Purga tras el 19 de julio: Despiden sin liquidación y bajo amenaza de cárcel a empleados públicos que no marcharon
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató una nueva ola de despidos de empleados públicos tras el aniversario de la Revolución sandinista el pasado 19 de julio en Nicaragua. DESPACHO 505 ha confirmado cuatro despidos ejecutados bajo la figura de “abandono de trabajo” por negarse a participar en las caminatas, marchas y concentraciones obligatorias organizadas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Los despidos afectan a profesores, personal de salud y personal administrativo en diferentes municipios del país. Una de las denuncias recibidas corresponde a un profesor con más 20 años de servicio dentro del Ministerio de Educación en el norte del país. El afectado detalló el mecanismo que utilizó el Mined para forzar su salida inmediata sin reconocer sus derechos laborales.
“Fui despedido por no marchar en las tales fiestas del 19 de julio. Me aplicaron ‘abandono laboral’ y hasta la liquidación me robaron”, dice el afectado.
Un patrón idéntico se registra en Managua. Un empleado asignado al área de servicios administrativos de una institución del Estado relató que optó por atender un compromiso de carácter familiar previamente planificado para el feriado nacional del 19 de julio.
Su inasistencia a una de las caminatas convocadas por las estructuras del partido bastó para que le notificaran el despido.
“El 19 de julio como era feriado no fui porque tenía un evento familiar ya planeado. No participé en una de las caminatas y fue suficiente para que me despidieran y lo peor es que si me quejo ya se sabe que voy preso”, lamenta.
En el departamento de Masaya, otra trabajadora del sector educativo confirmó la misma modalidad de purga. Decidió ausentarse tras acumular un profundo desgaste debido a las constantes exigencias de subordinación partidaria. Detalló a DESPACHO 505 que nunca ha sido simpatizante del FSLN y que asistía a los eventos bajo coacción para no perder el sustento de su hogar.
Al faltar a las actividades de la efeméride sandinista, fue despedida bajo el inventado “abandono de trabajo”, despojada de su indemnización y sin ninguna vía administrativa para recurrir.
Castigo no es nuevo, pero se profundiza
El modus operandi denunciado por estos trabajadores coincide con los informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU y las denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Estos organismos han documentado de forma sistemática la “captura partidaria” total del aparato público por parte de la dictadura de Ortega y Murillo.
Según los expertos de Naciones Unidas, los empleados estatales en Nicaragua carecen de derechos laborales y están sometidos al control estricto de secretarios políticos del FSLN instalados en cada ministerio o alcaldía.
Las estructuras del régimen obligan a los funcionarios a financiar las operaciones del partido mediante descuentos obligatorios directos de sus salarios, a actuar como divulgadores de propaganda en redes sociales y a participar en redes de espionaje mutuo dentro de las oficinas.
Faltar a una sola marcha se procesa como un acto de disidencia que se castiga con el despido inmediato, la exclusión del mercado laboral mediante listas negras y la amenaza de prisión.
