Daniel Ortega comete delitos electorales usando recursos del Estado, denuncia Acción Penal

El grupo de abogados de Acción Penal denunció que Daniel Ortega reformó la Ley Electoral no solo para reprimir y cerrar los espacios civiles y políticos de los nicaragüenses que aspiraban participar en las elecciones generales, si no también para protegerse de responder por los delitos electorales que comete. El uso de los bienes del Estado para su campaña electoral es el más evidente.

“En todo sistema democrático donde exista un Estado de Derecho existen códigos de ética que regulan los procesos electorales, el respeto a la honra y reputación de los ciudadanos que aspiran a candidaturas, se sanciona toda irregularidad acerca del proceso de votación, el proceso de conteo de los votos. En Nicaragua, ha existido una legislación electoral que sanciona de forma penal las acciones irregulares cometidas durante los procesos electorales”, denunció Acción Penal.

En lo que resta del proceso, advierte Acción Penal, “veremos una serie de acciones cometidas principalmente por funcionarios del Consejo Supremo Electoral, por fiscales del partido de gobierno, por funcionarios del Estado realizando proselitismo político dentro de las instituciones del Estado, utilizando recursos del Estado como vehículos, veremos a funcionarios del Estado presionando a sus subordinados a que voten por el partido de gobierno, proselitismo dentro de los horarios laborales”.

LEY ELECTORAL PARA REPROMIR

En relación a la observación y los delitos electorales, Acción Penal cuestionó el papel que desempeñará la Fiscalía Especial Electoral del Ministerio Público, porque estaría conformada por fiscales leales a Ortega que omitirán investigar los delitos electorales que cometan los funcionarios como los partidarios del régimen.

El grupo de expertos señala que «serán sujetos de criminalización únicamente los ciudadanos que intenten externar alguna acción que, a criterio de la Fiscalía Especial Electoral, sea delictiva o en contra de cualquier ciudadano sin ningún fundamento legal”.

Entre las irregularidades en el proceso electoral, según el grupo de expertos, están las recién aprobadas: Ley de Ciberdelitos; Ley de Agentes Extranjeros; Ley de Defensa de Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz; y la Ley de Reforma y Adiciones al Código Penal, que modificó el plazo de detención a máximo de noventa días.

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«TRIUNFO» ASEGURADO ENCARCELANDO A RIVALES

Producto de la aprobación de esas leyes siete candidatos presidenciales, líderes de la oposición, empresarios, y periodistas permanecen encarcelados, también tres partidos fueron despojados de sus personerías jurídicas y decenas de periodistas, intelectuales y opositores fueron obligados al exilio. Todas estas acciones están dirigidas a garantizar el «triunfo electoral» de Ortega.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) habilitó a cuatro candidatos presidenciales de los partidos Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), al Partido Liberal Independiente (PLI), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) y al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), todos ellos cuestionados por ser partidos colaboracionistas.

Pese a las restricciones que establece la Ley Electoral, el grupo de experto no descarta que el régimen de Daniel Ortega presione y obligue a los trabajadores públicos para que voten por su candidatura, bajo amenaza de ser despedidos.

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