Nicaragua guarda silencio ante el inminente desacato de Colombia al fallo de La Haya que entregó más mar al país

Tres días después de que el Gobierno de Colombia anunciara que delimitará sus fronteras en el mar Caribe mediante un decreto unilateral el próximo 30 de noviembre, Nicaragua no ha emitido ningún pronunciamiento oficial ni se reportan canales diplomáticos abiertos entre ambos países.

El hermetismo de Managua coincide con el adelanto de la argumentación jurídica de Bogotá, que perfila un desconocimiento abierto de los límites fijados por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2012 y anticipa una nueva fase del litigio, esta vez fuera de los tribunales.

Desde la isla de San Andrés, el presidente colombiano Abelardo De la Espriella anunció la expedición del “decreto de líneas de base del archipiélago” para incorporar las 12 millas de mar territorial alrededor de todas sus islas y cayos en sus cartas náuticas oficiales.

“Vamos a cartografiar lo que es nuestro. Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a sus pescadores”, aseveró de la Espriella.

A la postura del mandatario se sumó la explicación de su ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien admitió abiertamente que Bogotá considera inaplicable la resolución de la CIJ. 

“Con Nicaragua habrá diálogo de buena fe sobre el fallo, pero con una premisa clara: el fallo de 2012 es inaplicable en su literalidad. Los límites de Colombia son inalienables”.

Líneas de base: El mecanismo para “encerrar” el archipiélago

El contenido del decreto se publicará el 30 de noviembre y se basa en el trazado de las llamadas “líneas de base”. 

Según admitió el propio ministro Lara, la defensa colombiana cometió el “error” en La Haya de no haber delimitado el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como una sola unidad geográfica en la década de 1970, lo que llevó a la CIJ a tratar las islas como puntos aislados y otorgar a Nicaragua una Zona Económica Exclusiva de 75.000 kilómetros cuadrados.

Al trazar ahora esas líneas de base alrededor de todo el conjunto insular, Colombia pretende convertir el mar comprendido entre las islas en “aguas interiores” bajo su soberanía.

El excanciller colombiano Julio Londoño dice que el decreto de Bogotá “ampliaría notablemente la extensión insular de los componentes del archipiélago y desde esas líneas se medirán el mar territorial y la zona contigua generada por cada uno de ellos”.

En la práctica, esto implicaría envolver los cayos enclavados y desconocer el espacio marítimo que el tribunal internacional le reconoció a Nicaragua.

Esta postura se suma a la decisión tomada por Colombia tras la sentencia adversa de 2012, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos denunció el Pacto de Bogotá para retirarse de la jurisdicción de la CIJ, argumentando que sus fronteras solo debían fijarse mediante tratados bilaterales directos.

Sin vías judiciales disponibles y con opciones diplomáticas limitadas

Aunque el derecho internacional establece que la retirada de un tratado no anula un fallo dictado previamente y que las sentencias de la CIJ son de obligatorio cumplimiento, Nicaragua enfrenta un escenario donde las vías jurídicas continentales están agotadas.

Al ser el fallo de 2012 una sentencia firme, definitiva e inapelable y al no estar Colombia suscrita ya al Pacto de Bogotá, la CIJ carece de jurisdicción para admitir un nuevo litigio.

Nicaragua podría acudir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para exigir el cumplimiento de la sentencia, pero enfrentaría la posibilidad de un veto por parte de aliados de Bogotá, como Estados Unidos. 

De optar por la Asamblea General de la ONU, solo obtendría resoluciones de condena política sin carácter vinculante.

El riesgo de incidentes en el mar

En un contexto donde las relaciones diplomáticas entre Managua y Bogotá se encuentran prácticamente rotas, la aplicación del decreto el 30 de noviembre trasladaría la tensión directamente a la vía de los hechos sobre el terreno marítimo.

Si la Armada de Colombia comienza a ejercer patrullaje y soberanía sobre las zonas trazadas por sus nuevas líneas de base —expulsando a embarcaciones pesqueras con licencia nicaragüense—, la respuesta de Nicaragua requeriría desplegar recursos de guardacostas sobre una extensión marítima donde sus capacidades operativas y de patrullaje son limitadas, elevando el riesgo de roces militares en aguas del Caribe.