Bukele plantea adelantar la salida de unos 5.000 presos acusados de colaborar con pandillas
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aclaró la noche del viernes que el plan de dar beneficios carcelarios a aproximadamente un 50 % de los colaboradores de las pandillas detenidos en el contexto de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, alcanzaría a unos 5.000 presos.
Bukele había adelantado el pasado 13 de octubre -en una conferencia de prensa- que tenían un plan «que beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con las pandillas, con una liberación anticipada».
El mandatario sostuvo este viernes que esta revisión se haría entre los 10.629 detenidos acusados de ser colaboradores de las pandillas, es decir, que no pertenecen a estas estructuras criminales.
«Entonces, de esos 10.000 vamos a revisar los casos, y nosotros creemos, en una revisión previa, que aproximadamente un 50 % pudiera entrar al programa Cero Ocio para poder salir más rápido, reformados, en lugar de esperar diez años para que salgan más criminales», indicó Bukele.
El mandatario sostuvo este viernes que esta revisión se haría entre los 10.629 detenidos acusados de ser colaboradores de las pandillas, es decir, que no pertenecen a estas estructuras criminales.
«Entonces, de esos 10.000 vamos a revisar los casos, y nosotros creemos, en una revisión previa, que aproximadamente un 50 % pudiera entrar al programa Cero Ocio para poder salir más rápido, reformados, en lugar de esperar diez años para que salgan más criminales», indicó Bukele.
El régimen de excepción en El Salvador
El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que suspende garantías constitucionales y ha dejado esos más de 90.000 detenidos a los que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas o colaborar con ellas.
En el contexto de la implementación del régimen de excepción, organizaciones humanitarias han registrado más de 6.400 denuncias de atropellos y 570 muertes de personas bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según las denuncias.
El régimen de excepción se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó a Bukele, quien mantiene una alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato pese a la prohibición constitucional en su momento.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) han alertado que, bajo esta disposición, el Estado salvadoreño podría estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.
