Guatemala: Narcotráfico y política, las nuevas historias de un viejo romance que empañan los procesos electorales

En 2013, cuando la Cicig anunció que investigaría el financiamiento ilícito de las campañas políticas, pocos imaginaban que en 2019 tantos candidatos o funcionarios serían vinculados al narcotráfico. Sin embargo, el nexo crimen organizado-política, por medio de las Redes Político Económicas Ilícitas, cumple al menos medio siglo. En el actual proceso electoral, el vínculo quedó al desnudo una vez más.

En asunto demeses, al menos media docena de candidatos a alcaldías, diputaciones o laPresidencia, han sido vinculados al narcotráfico. Algunos, detenidos con finesde extradición, y uno, capturado en abril pasado en EE.UU. de donde volverácomo un exconvicto: Mario Estrada Orellana, excandidato presidencial delpartido Unión del Cambio Nacional (UCN).

No es que elnarcotráfico y la política en Guatemala se relacionaran repentina yvertiginosamente. Siempre estuvieron cerca, pero ahora es más obvio. El incrementode casos obedece al debilitamiento del Estado, a nivel nacional y local, locual facilita su cooptación (más que a la captura) por parte de grupos criminalesque buscan impunidad.

Carmen AídaIbarra, activista del Movimiento Pro-Justicia, advierte que losnarcotraficantes avanzan hacia una influencia mayor. “Ya tienen un ampliocontrol del sistema de partidos políticos; ya tienen una alta penetración endistintos estamentos de la sociedad, probablemente no tienen el control de todoel aparato del Estado, pero van camino a eso”, dice la activista.

Una vez quelos intereses de estos grupos superan el ámbito económico, ocurre unacooptación del Estado, que sucede en distintos niveles de gobierno, según loexplican los académicos Luis Jorge Garay, Eduardo Salcedo-Albarán e Isaac deLeón-Beltrán, en el análisis Desde la captura del Estado hacia lareconfiguración de la cooptación del Estado, publicado con Fundación Método deColombia, hace diez años.

Los autoresproponían el concepto de la reconfiguración del Estado cooptado como “la acciónde organizaciones legales e ilegales que, por medio de prácticas ilegales,buscan sistemáticamente modificar el régimen político desde adentro einfluenciar la formación, modificación, interpretación y aplicación de lasreglas del juego y las políticas públicas, para lograr que sus intereses seanvalidados política y legalmente, y ganar legitimidad social a largo plazo”.Destaca en este caso el denominado “Pacto de Corruptos” en el Legislativo enGuatemala, que desde 2015 intenta favorecer a funcionarios y exfuncionariosacusados de corrupción, procurándoles castigos poco severos o impunidad.

Garay,Salcedo y De León destacan que la cooptación lleva a los actores o gruposilegales a buscar alinear sus intereses con aquellos del Estado, los económicos,judiciales y otros, “al manipular la formulación de leyes para ganar beneficiosa largo plazo e influir en las estructuras regulatorias de los estados”.

Los autoresexplican que estos grupos pueden usar la coerción, y diferentes formas deinfiltrar porciones del Estado para procurarse impunidad para sus actividadescriminales, que van más allá de sobornos o manipulación del Legislativo, ypueden incluir violencia. Su influencia se concentra en el poder local(municipal, por ejemplo), por ser más débil o vulnerable. Basta observar loscasos de alcaldes vinculados al narcotráfico, y más recientemente el caso deEstrada.

“No se debedudar que [Estrada] no es el primer caso, [aunque] hizo posible revelarpúblicamente la manera cómo se construye el entramado de la corrupción”, señalaDavid Martínez-Amador, académico sinaloense especializado en investigar yanalizar el crimen organizado.

El académicoestá convencido de que las negociaciones que llevaron a Estrada a creer que recibiría12 millones de dólares del Cartel de Sinaloa (por medio de miembros de lasfuerzas de seguridad que fingían ser narcotraficantes), han ocurrido antes conotros candidatos presidenciales. “Esta dinámica ha estado enquistada siempre enel proceso de post-conflicto y construcción de la democracia”, señala.

CORRUPCIÓN, UN FACILITADOR DE LACOOPTACIÓN

Martínez-Amadorafirma que este tipo de acciones le pone precio a la campaña política y alpaís. Sin embargo, es un precio bajo en contraste con lo que se vende: elsalvoconducto para el paso anual por Guatemala de al menos 1,400 toneladas decocaína y otras drogas (un estimado de EE.UU.), e inmunidad para traficar conlos respectivos efectos colaterales: violencia, corrupción, el estímulo delnarcomenudeo y el incremento del consumo de drogas.

Por eso, en 2014, durante una conferencia sobre lavado de dinero en Perú, un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas decía que el problema no es que los narcos compren a los políticos, sino que “los políticos se vendan tan barato”.

El narco se acerca a las autoridades todo el tiempo: antes, durante y después del período electoral. Invierte en varios partidos, hasta que se perfile uno como ganador.

MichaelVigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia Federal Antidrogasde EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), sostiene que “el narcotráfico noexistiría sin la corrupción”. El concepto encaja con la imagen que el sociólogoy politólogo Héctor Rosada tiene del crimen organizado como un banco de trespatas: los capos o estructuras extranjeras; los capos locales y las autoridadescorruptas (entrantes, salientes, y por ser electas). El banco no se sostienesin una de las tres.

¿Qué le permite sostenerse y cómo se explica el incremento actual de casos de funcionarios y candidatos políticos ligados al narcotráfico?

¿Es porque hay más autoridades o candidatos corruptibles?, ¿hay más cocaína que traficar porque la producción de ésta en Sudamérica aumentó un 20 % de 2016 para 2017, según EE.UU., y por eso necesitan más protección para traficar más producto? o ¿porque la Cicig investigaba el tema desde 2013 y la mayor disponibilidad de información permitió vincular a más funcionarios y candidatos?

Las tresrazones aplican, pero el incremento de casos obedece principalmente aldebilitamiento institucional del Estado, según Eric Olson, director de laPlataforma América Central – D.C. en la Fundación Internacional Seattle, enEE.UU. Es el mismo debilitamiento del que hablan Garay, Salcedo y De León, quepermite la infiltración y cooptación del Estado en varios niveles. “Cuando elnarcotráfico puede infiltrar y capturar al Estado [hasta tocar a altosfuncionarios], la democracia peligra más y a las instituciones les cuestacontrarrestar eso”, dice Olson, quien también es consultor para el ProgramaLatinoamericano y el Instituto México del Woodrow Wilson Center en EE.UU. “Elcrimen organizado se fortalece cuando el Estado es débil, y esto ha pasado en losúltimos años [en Guatemala]”.

El narco seacerca a las autoridades todo el tiempo: antes, durante y después del períodoelectoral. Invierte en varios partidos políticos, hasta que se perfile uno comoganador, o aborda a los funcionarios electos después, con invitaciones oamenazas.

Sin embargo,la antesala de las elecciones ofrece una mayor oportunidad de infiltración porcuanto está en juego: los millones de dólares que ofrece el narcotráfico parafinanciar campañas, aunque los candidatos (sean funcionarios o no) estánsujetos a un mayor escrutinio y por eso sus pecadillos están más susceptibles aser descubiertos.

Eso explica,en parte, casos como el del alcalde de Nueva Concepción, Escuintla, OttonielLima Recinos, a quien el Ministerio Público pidió en diciembre pasado que se leretire la inmunidad para investigarle por narcotráfico; o el del alcalde deAyutla, San Marcos, Erick Salvador Súñiga Rodríguez, pedido en extradición porEE.UU., para que enfrente cargos por narcotráfico en una corte de Texas.

Losnarcotraficantes ofrecen al candidato o funcionario más dinero del que hanvisto en su vida, para garantizar el libre tránsito de la droga y asumir elcosto del riesgo que correrá cuando la cuerda se rompa en el extremo más débil:la pieza más expuesta al ojo público, el candidato político. Los candidatos ofuncionarios se vuelven desechables. Si caen, el narco busca a otro en lasprincipales rutas de trasiego. Eso explica por qué los casos detectados estánen departamentos fronterizos con Honduras o México, o en la costa sur, conacceso al mar.

Son lugaresdonde el Estado es débil o está ausente, y que figuran en esas rutas clavespara el narcotráfico: en Zacapa hay dos casos; en Escuintla, tres; uno, enRetalhuleu, y uno en San Marcos. Los casos más recientes de decomisos incluyenvoluminosos cargamentos de cocaína incautados el pasado 18 de mayo enRetalhuleu y San Marcos.

ALGUNOS ANTECEDENTES

Carmen AidaIbarra afirma que el problema del narcotráfico en ese país es grave desde hace30 años, y se percibe con mayor agudeza en las últimas dos décadas. Sinembargo, algunas raíces son más antiguas aún.

En los años70, cuando se comenzó a agudizar el conflicto armado, hubo un fuerte controlmilitar sobre el territorio nacional. Entonces, la única forma de traficar enGuatemala era con complicidad militar cuando el narcotráfico en Colombia yMéxico comenzó a operar con mayor presencia en Centroamérica, y a mover máscocaína que mariguana, entre finales de los años 80 y principios de los 90(porque la vigilancia de EE.UU. obligó a mover parte de las rutas del marCaribe y el Océano Atlántico hacia el istmo, por vía terrestre, y vía el OcéanoPacífico).

EnGuatemala, fue determinante la relación entre el poder político del gobiernocentral y el del oriente del país. La historiadora y socióloga MatildeGonzález-Izás explica, en Territorio, actores armados y formación del Estado,que los caudillos de esa región fueron claves en movimientos políticosregionales y nacionales entre los años 60 y 80. “Tras cada guerra de secesión,golpes de Estado o cambio de gobierno, las instituciones estatales sereorganizaban para dar cabida a las demandas de la red de colaboradores delnuevo caudillo (financistas, finqueros, comerciantes, caciques) ….con suspropias milicias y gobiernos territoriales”, escribe González-Izás.

“El reto delnuevo gobierno era asegurar la lealtad de los caciques de provincia y fuerzasmilitares, estatales y privadas a quienes debía su arribo al poder (…). De allí la necesidad de negociar, cooptar, o sobornar a quien fuera capaz demover la fuerza armada opositora”, señala la historiadora. Además, los hombresleales a las fuerzas armadas fueron premiados con tierras, “o puestos eninstituciones públicas, principalmente en su región de influencia”.

Personajescomo Arnoldo Vargas Estrada y Waldemar Lorenzana Lima, caudillos del oriente, “solicitaronpuestos en las aduanas de las fronteras con Honduras y El Salvador desde dondepodían controlar el flujo de mercancías”. Este tipo de infiltración ocurríamucho antes que Garay, Salcedo y De León propusieran el concepto de cooptacióndel Estado.

Vargas, quefue comisionado militar, y otros sujetos que pertenecieron al Ejército,comenzaron a incursionar en política desde una postura privilegiada que elvínculo militar les ofrecía. En 1985, Vargas fue electo alcalde de Zacapa. “Vargasera un héroe para muchos oficiales militares asignados en Zacapa en esa época”,dijo el coronel retirado Mario Mérida, exjefe de la Dirección de InteligenciaMilitar, según una publicación del Woodrow Wilson Center de 2011. “Él llegabaal destacamento militar de Esquipulas (en Chiquimula), para invitar a los oficialesa almorzar”. Usualmente botellas de güisqui acompañaban las comidas, y tambiénles daba dinero para sus gastos. “Así es como compró a mucha gente”, dijoMérida.

Otroexfuncionario gubernamental, que pidió no ser citado, dijo que las tácticas deVargas explicaban cómo se las arregló para lograr que aviones cargados decocaína, que salían desde Sudamérica, aterrizaran en la Zona Militar de Zacapa.Los aterrizajes también ocurrían en pistas particulares que los narcos colombianosalquilaban a finqueros.

En diciembrede 1990, Vargas había sido reelecto como alcalde, pero no había tomadoposesión, cuando fue detenido porque EE.UU. lo pedía en extradición. El alcaldealegó que los cargos fueron infundados, pero fue extraditado en 1992. Volviódeportado en julio de 2017, después de 25 años en una cárcel estadounidense, yen 2019 se inscribió como candidato a alcalde por el comité cívico Al Rescatede Zacapa, pero su candidatura fue rechazada por el Tribunal Supremo Electoral.

Mérida decíaque, en zonas remotas era fácil percibir cuando algunos oficiales estabanrecibiendo dinero mal habido, dinero narco: se les veía aparecer en vehículosque no podrían haber comprado con el sueldo que recibían. En 1993, hasta “ElChapo” Guzmán dijo a las autoridades mexicanas que un teniente coronelguatemalteco (Carlos Humberto Rosales) le facilitó la entrada a Guatemala sólopara entregarlo a militares guatemaltecos, después de robarle 1.5 millones dedólares, según lo documenta la periodista Anabel Hernández en su libro Losseñores del narco.

En 1992,otro teniente coronel, Carlos Ochoa Ruiz, traficaba cocaína que recibía de unpiloto colombiano en una pista de aterrizaje en Retalhuleu, y tuvo tanto poderque evadió la cárcel después que incautaron 2.8 toneladas de cocaína en una desus propiedades en 1992; también evitó la extradición a EE.UU. El asesinato delmagistrado Epaminondas González Dubón se atribuye a una vendetta porque laCorte de Constitucionalidad aprobó la extradición, aunque luego del crimenrevirtió la decisión.

Era unejemplo de la violencia empleada para garantizarse impunidad, —como lo explicanGaray, Salcedo y De León—, aunque Ochoa volvió a ser detenido en 1997 con 30kilos de cocaína, y lo condenaron a 14 años de cárcel en el país, cuando EE.UU.había desistido de extraditarle.

LorenzanaLima no alcanzó la visibilidad que a Vargas le dio su vida política, peroestaba bajo el radar de la DEA desde 1996. Un testigo que declaró contra losLorenzana dijo, en una corte de EE.UU., que en 1999 Lorenzana Lima había pagado40 mil dólares a policías en Retalhuleu para que excarcelaran a sus dos hijosEliú y Ovaldino Lorenzana Cordón, después que fueron capturados con variosfusiles de asalto. El testigo también dijo que Lorenzana Lima se jactaba decontar con protección policial y militar para sus cargamentos de cocaína. LaDEA logró que una corte estadounidense pidiera su captura a Guatemala en 2009,y que las autoridades lo capturaran en 2011. Hasta entonces, Lorenzana habíaconseguido, a punta de sobornos a autoridades locales, protección para sufamilia y traficar con impunidad.

En 2014,Guatemala lo extraditó a EE.UU. y Lorenzana Lima se declaró culpable, pero la Corteno le ha dictado sentencia debido a su estado de salud. Para entonces, eraevidente que a Lorenzana la ausencia de vida política le permitió traficarotros 20 años más, mientras que la visibilidad de la vida política de Vargastorpedeo las actividades criminales que las autoridades le atribuyen.

CORRUPCIÓN, EL HABILITADOR PRINCIPAL

El triángulo entre el crimen organizado, las drogas prohibidas y la corrupción de las autoridades tiene un precedente histórico de hace casi un siglo: la era de la prohibición, cuando en los Estados Unidos se prohibió la venta y el consumo de licor entre 1920 y 1933. El historiador estadounidense Michael Lerner explica que producir y traficar licor de contrabando era tan lucrativo, que el dinero que generaba era una gran “fuerza corruptora” contra las autoridades.

Los operadores de las RPEI utilizan el financiamiento político para garantizarse posiciones en el Estado, que les permitan cooptar al Estado.

En EE.UU.,el trasiego ilegal y la corrupción no acabaron cuando se levantó laprohibición. El escritor y periodista mexicano Ricardo Ravelo ha escrito (ensus libros del tema) que continuaron cuando el trasiego de drogas como lamariguana y la cocaína (desde los años 80) sustituyó al del licor. Por ejemplo,entre 2012 y 2013, cuando Hillary Clinton era Secretaria de Estado, denuncióque se investigaba a dos mil agentes de varias agencias (asignados a lafrontera sur estadounidense), por posibles vínculos con el crimen organizado,especialmente con el narcotráfico.

Para finalesde los años 90, cuando las autoridades identificaban a Byron Alcides BerganzaEspina como el principal narcotraficante del país, la DEA registraba en suexpediente (en una corte de Nueva York) que era difícil capturarlo en Guatemalaporque lo protegían oficiales militares, entre ellos, su cuñado. Un expolicíanarra que en una ocasión lo capturaron por un cargo no relacionado con elnarcotráfico y Berganza mansamente acudió al juzgado (con escoltas militares envehículos coleros), donde el juez revocó la orden. Antes de marcharse, Berganzale entregó varios billetes de 100 quetzales a uno de los policías que lollevaron al juzgado, para que fuera a comprar Pollo Campero para él y los demáspolicías.

La DEA logróque la policía de El Salvador capturara a Berganza en 2003, y desde ese país lollevó a EE.UU., donde fue condenado por narcotráfico a 22 años de cárcel. Saliólibre en 2015, después de 12 años. Una corte dio su sentencia por cumplida sindivulgar el motivo.

La relación conalgunos militares del Ejército de Guatemala le garantizó al narcotráfico desdelos años 80 estar protegido por una histórica estructura de poder. Tambiénalcanzó importantes niveles de influencia entre autoridades civiles, como enlas municipalidades y la Policía Nacional Civil, conforme el poder civil se independizódel control militar.

No obstante,en los gobiernos de Álvaro Arzú (1996-2000) y de Alfonso Portillo (2000-2004)había una carta blanca para que los militares retuvieran un papel en asuntos deseguridad interna, con los comandos Antisecuestros y Antinarcóticos de Arzú,formados por miembros del ya desaparecido Estado Mayor Presidencial, y cuandoPortillo permitió que militares ocuparan algunos puestos en la policía. ElEjército retenía el control en parte del territorio, por lo que infiltrarlo erabásico para cooptar los niveles más útiles del Estado para el narcotráfico.

En época deArzú, había fuertes señalamientos de corrupción en el Ejército y la policía,que sólo aumentaron en los gobiernos siguientes —en parte— porque había másacceso a la información. Datos extraoficiales indican cómo los Lorenzana yMendoza tenían arreglos con contactos en los gobiernos de Portillo y ÓscarBerger (2004-2008), que no necesariamente implican a los mandatarios, pero sí apersonajes con autoridad en sus administraciones. El expediente de losLorenzana, en EE.UU., muestra que traficaron varias toneladas de cocaínadurante esos gobiernos.   

TODO TIENE UN PRECIO

En época deÁlvaro Colom (2008-2012), se descubrió cómo algunos miembros del Ejércitohabían entrenado a fuerzas de seguridad en México, que luego desertaron yconformaron el primer grupo de los Zetas, el brazo armado del mexicano Carteldel Golfo, del cual se separaron en 2010. Así, el sendero para una infiltraciónestaba trazado. Otros exmilitares y expolicías figuraban entre detenidos oasesinados por casos de narcotráfico (dos guardaespaldas de Juan “Juancho”León, acribillados junto a él en marzo de 2008, eran expolicías de San Luis,Petén).

En diciembrede 2010, un grupo de Zetas tomaron tres estaciones de radio en Cobán, AltaVerapaz, mientras el departamento permanecía en Estado de Sitio (por violenciaque generaba el narcotráfico). Luego, obligaron a los locutores a leer uncomunicado en el cual le reclamaban al gobierno de la Unidad Nacional de laEsperanza por la presencia policial y militar, capturas y decomisos, a pesar deque le habían pagado 11 millones de dólares por protección.

Sólo ochomeses antes, un exagente federal de los EE.UU. había revelado que los Zetas leentregaron el dinero a un narcotraficante guatemalteco, que a su vez lo entregóa un funcionario del Ejecutivo, en los días cercanos a la toma de posesión deColom en enero de 2008. Después de difundida la noticia, el mandatario negó quesu gobierno haya recibido dinero del narcotráfico. El reclamo volvió a apareceren diversas narco-mantas en el interior del país en los meses siguientes.

Durante elcurso de la administración de la Unidad Nacional de la Esperanza, un funcionariodel Ejecutivo dijo que después que tomó posesión, encontró en su despacho unamáquina para contar billetes. Se sorprendió porque su puesto no tenía relacióncon el manejo de dinero en efectivo. Se enteró después que lo visitaron dosagentes policiales, cada uno cargando una caja de cartón grande. Le dijeron quetenían instrucciones de dejar las cajas en su despacho. Se marcharon sinofrecer más detalles.

Después queel funcionario decidió espiar el interior de una de las cajas y levantó unextremo de la tapa de cartón, divisó con claridad varios fajos de billetes.Minutos después, sonó su teléfono directo. Recién se colocó el auricular aloído, y dijo “Aló”, escuchó una voz que le decía: “Que no se le alegre lavista, porque lo que le llevaron es mío”. Reconoció la voz, colgó, y guardó lascajas en un mueble.

Un hombreque aseguraba ser miembro de la seguridad de un narcotraficante en esa épocadijo que su jefe le pidió a él y a otro guardaespaldas, llevar un millón dedólares en cajas de cartón a la sede central de la policía. Teníaninstrucciones de entregarlas a un agente en particular, quien después seencargaría de llevarlas hasta la persona destinataria. Después, unguardaespaldas de esa persona telefoneó al hombre desde su celular, pero la vozinterlocutora era de la persona destinataria. Llamaba para acusar recibo. Sóloentonces, los sujetos que llevaron las cajas le confirmaron a su jefe que elencargo había sido recibido. Aquel millón, decía, era parte de una colecta de10 millones de dólares de varios narcotraficantes.

En esosmovimientos, los guardaespaldas facilitan la infiltración. Como el personal deseguridad tiene un alto nivel de rotación, y muchos se conocen entre sí porquetrabajaron juntos protegiendo a un narco o a un político, los vínculospermanecen y se activan cuando un potencial narco financista quiere enviarle unmensaje a un candidato para ofrecerle dinero a cambio de inmunidad y protecciónpara cargamentos de droga.

En la administración de la UNE, los nexos con el narcotráfico también aparecieron de otra forma más obvia. En marzo de 2011, cuando las autoridades capturaron a Juan Ortiz López, alias “Chamalé”, en Quetzaltenango (porque EE.UU. lo pedía en extradición para enfrentar cargos de narcotráfico en una corte de Florida), no le quitaron su teléfono celular. Mientras estaba en custodia, Chamalé hizo dos llamadas: una al ministro de la Defensa, Abraham Valenzuela, y otra a Gloria Torres, hermana de la primera dama, Sandra Torres, según el entonces ministro de Gobernación, Carlos Menocal. Valenzuela fue separado del cargo poco después. Gloria Torres quedó a salvo.

Añosdespués, reportes de prensa divulgaron que el presidente Otto Pérez Molina y lavicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015), recibieron dos millones de dólarespara su campaña política en 2011 con el Partido Patriota, de manos de losnarcotraficantes Marllory Chacón y su socio Hayron Borrayo Lasmibat; tantoChacón como Baldetti negaron tener ese grado de relación.  Borrayo fue capturado en Francia en 2013 yextraditado a EE.UU. para enfrentar cargos por narcotráfico, y Chacón seentregó en 2014 a las autoridades en EE.UU. para enfrentar cargos similares(ambos fueron excarcelados en febrero pasado).

ElDepartamento de Estado de los EE.UU. reveló que el Partido Patriota tambiéntenía afiliaciones con los Zetas y que Baldetti usó sus influencias paraprotegerlos y facilitarles el trasiego de drogas vía Guatemala, a raíz de unacuerdo con ellos en 2011, cuando todavía era diputada. El acuerdo incluía quelos Zetas la escoltaran durante la campaña política, y le pagaran 250 mildólares (unos 1.8 millones de quetzales). Para 2013, un exoficial militaraseguraba que el Partido Patriota había protegido a todos los carteles(principalmente Sinaloa y Zetas) para recibir dinero de todos, siempre queredujeran la violencia y respetaran las rutas de trasiego de los demás.

En 2012, unexfuncionario del Ejecutivo señaló, bajo la condición de anonimato, que unmiembro de Los Huistas (socios del Cartel de Sinaloa en Huehuetenango) le habíaasegurado esto: “Ahora sí vamos a estar bien, no como con la UNE”. Se refería aque recibirían protección del Partido Patriota. Sin embargo, nunca surgióevidencia que comprobara este extremo ni condujera a una acusación formal. En2015, información extraoficial también vinculaba a diputados de ese partido conLos Huistas, pero nadie fue acusado ni detenido por estos motivos.

Baldetti,quien renunció a la vicepresidencia en 2015 y fue capturada para enfrentardiversos cargos por corrupción en Guatemala, aceptó ser extraditada paraenfrentar cargos por narcotráfico en EE.UU., no obstante, la extradición noocurrirá hasta que cumpla cualquier condena de cárcel dictada en Guatemala.

En 2015, laComisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) reveló que lasorganizaciones criminales, en cuenta las del narcotráfico, proveíanfinanciamiento electoral a los partidos políticos a nivel municipal,departamental y nacional, por medio de Redes Político-Económico Ilícitas(RPEI), redes que estaban en una transformación constante, lo cual dificultabasu identificación y rastreo para documentar los casos y judicializarlos.

En ese mismo reporte, la Cicig y el comisionado Iván Velázquez aludían al caso de Esduin Javier Javier, electo en 2015 como alcalde de Ipala, Chiquimula, y a quien asociaban con el narcotráfico. Sin embargo, el Ministerio Público nunca lo acusó y ese mismo año Javier viajó a EE.UU. sin problemas. Ahora, Javier buscará su reelección.

ALCANCES DE LAS REDES CRIMINALES

Losoperadores de las RPEI utilizan el financiamiento político para garantizarseposiciones en el Estado, que les permitan cooptar al Estado: controlar oinfluir en la institucionalidad de la seguridad y la justicia para favorecerlos objetivos del crimen organizado.

Una fuente extraoficial señala que los operadores de estos grupos prefieren entregar dinero en efectivo a los candidatos (o a los funcionarios) porque es menos rastreable que pagos en especie, aunque estos también se emplean eventualmente. En ocasiones, el financiamiento ilícito que llega hasta los candidatos es reportado como ingresos de las empresas de diversa naturaleza que poseen los candidatos. Entonces, las empresas de fachada, los partidos políticos, y las entidades del Estado (por medio de contratistas que son narcotraficantes, por ejemplo) acaban formando parte del entramado de las RPEI que facilita la canalización de dinero en efectivo de fuentes ilícitas hacia las campañas políticas (o a funcionarios públicos) para patrocinar objetivos comunes o afines.

“Tenemos unproblema de cómo ciertos grupos de seguridad, expertos en armas y con capacidadde armarse, con capacidad económica y de incidencia política, empezaron aorganizarse alrededor del Estado, e incursionaron en los negocios del Estado”,afirma Carmen Aída Ibarra. “Una vez tienen poder económico, por derivación deactividades criminales, también quieren tener poder político. Antes se hablabade contrabando, migración, como enclaves criminales; ahora es narcotráfico. Unavez logran conseguir dinero por vía de esas actividades criminales, generanpoder económico y cierto poder político, y empiezan a incursionar en lospartidos políticos; (luego) abarcan el poder local, o municipal, o consiguenllegar al Ejecutivo o al Congreso, donde pueden saltar a dictar hasta políticaspúblicas”.

El narcoinfiltrado en la política, como financista o candidato, o hasta funcionariopúblico, puede incidir en políticas públicas de seguridad, usando infraestructuradel Estado, según David Martínez-Amador. “El Estado se pone, cual cliente, a suservicio”, señala. “El narcotráfico es el motor de financiamiento para lasredes político-económico ilegales porque es el nuevo socio capitalista quetodos quieren tener” (incluyendo el Estado). Por ejemplo, el guatemaltecoOtoniel Turcios Marroquín, capturado en Belice a pedido de EE.UU., y enviado aese país para enfrentar cargos de narcotráfico en 2010, fue contratista delEstado en la administración de Colom. De hecho, la captura ocurrió en Beliceporque la DEA nunca logró que la policía guatemalteca lo capturara, como en elcaso de Berganza, que debió ser capturado en El Salvador.

Si en losaños 80 el Estado usaba al crimen organizado para delinquir, y ganar dinero defuentes ilícitas, ahora es al revés: el crimen organizado se sirve del Estadopara avanzar sus objetivos.

Actualmentela investigación de las RPEI en manos de la Cicig enfrenta desafíos fuertescomo la decisión del presidente Jimmy Morales de terminar con el mandato de lacomisión, así como prohibir la entrada al país del comisionado Velázquez yotros once funcionarios. La decisión del gobernante beneficio a miembros delCongreso a quienes la Cicig y la Fiscalía habían acusado en casos de corrupción,y que se debilitaron con la disposición de Morales.

“Lamentablemente,el debilitamiento de la Cicig es un incentivo para el crimen organizado en elpaís”, dice Eric Olson. “Guatemala había logrado dar pasos positivos: abrircasos, judicializarlos, llevar gente a la cárcel y condenarla, pero temo que elpaís retrocedió, en parte, porque [la atención de] EE.UU. está muy enfocada enla migración y dejó de lado la gobernabilidad democrática”.

Olsonconsidera que Estados Unidos tiene un enfoque individualista: quiere capturar alos Lorenzana (dos de ellos condenados a cadena perpetua en EE.UU.), a Overdick(libre después de siete años en una cárcel estadounidense), pero no invierte enel fortalecimiento del Estado (en Guatemala) y el problema es que continuamenteestá teniendo que encarcelar gente. El analista explica que la captura ycondena del jefe de un cartel bastan para acabar con el narcotráfico —comoocurrió con “El Chapo” Guzmán, cuya captura y condena no evitan que Méxicotodavía se quede corto en cuanto a gobernabilidad.

El problematambién se observa desde la perspectiva equivocada. Hasta hace unos años, secreía que los países centroamericanos eran atacados desde afuera, con losbuenos adentro y los malos afuera, pero la verdad es que todos están mezcladosy el ataque es interno y externo. Otra vez, el concepto de la infiltración delEstado en varios niveles. Olson lo compara al cáncer. “El cáncer está dentro deuno, y no se puede disimular que es un problema. Tampoco se puede uno practicaruna auto-cirugía, y por eso apoyo la ayuda internacional—que no necesariamentedebe venir de la ONU, (pero debe venir de algún lado)”, afirma.

MENTES Y CORAZONES, Y AMENAZAS

Gruposgrandes de narcotraficantes se ganan las “mentes y corazones” o lealtades en regionesdonde hay ausencia del Estado, donde tienen el monopolio de la violencia ylogran control por medio de la promesa de la violencia; están hasta arriba enla escala de poder.

En estecontexto, algunos narcotraficantes no tradicionales han roto la regla de la novisibilidad en ese negocio: se lanzan a la política, aunque han violado la ley,y se colocan en una posición vulnerable porque serán motivo de escrutinio porser candidatos. Se exponen y acaban comprobando que no puede hacer las doscosas: ser políticos y narcos a la vez.

Lo sabeSúñiga, en Ayutla, San Marcos, que podría perder su inmunidad y enfrentar laextradición si pierde la batalla ante el Ministerio Público y la DEA. Mientrastanto, busca la reelección. También lo sabe Lima Recinos, en Nueva Concepción,Escuintla, grabado en audio mientras discutía operaciones de trasiego; así comoel excandidato a diputado del partido Visión con Valores, por Retalhuleu, JulioEnrique Rosales Morales, detenido en abril pasado, quien aceptó la semanapasada ser extraditado a EE.UU. por narcotráfico. Y lo sabe Estrada, elexpresidenciable capturado en abril en Miami, por conspirar para traficarcocaína hacia EE.UU.

Un cablediplomático fechado en 2007 y filtrado por Wikileaks, indicaba que el entoncesembajador de los EE.UU. en Guatemala, James Derham, señaló que “dado queGuatemala está inundada de narco-dinero, es improbable que no se infiltre enlas campañas”, haciendo referencia a las de Pérez Molina y Colom. El objetivode los narcos: asegurarse impunidad y protección para la droga. Otro cable de2009, aludía en particular a la nueva UCN (antes Unión del Centro Nacional),que describía como “un pequeño partido (de cinco diputados) con bases en eleste de Guatemala, y (…) vínculos con narcotraficantes”. Mientras que describióque el Partido Patriota y la Unidad Nacional de la Esperanza eran de derecha ycentro-izquierda, respectivamente, dijo que la UCN estaba en la categoría “narcos”.

Hay otroscandidatos como el coronel Edgar Ernesto Muralles Solórzano, candidato aalcalde en La Gomera, Escuinltla, cuyo rostro y nombre es más recordado porqueapareció como uno de los invitados filmados en el vídeo de una carrera decaballos que los Zetas organizaron en Alta Verapaz en 2010, y que Univisióntransmitió en 2011, que por su campaña política. No obstante, nadie haimpugnado su candidatura, según el vocero del Tribunal Supremo Electoral, LuisRamírez Pineda. Muralles, quien recibió sanciones disciplinarias del Ejército,no enfrentó problemas con la ley. Actualmente, una fuente del Ministerio Públicoseñala que no se le puede perseguir penalmente por aparecer en el vídeo de losZetas.

Lacandidatura de Arnoldo Vargas, en cambio, fue rechazada por el tribunal electoralel pasado 28 de mayo.

Eso le dejóabierto el camino a Karen Xiomara Ovalle Madrid, candidata a alcaldía de Zacapapor el comité cívico Por Amor a Zacapa, cuyo esposo, y exconcejal municipal,Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, fue detenido en 2017 por un pedido deextradición de EE.UU. para que enfrente cargos por narcotráfico en una corte deCalifornia. Ovalle está inscrita como candidata, aunque, en teoría y por ley,el hecho de ser contratista de la comuna, debería impedirle participar.

Un residentede Zacapa reveló que durante uno de los actos de proselitismo de Ovalle, la candidataregaló camisetas con 200 quetzales envueltos en cada pieza de ropa, pero no hayevidencias de ello.

En 2016, unaspirante a candidato de alcalde en Zacapa para las actuales elecciones dijoque las estructuras de narcotráfico que entregaban fondos a diversos partidosestaban renuentes a volver a financiar campañas políticas, debido a lasinvestigaciones del financiamiento electoral ilícito que la Cicig anunciabadesde 2013. No obstante, en ese y otros departamentos del oriente, diversasfuentes extraoficiales coinciden en que el apoyo continúa de forma másdiscreta, y a todo tipo de campaña (para candidatos a alcalde, diputado, ohasta presidente).

Se desconoceel impacto a largo plazo de los casos descubiertos hasta ahora de narcocandidatos o financistas. Al menos la extradición de una veintena de personajesclaves, desde Vargas en 1992, no redujo el trasiego. El Departamento de Estadode los EE.UU. estima que la cantidad de cocaína traficada anualmente por elpaís aumentó en al menos un 400 % desde 2009 a la fecha. “Por eso no se tratasólo de capturar al malo, sino de construir un Estado fuerte”, dice Olson. “Siestá infiltrado, comprado por narcos, seguirá igual. Mientras el Estado no sefortalezca, siempre habrá gente que pueda operar al margen de la ley”.

Ibarraagrega que los operadores de ese tipo de fuerzas criminales quieren corrupcióne impunidad, un caldo de cultivo para el narcotráfico y el crimen organizado engeneral. “Estamos a tiempo de tomar medidas en materia de justicia, seguridad yrégimen electoral para evitar que esto ocurra”, dice Ibarra. Sin embargo,Garay, Salcedo y De León destacan que se omiten las implicaciones morales yculturales de la captura y cooptación, llevando a la incapacidad para reconocercómo los grupos ilegales legitiman sus acciones y propósitos e institucionalizansus acciones.

Así que mientras haya autoridades y candidatos políticos corruptibles, y redes criminales internacionales en contacto con grupos locales, el trípode del crimen organizado —según el concepto de Rosada— seguirá de pie y sin señales de tambalear.

*Este reportaje fue publicado originalmente en el sitio de Guatemala Plaza Pública.