Nicaragua, bajo vigilancia hasta para rezar: índice global alerta estado crítico de la libertad religiosa
En la Nicaragua actual, nadie reza en una iglesia sin sentirse vigilado. Una práctica tan cotidiana como asistir a un templo o participar en un acto religioso se ejerce con temor. Sacerdotes obligados a informar semanalmente a la Policía sobre sus sermones y actividades, agentes vigilando procesiones, cultos e incluso reuniones privadas, y comunidades de fe sometidas a una supervisión permanente configuran, según el Índice Global de Persecución 2026.
El informe retrata a Nicaragua como un país donde la libertad religiosa se ejerce bajo vigilancia permanente. Los responsables -señala la organización Preocupación Cristiana Internacional (ICC, por sus siglas en inglés)- son los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los identifica como artífices de una política sistemática de persecución contra las iglesias independientes y propone ampliar las sanciones internacionales contra ambos y otros funcionarios se su régimen.
El índice dedica un amplio capítulo a Nicaragua, al que describe como uno de los casos más graves de persecución religiosa en América Latina. Según el documento, el régimen ha convertido la religión en un objetivo político al considerar que las iglesias representan una amenaza para su control absoluto del poder
“El régimen Ortega-Murillo ha lanzado un asalto total contra la Iglesia católica, una de las pocas instituciones independientes que quedan en el país y un bastión de esperanza para los creyentes nicaragüenses”, afirma el informe.
ICC identifica al Ministerio del Interior como el principal órgano se control de las organizaciones religiosas. Explica que todas deben contar con autorización de esa institución para operar y recuerda que, solo en agosto de 2024, el régimen canceló la personalidad jurídica de unas 1,500 organizaciones sin fines de lucro, muchas de ellas de carácter religioso.
“El Ministerio del Interior es un instrumento clave para controlar estas organizaciones religiosas”, señala el documento, que agrega que el régimen también recurre a confiscaciones de bienes, destierros y encarcelamientos de líderes religiosos para debilitar a las comunidades de fe.
Una estrategia de control total
El informe afirma que el Frente Sandinista ha transformado el país en un sistema donde la práctica religiosa está sometida a vigilancia permanente.
“Al apropiarse de las instituciones nacionales y utilizar la ideología como arma, el FSLN ha transformado Nicaragua en un Estado donde la vida religiosa está estrechamente vigilada y las comunidades de fe figuran entre las víctimas más visibles de la represión sistemática”, sostiene.
ICC asegura que el deterioro se aceleró tras las protestas de 2018 y se profundizó desde 2019, cuando varias parroquias católicas dieron refugio a manifestantes perseguidos por la Policía.
“Los líderes e instituciones religiosas, que antes eran importantes fuentes de rendición de cuentas, ahora son tratados como adversarios políticos. Sacerdotes son arrestados, desterrados o despojados de su nacionalidad si desafían al régimen, mientras los sermones que se apartan de la narrativa oficial son vigilados y reprimidos”, indica.
El informe también denuncia que las escuelas religiosas enfrentan una campaña para debilitarlas, pese a que la legislación nicaragüense reconoce su derecho a operar.
Vigilancia sobre sacerdotes y fieles
Entre las prácticas documentadas por ICC figura la obligación de reportar actividades religiosas a las autoridades
“El clero debe presentar informes semanales a la Policía detallando sermones, actividades y asistencia. Agentes estatales supervisan servicios religiosos, procesiones e incluso reuniones privadas, creando un ambiente de temor entre los fieles”, recoge el informe.
Para ICC, esta vigilancia permanente no responde únicamente a razones de seguridad. El informe sostiene que el objetivo es normalizar el control estatal sobre la vida religiosa hasta convertirlo en parte de la vida cotidiana.
“Esta intrusión burocrática normaliza la supervisión gubernamental de las prácticas religiosas, tratando a las iglesias como células políticas que deben ser controladas”, afirma el documento.
Asimismo, advierte que las detenciones arbitrarias continúan siendo una práctica habitual.
“Los arrestos arbitrarios y los encarcelamientos por motivos políticos siguen siendo un sello distintivo de la persecución en Nicaragua”, afirma.
Ortega y Murillo, señalados como responsables
El informe dedica un perfil específico al dictador Daniel Ortega, de 80 años , a quien atribuye la consolidación de un sistema dictatorial construido sobre el control de todos los poderes del Estado.
“Durante décadas en el poder, Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, han fusionado el Estado, el partido y la familia en un único aparato de control personal”, sostiene.
ICC añade que ambos han impulsado el cierre de organizaciones religiosas, la confiscación de universidades y obras sociales, el destierro de sacerdotes y obispos, así como la persecución contra quienes cuestionan públicamente al régimen.
E índice concluye que “Daniel Ortega ha transformado el país en un Estado policial donde las libertades religiosas y civiles están al borde de la extinción”.
Piden ampliar las sanciones
Ante ese panorama, International Christian Concern plantea reforzar la respuesta internacional.
Entre sus recomendaciones figura la ampliación de las sanciones internacionales contra funcionarios nicaragüenses, incluidos los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes considera responsables de la persecución religiosa y de graves violaciones a los derechos humanos.
El informe también propone acelerar los mecanismos de asilo para sacerdotes y trabajadores religiosos exiliados, fortalecer el apoyo a parroquias y organizaciones civiles clausuradas y mantener la presión diplomática sobre Managua hasta que existan mejoras medibles en materia de libertad religiosa y libertades civiles.
ICC recuerda que Nicaragua mantiene la designación de País de Especial Preocupación (CPC, por sus siglas en inglés), la categoría que Estados Unidos otorga a los países responsables de violaciones particularmente graves de la libertad religiosa, una condición que, según el informe, refleja el deterioro sostenido de ese derecho en el país.
