La nueva Nica Act incluye sanciones al oro y asfixia al entramado empresarial del Ejército de Nicaragua
El proyecto de “Ley de Restablecimiento de la Equidad Electoral y los Derechos de la Oposición mediante Mandatos de Rendición de Cuentas”, que es una nueva versión de la Nica Act en Estados Unidos, incluye la aplicación de sanciones contra la totalidad del sector del oro en Nicaragua y el bloqueo de los activos financieros administrados por el Ejército a través del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
La iniciativa S. 5369 fue introducida el 7 de agosto por los senadores Ted Cruz y Tim Kaine y remitida al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. La propuesta de ley establece una estrategia de asfixia económica que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2035.
La medida económica más severa de la propuesta se encuentra ordena sancionar a cualquier persona o corporación extranjera que decida “operar o haber operado en el sector del oro de la economía de Nicaragua”. Esta disposición ataca la principal fuente de divisas por exportaciones de Nicaragua. Además, faculta de manera discrecional al Secretario de Estado y al Secretario del Tesoro para identificar e incluir otros sectores de la economía nacional que sirvan de sustento financiero al aparato gubernamental e imponer sanciones.
La ley apunta directamente contra las finanzas de las fuerzas armadas al incorporar como objetivos de sanciones prioritarias a los “funcionarios del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM)”, el órgano encargado de administrar los fondos de retiro de los militares y sus inversiones privadas en seguros, bienes raíces y comercio.
Esta disposición modifica el enfoque de la presión estadounidense sobre el Ejército de Nicaragua, uno de los pilares de la dictadura. El 10 de enero de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones individuales contra tres altos mandos militares que integraban la junta directiva de dicha entidad: el Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, el General de Brigada Bayardo De Jesús Pulido Ortiz y el General de Brigada Julio Modesto Rodríguez Balladares.
El proyecto actual va más allá de los nombres individuales de la jefatura de turno, permitiendo el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones bajo las leyes de Estados Unidos para toda la estructura operativa, empresas subsidiarias y mandos medios que gestionan el fondo de pensiones y el entramado empresarial del Ejército.
El IPSM no funciona como un simple fondo de pensiones público, sino como un conglomerado empresarial privado y un fondo de inversión de alto rendimiento controlado por los mismos generales del Ejército de Nicaragua.
Castigo a la represión judicial y la persecución religiosa
El proyecto actualiza los parámetros de la NICA Act original de 2018 para penalizar conductas represivas que han tomado fuerza en los tribunales y juzgados de Nicaragua.
Serán sujetos de sanciones financieras y restricciones de visado aquellos funcionarios judiciales o estatales involucrados en “el arresto o procesamiento de una persona, incluyendo a miembros, voluntarios o empleados de la Iglesia Católica o de una Iglesia protestante, debido al ejercicio legítimo de su libertad de religión”.
Asimismo, sanciona formalmente la participación en dictar sentencia contra un actor político democrático o un miembro de una organización civil independiente bajo cargos motivados políticamente.
La propuesta también permitiría sancionar el suministro significativo de bienes, servicios o tecnología desde o hacia Nicaragua cuando estos contribuyan al apoyo del Gobierno de Rusia desde el 24 de febrero de 2022 o del Gobierno de Irán desde el 11 de febrero de 1979.
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Los considerandos del borrador justifican la urgencia de aplicar esta ley debido a las acciones recientes de Daniel Ortega y Rosario Murillo para clausurar el espacio democrático. De manera específica, el texto recoge como detonante las declaraciones del dictador Daniel Ortega desde Managua el pasado 19 de julio sobre el fin de las elecciones.
A esto se suma la persistente campaña de persecución contra la iglesia católica y denominaciones evangélicas, ejemplificada en el documento con el arresto de los miembros de la organización Mountain Gateway en diciembre de 2023, y la cancelación de personerías jurídicas de cientos de organizaciones sin fines de lucro.
Las restricciones al acceso a créditos en entidades financiares internacionales que pesan sobre Nicaragua se mantendrán vigentes, a menos que el presidente de Estados Unidos certifique ante el Congreso que Nicaragua cumplió con tres requisitos específicos: el fin de la violencia armada estatal, la liberación incondicional de todos los presos políticos y la convocatoria a elecciones libres y supervisadas por observadores independientes. Las medidas cesarían formalmente 90 días después de dicha certificación.
