Activistas: ¿Bukele admite su error al liberar un 50 % de presos en el régimen de excepción?
Activistas consultados este miércoles por EFE consideran que el anuncio del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de dejar en libertad condicional a colaboradores de las pandillas, lo que supone aproximadamente un 50 % de los detenidos en el contexto de un régimen de excepción, sería admitir el error en la detención masiva de inocentes.
El Salvador se encuentra desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales a toda la población y ha dejado al menos 93.162 detenidos, a los que el Gobierno acusa de pertenecer o colaborar con las pandillas.
«Nosotros tenemos un plan, creo que beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con las pandillas, con una liberación anticipada. O sea, es culpable, pero liberarlo condicionalmente», dijo el martes el mandatario en la sede de su Gobierno en San Salvador.
Bukele no aclaró si los cobijados por la medida debían ser condenados previamente por un juez.
El llamado de las organizaciones de derechos humanos
El jefe de Estado afirmó que se tomaría en cuenta a personas que vivían bajo el «yugo» de las pandillas, porque «no es lo mismo ser parte de los que aplicaban ese yugo a la población a simplemente sobrevivir dentro de esa realidad».
Las pandillas o maras controlaban las comunidades y barrios populosos del país, donde la población también era obligada a participar en actos delictivos bajo amenazas, según denunciaron organizaciones y reconocieron las autoridades.
Algunas organizaciones de derechos humanos han señalado, en reiteradas ocasiones, que muchas de las detenciones durante el régimen de excepción se trata de jóvenes en condición de vulnerabilidad y estigmatización por su lugar de procedencia, pero sin vínculo con las pandillas.
¿Admitir detenciones masivas?
Dos defensores de derechos humanos de El Salvador dijeron este miércoles -en declaraciones a EFE- que el anuncio del presidente Bukele de conceder libertad condicional a supuestos colaboradores es, a su juicio, aceptar la detención masiva de personas inocentes.
«Durante años, las organizaciones de derechos humanos hemos insistido en que se revisen los casos de personas inocentes detenidas. Por eso han atacado nuestro trabajo. Hoy el Ejecutivo admite de forma velada su error, pero con un lenguaje confuso», dijo Abraham Ábrego, director legal de la reconocida organización humanitaria Cristosal.
Ábrego analizó que el mandatario «no habla de inocentes, sino de ‘colaboradores de pandillas’, para evitar nombrar a los inocentes que él mismo antes llamó ‘margen de error’ y que dijo, sin respaldo, que rondaban los ocho mil».
A juicio de la abogada Ingrid Escobar, de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), el presidente Bukele también estaría aceptando «la incapacidad institucional que existe en nuestro país respecto de las detenciones masivas de salvadoreños en las cárceles de El Salvador».
Denuncias por violación a los derechos humanos de los presos
La tasa de presos en El Salvador se situó en 1.963 privados de libertad por cada 100.000 habitantes al cierre de 2025, y se registró un hacinamiento carcelario de un 261 %, según un informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) compartido recientemente con EFE.
Escobar, quien salió de El Salvador por temor a ser detenida por su activismo, señaló que una buena parte de las más de 90.000 personas que llevan los últimos cuatro años en la cárcel han estado detenidas arbitrariamente, a las que se les han negado los derechos al debido proceso y han sido mezcladas con delincuentes.
La abogada también denunció que «a muchas de estas personas las violaron sexualmente, les violentaron su integridad física y moral en general, les negaron el derecho a la correcta alimentación e hidratación, los golpearon», lo que es «injusto y criminal».
¿Colaborador de pandilla, víctima o victimario?
Escobar explicó que, en lo que se llama «pirámide de la criminalidad de la pandilla», se ubican en el último escalón «los colaboradores obligados».
«Son a aquellos que les dicen: ‘si no te pones de poste (vigilar) te violo a tu hermana, te mato a tu hermana, a tu mamá’», ejemplificó.
Recordó que Estados Unidos, durante la Administración de Joe Biden, señaló en un informe que «antes de considerar a estas personas como victimarios lo consideraran como víctimas de las pandillas».
El director legal de Cristosal también señaló que «aún con un tono ambiguo, el anuncio (de un programa de libertad) marca un punto de inflexión en el discurso, cuando en la práctica se están produciendo condenas masivas».
«La justicia para las familias que resultaron afectadas por las pandillas es fundamental, pero no puede tener en su base condenar inocentes», dijo Ábrego, y apuntó: «La revisión de los casos de condenas injustas y la libertad de personas inocentes, así como la reparación para ellas y para las familias de quienes ya murieron bajo custodia, es un imperativo moral».
