Reclamar pensión de alimentos, una carrera de obstáculos: ellas juzgadas de aprovechadas y ellos protegidos por sentencias que quedan en papel

Obtener una sentencia favorable no pone fin al calvario de las madres que reclaman una pensión alimenticia en Nicaragua. Después de atravesar un proceso judicial marcado por retrasos, desgaste económico y violencia de sus exparejas, muchas descubren que el fallo no garantiza el pago ni obliga, en la práctica, al padre a asumir su responsabilidad. El problema ya no se limita a quienes incumplen: alcanza a un sistema que dicta resoluciones, pero falla al momento de hacerlas efectivas.

La falta de ejecución deja a las mujeres atrapadas en un laberinto legal y a niñas, niños y adolescentes sin los recursos que les corresponden. En ese entramado intervienen familiares que presionan a las madres para que desistan, empleadores que incumplen las retenciones ordenadas y operadores de justicia que, lejos de garantizar derechos, pueden terminar revictimizando a quienes acuden a los tribunales.

El camino comienza con la presentación de la demanda ante los juzgados de familia, pero puede prolongarse más allá de la sentencia. Las mujeres deben asumir gastos, realizar trámites, aportar pruebas y acudir reiteradamente a las instituciones, mientras cargan con el cuidado y la manutención de sus hijos. Al mismo tiempo, pueden quedar expuestas a amenazas, presiones o nuevas formas de violencia por parte de sus exparejas.

Maryorit Guevara, activista por el derecho a una pensión alimenticia, define el proceso como una «verdadera carrera de obstáculos» y cuestiona que las autoridades no cumplen con su responsabilidad de garantes de los derechos de la infancia.

«Siempre hemos dicho que, en Nicaragua, la demanda de pensión alimenticia es una verdadera carrera de obstáculos. Y lo decimos porque, en la práctica, el sistema no procura garantizar de manera efectiva los derechos de las infancias», señala Guevara.

Habla desde la propia experiencia. Guevara invirtió años y recursos para exigir el derecho de su hijo. La sentencia fue favorable, pero no fue cumplida. Al progenitor evasor -denuncia- le valió el respaldo del régimen para pasar por encima de la justicia.

Para la activista, esa realidad deja en evidencia la falsedad del discurso de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre el supuesto «interés superior del niño». Aunque ese principio debería situar las necesidades de niñas, niños y adolescentes en el centro de cualquier decisión judicial, las dificultades para obtener y ejecutar una pensión trasladan toda la carga a las madres.

El desgaste no termina en los juzgados

Guevara explica que los obstáculos aparecen desde el momento en que las mujeres presentan la demanda. En los tribunales pueden enfrentarse a revictimización, retardación de justicia y un proceso con elevados costes económicos y emocionales.

A ello se suma la violencia ejercida por sus exparejas. La demanda de alimentos puede convertirse en un nuevo escenario de confrontación y presión, especialmente cuando el padre utiliza el proceso para prolongar el conflicto, evitar el pago o desgastar a la mujer hasta que desista.

«Aquellas que no desisten y finalmente consiguen una sentencia descubren, muchas veces con frustración y tristeza, que obtenerla no significa que esta vaya a hacerse efectiva», expone la activista.

La sentencia, por tanto, puede convertirse en un reconocimiento meramente formal. Establece una obligación, pero no necesariamente garantiza que el dinero llegue de manera regular a quienes lo necesitan. Cuando el padre incumple, la mujer debe volver a activar los mecanismos judiciales para exigir el pago, lo que prolonga el desgaste y aumenta los costes.

Esta falta de cumplimiento también desvirtúa el sentido de la pensión alimenticia. No se trata de una ayuda entregada voluntariamente a la madre, sino de un derecho de los hijos destinado a cubrir necesidades esenciales. Sin embargo, en la práctica, el proceso suele presentarse como un conflicto entre adultos y no como una obligación que el Estado debe hacer cumplir para proteger a la infancia.

Una cadena de complicidades

El incumplimiento no depende únicamente de la decisión del padre de evadir su responsabilidad. Alrededor de estos casos puede formarse una cadena de complicidades familiares, laborales e institucionales que dificulta que la pensión se haga efectiva.

Guevara señala que las familias de los hombres pueden contribuir a ocultarlos, justificar el incumplimiento o presionar a las mujeres para que abandonen el reclamo. En ocasiones, esa presión también procede de la propia familia de la madre.

Las mujeres son culpabilizadas por insistir ante los tribunales, como si reclamar los alimentos fuera una acción contra el padre y no la defensa de un derecho de sus hijos. También pueden ser señaladas por exigir el cumplimiento de una sentencia o acusadas de utilizar a los menores para obtener un beneficio económico.

«Les reprochan que insistan, como si reclamar y defender el derecho de sus hijas e hijos fuera algo indigno», cuestiona Guevara.

La activista también apunta a la responsabilidad de algunos operadores judiciales. Según explica, hay jueces que llegan a reprochar a las mujeres que hayan «elegido mal» al padre de sus hijos. Este tipo de señalamientos desplaza la responsabilidad del hombre que incumple y la deposita en la persona que acude al sistema para exigir protección.

Los empleadores forman otro eslabón de esa cadena. Cuando no aplican las disposiciones legales correspondientes en los centros de trabajo, facilitan que el deudor continúe eludiendo la pensión, incluso después de que exista una orden judicial.

La falta de colaboración laboral puede obligar a la mujer a iniciar nuevas gestiones para demostrar dónde trabaja el padre, cuáles son sus ingresos o por qué no se está realizando la retención. Así, una obligación que debería ejecutarse mediante procedimientos institucionales vuelve a depender de la insistencia y de los recursos de la demandante.

Miles de demandas, pero sin estadísticas completas

La magnitud del problema tampoco puede determinarse con precisión porque el régimen oculta indicadores que demuestren su negligencia.

Un estudio de la jueza sandinista María José Aráuz Henríquez, titular del Juzgado Primero de Distrito de Familia de Managua, publicado en junio pasado en una revista peruana y revisado por DESPACHO 505, registra 2.743 demandas de alimentos en los tribunales de la capital y más de mil acciones civiles y penales relacionadas con el incumplimiento.

El documento, sin embargo, no precisa el periodo en el que fueron contabilizadas esas causas. No obstante, confirman lo que plantea la activista Maryórit Guevara: obtener una resolución no necesariamente cierra el caso. La existencia de más de mil acciones relacionadas con el incumplimiento revela que el proceso continúa después de que la obligación alimenticia ha sido establecida.

Las madres deben volver a los tribunales para exigir que se cumpla lo que ya fue resuelto. El sistema, de este modo, las obliga a reclamar repetidamente un derecho que debería garantizar sin necesidad de iniciar una batalla judicial en cada incumplimiento.

La cercanía política como protección

Guevara sostiene que esta realidad se ha agravado desde 2018. La activista advierte que los padres deudores que son serviles a la dictadura pueden beneficiarse de una especie de protección política.

«Ahora pareciera que los padres irresponsables y deudores de pensiones alimenticias que son serviles a la dictadura gozan de una especie de impunidad y están exentos, en los hechos, de asumir esta responsabilidad», denuncia.

En esos casos, las mujeres no solo deben enfrentarse a la falta de pago, sino también a una estructura institucional que puede proteger al incumplidor.

«Revela algo mucho más grave: un sistema que obstaculiza a las mujeres que reclaman, desprotege a las infancias y permite que las relaciones de poder y la cercanía política estén por encima de un derecho que debería ser garantizado sin excepciones», subraya Guevara.