El Parlacen pone bajo revisión jurídica la salida Nicaragua: una notificación no basta para romper el tratado

La decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de sacar a Nicaragua del Parlamento Centroamericano (Parlacen) “con efecto inmediato” quedó bajo revisión jurídica. El organismo regional anunció que analizará los alcances legales y operativos de la medida y recordó que los compromisos internacionales asumidos por los Estados “deben ser honrados”, lo que abre interrogantes sobre los términos en que Managua pretende concretar su retiro.

“En resguardo de la institucionalidad, este organismo internacional se encuentra analizando los alcances jurídicos y operativos de dicha comunicación”, informó.

La Cancillería el régimen notificó el 3 de octubre a la Junta Directiva del Parlacen que el régimen, “en ejercicio pleno de su soberanía”, había decidido denunciar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas “con efecto inmediato”.

La comunicación también fue remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, depositario del tratado, pero no fue divulgada por los medios de propaganda en Nicaragua.

No obstante, el Parlacen no dio por consumada la desvinculación en esos términos. En el comunicado emitido este domingo, el organismo informa que la notificación de Nicaragua será sometida a sus órganos internos para las consideraciones legales, políticas y diplomáticas correspondientes. Este lunesla Junta Directiva del Parlacen fue citda a una reunión para sentar la posición oficial de ese organismo ante la decisión del Gobierno de Ortega.

El Parlamento regional recordó las obligaciones derivadas de los tratados suscritos: “Toda modificación en la composición o participación de los Estados Parte debe procesarse bajo el estricto cumplimiento del derecho internacional”, señaló.

El organismo invocó además el principio pacta sunt servanda, según el cual los tratados vigentes deben cumplirse de buena fe, y sostuvo que los compromisos asumidos soberanamente por los Estados deben ser honrados para garantizar la seguridad jurídica regional.

Un tratado sin una puerta expresa de salida

El problema jurídico comienza en el propio Tratado Constitutivo del Parlacen. El instrumento, suscrito en Guatemala en octubre de 1987, regula su entrada en vigor, ratificación, adhesión y reformas, pero no establece un procedimiento específico para que un Estado lo denuncie y abandone unilateralmente el Parlamento.

Eso no significa que Nicaragua esté obligada a permanecer indefinidamente en el organismo, pero tampoco que una notificación baste por sí sola para resolver cómo y cuándo se hace efectiva su salida.

La Convención de Viena establece las reglas para estos casos. Cuando un tratado no contempla la denuncia o el retiro, un país debe demostrar que las partes admitieron esa posibilidad o que ese derecho puede deducirse de la naturaleza del acuerdo. Si el retiro procede por alguna de esas vías, debe notificarse con al menos 12 meses de antelación.

Por tanto el anuncio de Managua con “efecto inmediato” no está contemplado en el Tratado Constitutivo y deberá determinarse qué reglas del derecho internacional son aplicables.

Salida unilateral de Panamá fue bloqueada

En julio de 2025, el Congreso de El Salvador, ampliamente dominado por aliados del presidente Nayib Bukele, aprobó una reforma a la Constitución para sacar al país del Parlacen, algo que solo ha intentado antes Panamá sin éxito, bajo el argumento de que era una institución inoperante.

Panamá intentó abandonar el Parlacen durante el gobierno de Ricardo Martinelli, y se encontró con el mismo problema: el Tratado Constitutivo no establece una cláusula de retiro.

La Corte Centroamericana de Justicia resolvió en una opinión consultiva de septiembre de 2009 que ningún Estado parte podía denunciar unilateralmente el tratado, al considerar que esa posibilidad tampoco podía deducirse de sus antecedentes ni de su naturaleza comunitaria.

Finalmente la Corte Centroamericana, en octubre de 2010 resolvió que Panamá no podía denunciar ni retirarse unilateralmente y declaró inaplicable esa ley por contravenir el derecho comunitario centroamericano.

La controversia llegó también a la justicia panameña. En 2012, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley utilizada para abandonar el organismo. Panamá terminó permaneciendo en el Parlacen.

¿Puede Nicaragua salir? El precedente panameño no significa que Nicaragua no pueda abandonar el Parlacen, pero sí muestra que anunciar la salida no basta para hacerla efectiva de inmediato.

La revisión informada por el organismo deberá determinar qué efectos tiene la decisión de Nicaragua y, particularmente, si puede aplicarse en los términos anunciados por el régimen.