EEUU elimina el derecho a fianza a migrantes en proceso de deportación

Todo inmigrante que haya ingresado de manera irregular a Estados Unidos deberá permanecer en prisión a esperas de ser deportado. No habrá más opción de enfrentar el proceso en libertad bajo fianza, sin importar que este pueda durar meses o años.

La medida que declara inelegibles para una audiencia de fianza a los inmigrantes llegados de manera irregular mientras enfrentan procedimientos de deportación fue orientada el 8 de julio según un memorando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanases (ICE) revelado por diario The Washington Post.

El documento, firmado por Todd M. Lyons, director interino del ICE, instruye a los agentes que los "inmigrantes deberían ser detenidos durante la duración de sus procedimientos de deportación".

La política, explican abogados citados por el medio, afectaría potencialmente a millones de personas que han cruzado la frontera entre Estados Unidos y México en las últimas décadas, incluyendo a quienes ingresaron durante la administración de Joe Biden.

Los inmigrantes que eran arrestados dentro del territorio estadounidense tenían la opción de solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración y esperar la resolución de su caso en libertad. Sin embargo, Lyons afirmó que los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia analizaron la posición legal sobre las facultades de detención y liberación y determinaron que los inmigrantes "no pueden ser liberados de la custodia de ICE".

En casos excepcionales se podrá aplicar la libertad condicional, pero esta decisión ya no estará en manos de un juez, sino que dependerá del criterio de un oficial de inmigración, según el documento al que ha tenido acceso el diario estadounidense.

La medida se fundamenta en una sección de la Ley de inmigración que establece que los inmigrantes no autorizados “deberán ser detenidos” tras su arresto. Hasta ahora, esta disposición se aplicaba principalmente a quienes cruzaban la frontera recientemente, no a residentes de largo plazo.

En el documento, Lyons reconoció que el cambio de política "probablemente" enfrente desafíos legales y sea impugnada en los tribunales. No obstante, el ICE ha señalado que la nueva política "cierra una laguna" en las leyes de inmigración y garantiza un trato por igual para los que entran sin permiso a los Estados Unidos.

La política se conoce pocos días después de que el Congreso aprobara un paquete de gastos de 45.000 millones de dólares destinado a reforzar la infraestructura de detención migratoria durante los próximos cuatro años. Esto permitiría a ICE duplicar su capacidad para detener inmigrantes, pasando de 56.000 a 100.000 personas al día, según The Washington Post.

Desde que se difundieron los memorandos, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) ha denunciado que en al menos una docena de tribunales de inmigración en todo el país —incluidos los de Nueva York, Virginia, Oregón, Carolina del Norte, Ohio y Georgia— ya se están denegando las audiencias de fianza.

Mientras tanto, ICE ha intensificado sus operativos a nivel nacional para localizar a inmigrantes indocumentados. La agencia mantiene actualmente bajo custodia a más de 56.000 personas, y ha reactivado centros de detención familiarque habían sido cerrados durante la administración Biden. También ha habilitado instalaciones temporales como una en los Everglades y ha comenzado a deportar personas con escaso aviso a países en conflicto, como Sudán del Sur.

"Lo que estamos viendo es la aplicación a nivel nacional de una práctica que ya se observaba en ciertos tribunales de inmigración, como el de Tacoma, Washington, donde se negaban audiencias de fianza a cualquiera que hubiera cruzado la frontera ilegalmente", dijo un abogado consultado por el Post.

El memorando advierte que la nueva política podría enfrentar desafíos legales, pero marca un giro drástico en la estrategia de control migratorio que, pese al cambio de gobierno, sigue mostrando continuidad en su aplicación más restrictiva.