CIDH demanda a Ortega cesar las torturas y el aislamiento de las presas políticas

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, hizo un llamado este jueves al régimen de Daniel Ortega a detener la tortura y el aislamiento a los que son sometidas las presas políticas.

Urrejola indicó que algunas de las mujeres detenidas tienen más de cinco meses en confinamiento en solitario «sin ver a sus familiares o viéndolos por escasos momentos, sin poder ver a sus hijos menores de edad» .

«Mi llamado es al cese de la tortura y al aislamiento contra las mujeres presas políticas y por supuesto para la liberación de todas y todos los más de 150 presos políticos sin distinción», instó la presidenta de la CIDH.

Desde el pasado 28 de mayo, Ortega emprendió una ola de arrestos contra la oposición. A la fecha ha detenido a unos 40 líderes de la oposición, de estos nueve son mujeres, dos de ellas están bajo arresto domiciliar, el resto permanecen en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como El Chipote.

Los familiares de los presos políticos han denunciado que sus familiares se encuentran bajo aislamiento, en celdas empernadas, con extrema delgadez y sometidos a interrogatorios constantes y sin la presencia de sus abogados.

Urrejola También urgió por la justicia y reparación para los familiares de las 355 personas que fueron asesinadas en el contexto de las protestas sociales de abril del 2018.

«Para que juntos luchemos por derribar la impunidad, para que las Madres de Abril, para que todos los familiares de las personas asesinadas puedan tener reparación integral», expuso Urrejola quien recordó las palabras de Álvarito Conrado, el niño que fue asesinado de un disparo en unas de las protestas, en abril de 2018.

«¡No puedo respirar!, porque simbolizan la barbarie de lo ocurrido y nos recuerdan que no podemos permitir el regateo de la impunidad», indicó.

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NO SE PUEDE «REGATEAR LA IMPUNIDAD»

La CIDH ha otorgado más de 100 medidas cautelares para proteger la vida de los beneficiarios, la mayoría de los presos de El Chipote cuentan con esas protección.

Urrejola considera que una de las consecuencias del «progresivo quebrantamiento del Estado de Derecho» en Nicaragua, es que más de 150 estudiantes universitarios fueron expulsados, más de 400 profesionales de la Salud fueron despedidos y más de 103 mil nicaragüenses han huido al exilio.

Expuso que Nicaragua no puede salir de la crisis sociopolítica que vive desde el 2018 si es a cambio de la impunidad. En ese sentido, mencionó que el uso de los presos políticos para una posible negociación es contrario al derecho internacional no producen resultados estables ni arreglos institucionales sostenibles, no es posible el regateo de la impunidad».