Los tres hechos que hacen del 10 de enero un día trágico para Nicaragua

Tres acontecimiento desafortunados han marcado este 10 de enero de 2023: se ha conmemorado el 45 aniversario del asesinato del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, bajo nula libertad de prensa; 153 funcionarios del régimen han asumido las riendas de todas alcaldías del país anulando así la autonomía municipal; y se ha celebrado la audiencia de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, en la que fue enviado a juicio.

En palabras del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), con la toma de las alcaldías se está “acabando con la democracia” en Nicaragua. El país vive bajo un régimen autocrático desde de 2021 cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo se entornillaron el poder bajo elecciones falsas que la comunidad internacional ha desconocido.

“Esta fecha es trágica porque en ella se han instalado las nuevas dictaduras”, denunció el organismo de derechos humanos que considera que también hoy “se cierra toda esperanza de democracia con la toma de posesión de las 153 alcaldías robadas durante la farsa electoral en 2022”.

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El Cenidh, que dirige Vilma Núñez, señala que esta fecha marca la historia de Nicaragua, ya que el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro fue la expresión más brutal de la dictadura somocista “contra un auténtico defensor de la democracia”. El crimen, agregó, fue el detonante para el triunfo de la Revolución sandinista, el 19 de julio de 1979.

Chamorro fue asesinado un 10 de enero de 1978 en las cercanías de lo que hoy se conoce como la Asamblea Nacional.

INFAME ACUSACIÓN

Sobre monseñor Álvarez, el Cenidh señala que la justicia orteguista está enjuiciando a un inocente. El obispo de Matagalpa es acusado por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.

“No es casualidad que hoy se haya escogido para realizar la más infame de las acusaciones, el juzgamiento al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez el más inocente entre todos los inocentes perseguidos en Nicaragua”, apuntó el Cenidh.

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Por su parte el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) argumentó que el proceso que el régimen inició contra el religioso nicaragüense es “arbitrario y viola los compromisos internacionales de derechos humanos.

“Las leyes penales en que se basa el Poder Judicial para juzgarlo son vagas e imprecisas en su redacción y son inconstitucionales porque quiebran el principio de presunción de inocencia”, expresa Calidh.

El organismo regional también mostró su preocupación porque no se le permite el cambio de medida cautelar a pesar de la situación de salud de Álvarez. En ese sentido, responsabilizó al Estado por cualquier desmejora en su estado de salud.