Secretaría General de la OEA propone la anulación de las votaciones en Nicaragua

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un informe sobre la situación de Nicaragua, plantea a la comunidad internacional «exigir la anulación de las elecciones del domingo 7 de noviembre, y hacer un llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral, con garantías, observación electoral y verdadera competencia electoral».

El documento fue compartido en Twitter por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien rechazó el resultado de las votaciones del pasado domingo en Nicaragua que le aseguran a Daniel Ortega cinco años más en la Presidencia de Nicaragua. Son unas «elecciones ilegítimas», dijo Almagro y urgió a los países miembros de este bloque «a responder a esta clara violación de la Carta Democrática» durante la Asamblea General que da inicio mañana.

El tema de Nicaragua ya fue incluido en la agenda de la Asamblea General de la OEA que se celebrará de manera virtual este 10 y 11 de noviembre. El pasado 20 de octubre el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución con 26 votos a favor y ninguno en contra en la que demandaban al régimen liberar a los presos políticos y organizar elecciones libres bajo observación internacional.

Almagro en un tuit compartió los resultados de un informe de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia del organismo sobre los comicios en Nicaragua y pidió a la comunidad internacional que «debe exigir la anulación de las elecciones del domingo 7 de noviembre, y hacer un llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral, con garantías, observación electoral y verdadera competencia electoral».

«Nicaragua debe implementar las recomendaciones que se han hecho en distintas instancias internacionales, para tener elecciones genuinas y auténticas, que permitan reestablecer las libertades y el estado de derecho, y únicamente a través de esa vía recuperar la democracia ya pérdida», expresa la OEA en el informe.

Al menos 16 países y el bloque de la Unión Europea han manifestado su rechazo a las elecciones de Nicaragua, y solo Cuba, Venezuela, Bolivia han manifestado su aprobación.

En el documento de la Secretaria para el Fortalecimiento de la Democracia narra que el proceso electoral en Nicaragua no cumplió con los elementos democráticos que recoge la Carta Democrática Interamericana como el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, el sufragio universal secreto, la separación de poderes entre otros aspectos.

«A pesar de las diversas oportunidades para fortalecer el proceso electoral y brindar las garantías para comicios justos, libres y transparentes, el gobierno de Nicaragua optó por el camino del autoritarismo, mintiéndole con ello a su gente y a la comunidad internacional respecto a su voluntad de trabajar para edificar un sistema electoral sólido», recoge parte del informe.

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IGNORÓ RECOMENDACIONES

Además señala que el régimen de Ortega fue incapaz de implementar unas reformas electorales que permitieran que se desarrollarán una elecciones con las «condiciones básicas», sino que además se dedicó a «eliminar toda competencia real y cualquier capacidad de la oposición política para participar con mínimas garantías en la contienda electoral».

«No tomaron en cuenta las numerosas recomendaciones formuladas por la Misión de Acompañamiento Electoral de la OEA de 2017, las cuales buscaban revertir las severas deficiencias en materia de equidad y transparencia del sistema electoral nicaragüense», añade, el cual también expone que además que Ortega no tomó en cuenta las «más de 20 recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)» luego de las protestas de abril del 2018.

También detalla que en los últimos años los países miembros de la OEA, han buscado que Nicaragua “regrese a la senda democrática”, pero que Ortega “ha ignorado por completo estas iniciativas”.

Desde el pasado 28 de mayo, Ortega a través de la Policía implementó una ola de arrestos que tiene bajo detención al menos a 39 líderes de la oposición entre ellos siete aspirantes a la Presidencia, entre ellos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. El régimen los acusa de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y de lavado de dinero.

También el informe señala la cancelación de la personería jurídica de tres partidos políticos, el Partido Conservador (PC); el Partido de Restauración Democrática (PRD) y Ciudadanos por la Libertad (CxL).

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ELECCIONES: «PENOSA SIMULACIÓN»

El documento rememora que la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo aprobó una serie de leyes restrictivas como la de Agentes Extranjeros y la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, con la «única finalidad de estos instrumentos fue la de silenciar a los críticos, suprimir la competencia política y transformar el proceso electoral del 2021 en una penosa simulación».

«Nicaragua ha atravesado una violenta erosión democrática, que ha conducido, mediante un proceso viciado, al quiebre de su régimen democrático conforme a los principios y normas del sistema interamericano», señalan parte de las conclusiones del documento.

También detalla que en los últimos años los países miembros de la OEA, han buscado que Nicaragua “regrese a la senda democrática”, pero que Ortega “ha ignorado por completo estas iniciativas”.

Las conclusiones del informe advierten que al forzar Ortega una nueva reelección está desconociendo “de facto los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, el cual estableció que la reelección presidencial indefinida “es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” .