Cacería de deudores de alimentos en el extranjero: las gestiones de cobro se cuentan por miles

Las acciones de cobro internacional a deudores de pensiones de alimentos en Nicaragua se cuentan por miles: el Ministerio de la Familia cifra en unas 7.000 las gestiones emprendidas para exigir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a ciudadanos que se encuentran fuera del país y que tienen cuentas pendientes con sus hijos.

El reclamo de manutención de los en el extranjero es un recurso legal poco conocido, en parte porque no se activa de oficio, ni siquiera cuando existe una sentencia judicial. Son las personas afectadas en Nicaragua quienes deben iniciar el trámite y aportar al Ministerio de la Familia la documentación que sustente el caso.

La ministra de la Familia, Erika Vanessa Espinoza, explicó en una entrevista a un medio oficialista que la institución brinda acompañamiento jurídico durante el proceso, incluida la localización del deudor en el extranjero cuando se desconoce el lugar donde se encuentra.

La búsqueda de los progenitores evasores forma parte de los procedimientos de cooperación judicial que Nicaragua mantiene con otros países y que permiten forzar el pago de la manutención de los hijos.

Estados Unidos, España y Costa Rica, tres de los principales destinos de la migración nicaragüense, figuran entre los países donde se tramitan reclamaciones internacionales de alimentos, según Espinoza. Sin embargo, las posibilidades de reclamar el pago de la manutención en el extranjero abarcan decenas de países.

Desde abril de 2020, Nicaragua forma parte del Convenio de La Haya sobre Cobro Internacional de Alimentos, un instrumento que permite reclamar pensiones alimenticias en países como Canadá, Honduras, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. El Salvador se incorporó al mecanismo en febrero de 2026.

Bienes y sueldo expuestos a embargo

Los alcances de la cooperación judicial internacional van más allá de la localización de los progenitores que incumplen obligaciones alimentarias en el país.

El convenio contempla la retención de salarios, el embargo de cuentas bancarias, la venta forzosa de bienes, las deducciones de prestaciones sociales y pensiones de jubilación, así como la retención de devoluciones de impuestos.

Las medidas pueden alcanzar incluso la suspensión o retirada del permiso de conducir, dependiendo de la legislación del país donde reside el deudor.

El instrumento permite reclamar las cantidades adeudadas, exigir el cumplimiento de pagos futuros e iniciar procedimientos para establecer una pensión cuando todavía no existe una resolución judicial.

Miles de gestiones y resultados desconocidos

En un reciente informe, el Ministerio de la Familia reportó el seguimiento de ocho casos internacionales relacionados con reclamaciones de pensiones alimenticias y sustracción de menores, que involucran a 15 niños y adolescentes de Managua, Mateare, Chinandega, Estelí y Masaya.

La institución no precisó cuántos de esos expedientes corresponden a demandas de manutención ni en qué fase se encuentran los procedimientos. Según Espinoza, un trámite de este tipo puede resolverse en pocos meses cuando se conoce el paradero del deudor. De lo contrario, el plazo puede extenderse hasta seis meses.

Los conflictos por el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en Nicaragua tienen una dimensión mucho mayor. En septiembre de 2024, en un informe presentado ante Naciones Unidas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reportó que 67.550 menores habían sido beneficiados por actuaciones judiciales en materia de alimentos. Sin embargo, una resolución favorable no garantiza el acceso efectivo a la manutención, ya que las deficiencias en la ejecución de las sentencias dejan margen a los deudores para evadir sus responsabilidades.

El régimen, además, reportó 54.081 pensiones administradas mediante un sistema automatizado, que involucraban a 62.962 niños y adolescentes, pero esas cifras no permiten conocer cuántos incumplen sus obligaciones económica. Tampoco se conoce la efectividad de los mecanismos de cobro en el extranjero. De las 7.000 gestiones referidas por Espinoza, no se precisa cuántas han culminado con la localización de los deudores, la ejecución de embargos o la recuperación del dinero reclamado.

La propia jueza sandinista María José Aráuz Henríquez, titular del Juzgado Primero de Distrito de Familia de Managua, reconoció en un estudio publicado en junio de este año las deficiencias del sistema judicial para hacer cumplir sus resoluciones. Solo en los tribunales de la capital contabilizó 377 procesos civiles de ejecución de sentencias y 688 causas penales por incumplimiento de deberes alimentarios.

La judicial también advirtió que la desconexión entre los registros del Poder Judicial, el Ministerio de la Familia, los bancos y los empleadores permite que los morosos puedan realizar operaciones financieras y disponer de sus bienes sin que se detecten sus deudas alimentarias. Aráuz llegó a proponer que se impida la salida del país a los deudores que no hayan garantizado el pago de la manutención de sus hijos.