión en el país contra actores importantes como el obispo Álvarez”, detalla el defensor de derechos humanos.

Arce considera que el juicio contra monseñor Álvarez es eminentemente político ya que en este tipo de procesos los judiciales son operadores políticos que obedecen órdenes del régimen de Daniel Ortega. “Al parecer el régimen ya tomó la decisión política de condenar al obispo en el menor tiempo posible”, expone Arce.

INFORME RECOGE TESTIMONIO DE VÍCTIMAS

La integración del grupo de expertos quedó establecida el 31 de marzo del 2022, cuando el Consejo Permanente de Derechos Humanos de la ONU, aprobó una resolución en la cual decidió establecer, por un período de un año, el trabajo de los especialistas, quienes tienen como misión emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.

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Además, la resolución planteaba de que Ortega permitiera “el acceso sin trabas, absoluto y transparente a todo el país y facilitando las visitas, incluso a los centros de detención, y proporcionando la información necesaria, y a que considere favorablemente las recomendaciones formuladas en sus informes”. El régimen respondió prohibiendo el ingreso del grupo de expertos al país.