El negocio minero amenaza a los pueblos indígenas: 62 concesiones ocupan una cuarta parte de sus territorios

La expansión minera promovida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya ocupa una cuarta parte de la superficie de 18 territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. Hasta mayo se habían otorgado 62 concesiones que abarcan 681,574.73 hectáreas. La situación más crítica se concentra en cinco de los territorios, donde la actividad extractiva ya cubre más de la mitad de la superficie.

Ese avance constituye una amenaza para su supervivencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes. También aumenta la presión sobre ríos, quebradas y otras fuentes de agua esenciales para las comunidades según el panorama documentado en el Atlas de concesiones mineras en territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, elaborado por Fundación del Río, la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia (Red Local), Fundación Sin Límites y organizaciones indígenas.

El estudio sostiene que la magnitud de las concesiones evidencia una ocupación territorial sin precedentes que compromete la continuidad cultural, ambiental y territorial de estas comunidades.

La presión minera alcanza niveles especialmente altos en cinco territorios. En el territorio Tuahka Takaln Balna, las concesiones mineras cubren el 88.64 % de la superficie. En Tasba Pri Matriz Indígena alcanzan el 83.77 %, mientras que en Mayangna Sauni Arungka “Matumbak” ocupan el 63.79 %. La misma tendencia se observa en la región central del país, donde más de la mitad de los territorios Chorotega Norte (56.37 %) y Matagalpa (50.05 %) también se encuentran dentro de concesiones mineras. En esos cinco territorios, la minería ha dejado de ser una actividad localizada para convertirse en uno de los principales usos del suelo.

«Estos porcentajes no solo reflejan una ocupación administrativa del territorio sino también expresan una amenaza estructural contra la continuidad territorial, cultural y ambiental de los pueblos», subraya el estudio.

Un fenómeno en expansión a nivel nacional

El alcance del auge del negocio minero, sin embargo, no se limita a los territorios indígenas. Hasta junio de 2026, el 25 % del territorio nacional ya estaba en concesionado para minería: un 22 % corresponde a concesiones industriales y un 3 % a Áreas de Reserva Minera. Las organizaciones a cargo del estudio afirman que el régimen mantiene la proyección de ampliar esa superficie hasta alcanzar el 40 % del territorio nicaragüense, de acuerdo con el marco presupuestario.

El presidente de Fundación del Río, Amaru Ruiz, señaló que la minería aporta «muy pocos beneficios» ya que en algunos casos el aporte de las compañías se limita a construcción de escuelas, mejora de caminos o a patrocinios de equipos de béisbol. La riqueza -aseguró, no queda en el territorio.

El atlas expone el avance del capital chino ocupa un lugar central en la expansión minera. Hasta junio de 2026 el régimen había otorgado 84 concesiones a 22 empresas chinas, que abarcan 1,277,389.38 hectáreas, equivalentes al 10 % del territorio nacional. Los mapas muestran que esas empresas tienen presencia en varios de los territorios indígenas y afrodescendientes analizados, junto con compañías de capital canadiense, colombiano y nicaragüense.

La presión no se limita al territorio. Los investigadores alertan que las concesiones afectan 163 ríos, 80 quebradas y 1,894 kilómetros de red hídrica, incrementando el riesgo de contaminación de fuentes de agua esenciales para el consumo humano, la agricultura, la pesca y la conservación de los ecosistemas.

En territorios «donde el agua es parte central de la vida colectiva, la afectación de ríos y quebradas implica riesgos ambientales acumulativos y potencialmente irreversibles, a la vez que comprometería considerablemente la salud de las personas expuestas a contaminantes», advierten.

Violan los derechos de los pueblos indígenas

Las organizaciones que respaldan el estudio denuncian que el otorgamiento de concesiones mineras se ha realizado sin respetar estándares internacionales de derechos humanos, particularmente el derecho a la consulta libre, previa e informada. Añaden que numerosos liderazgos comunitarios denunciaron que las autorizaciones fueron otorgadas sin información ni consentimiento de las comunidades afectadas y que, en algunos casos, desconocían incluso la existencia de lotes mineros dentro de sus propios territorios.

La directora ejecutiva de Fundación Sin Límites, Lea Bolt, afirmó que el documento «no busca únicamente mostrar dónde están las concesiones mineras», sino ofrecer evidencia que permita comprender la magnitud del avance del modelo extractivo y sus implicaciones para las comunidades y los ecosistemas. Añadió que producir información independiente resulta esencial en un contexto donde el acceso a datos confiables está concentrado en manos del Estado.

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Por su parte, Ruiz, uno de los participantes en la elaboración del estudio, reconoció el aporte de los liderazgos indígenas y afrodescendientes que facilitaron información desde sus territorios y que, debido al contexto político del país, permanecen en el anonimato. También advirtió que existen más concesiones mineras ya otorgadas que aún no han sido publicadas en La Gaceta, razón por la que el atlas tiene un corte hasta mayo de 2026. La afirmación sugiere que la superficie concesionada podría seguir aumentando conforme esas autorizaciones se hagan públicas.