Alerta por asesinatos, invasión y violencia sexual contra mujeres y niñas en territorios indígenas

Dos indígenas asesinados, 47 familias amenazadas de muerte, denuncias de secuestros y embarazos forzados de mujeres y niñas, y al menos 20 indígenas detenidos arbitrariamente. Es el retrato de una nueva escalada de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua, donde los ataques de colonos armados y el avance de las concesiones mineras agravan el despojo de tierras ancestrales ante la falta de protección del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La gravedad de la situación que enfrentan los pueblos originarios de Nicaragua ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a condenar los recientes ataques armados contra comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe y a expresar su preocupación por la «persistencia de la represión estatal y el despojo territorial, en un contexto de impunidad».

En un comunicado, el organismo internacional documenta nuevos episodios de violencia, desplazamientos forzados y persecución contra líderes comunitarios. La CIDH advierte de que las agresiones no son hechos aislados, sino que se producen en un contexto de ocupación territorial y explotación de recursos naturales favorecido por acciones y omisiones del Estado.

Los casos más recientes se registraron entre el 18 y el 19 de octubre en el territorio Mayangna Sauni As, en el municipio de Bonanza, en la Costa Caribe Norte, donde colonos armados incendiaron viviendas y habrían asesinado a Dionicio Hernández Bruno, de 54 años, y a su hijo José Wilmer Hernández, de 24.

La violencia se extiende a otras comunidades. En Wilu, 47 familias indígenas permanecen bajo amenazas de muerte mientras colonos ocupan sus parcelas y destruyen sus cultivos. Según las denuncias recogidas por la CIDH, las agresiones se intensificaron entre agosto y septiembre, y predominan reportes de desplazamientos de pobladores obligados a abandonar sus territorios.

La CIDH señala además otros episodios violentos recientes, entre ellos el asesinato de un indígena en la comunidad de Alal el 19 de septiembre y una agresión con machetes contra integrantes del equipo de fútbol Kayayawas, del territorio Mayangna Sauni Bu, el 6 de septiembre, cuando regresaban de un encuentro deportivo.

Mujeres y niñas alcanzadas por la violancia

La Comisión también ha recibido denuncias de secuestros y embarazos forzados de mujeres, niñas y adolescentes indígenas. El organismo no precisa cuántas víctimas le han sido reportadas ni identifica a sus responsables, pero menciona este tipo de violencias entre las graves vulneraciones de derechos humanos que afectan a las comunidades de la Costa Caribe.

A los ataques armados y la violencia sexual se suma la persecución contra autoridades tradicionales, guardabosques y defensores de los territorios indígenas: al menos 20 personas de los pueblos miskitu y mayangna están privadas arbitrariamente de libertad, de acuerdo con la información recibida por el organismo.

El organismo añade que el avance de las concesiones mineras añade presión sobre territorios históricamente disputados. Según los datos presentados ante la CIDH, hasta abril de 2026 se habían identificado 62 lotes mineros que afectaban a 18 territorios indígenas y afrodescendientes, equivalentes aproximadamente al 25,5% de las tierras comunales.

La CIDH cita denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos que señalan al régimen de continuar autorizando proyectos extractivos sin garantizar la consulta previa, libre e informada de las comunidades, un derecho reconocido por los estándares internacionales de protección de los pueblos indígenas.

La Comisión vincula el agravamiento de la violencia con un problema estructural de despojo territorial, en el que confluyen la ocupación de tierras por colonos, la explotación de recursos naturales y la falta de protección estatal.

En su análisis sobre la situación de la Costa Caribe, el organismo señala que las acciones y omisiones de las autoridades nicaragüenses favorecen la ocupación de territorios indígenas y la vulneración de sus derechos colectivos, poniendo en riesgo su supervivencia física y cultural.

Ante el deterioro de la situación, la CIDH exige al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo detener la violencia, investigar los asesinatos y agresiones denunciadas, sancionar a los responsables y garantizar la protección de las comunidades.

También les reclama que cumpla con las medidas cautelares y provisionales dictadas por el sistema interamericano, la liberación de las personas detenidas arbitrariamente y el esclarecimiento del paradero de quienes permanecen desaparecidos.

Entre las víctimas de detenciones arbitrarias están ocho guardabosques mayangnas encarcelados en el Sistema Penitenciario La Modelo entre 2021 y 2023. Los primeros cuatro fueron sentenciados a cadena perpetua por la masacre de Kiwakumbaih, ocurrida en agosto de 2021, en la que fueron asesinados 11 indígenas. Aunque sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos atribuyen el ataque a colonos armados, la Policía y la justicia orteguista responsabilizó a los propios defensores indígenas.

También se incluyen allegados y familiares del histórico líder indígena Brooklyn Rivera, quienes se encuentran en situación de desaparición forzada desde mayo de 2026, cuando fueron detenidos por reclamar la entrega de su cuerpo, después de su muerte el 31 de mayo como preso político del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.