El contrabando de medicinas, oro ilegal y agroquímicos hunde a Nicaragua en el Índice Global de Comercio Ilícito
Nicaragua se ha posicionado como el país con el peor desempeño de Centroamérica y uno de los más vulnerables del mundo ante el comercio ilícito. Así lo demuestra el último Índice de Comercio Ilícito elaborado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), una organización internacional que evalúa a 158 países basándose en su estructura legal, transparencia fiscal y eficiencia aduanera. En este examen global, Nicaragua se hundió hasta el puesto 149, obteniendo una calificación de apenas 33,3 puntos sobre 100.
La realidad del istmo muestra brechas profundas. Mientras Costa Rica lidera la región en el puesto 68 (51,2 puntos) y Panamá le sigue en el puesto 81 (49,6 puntos), Nicaragua se ubica en lo peor del ranking, superada incluso por naciones con serios problemas de seguridad como Honduras (39,3 puntos) y Guatemala (43,1 puntos).
El informe resalta que el comercio ilícito en la región no es un problema de pequeños delincuentes, sino una red organizada que mueve millones de dólares en cuatro mercados clave: medicamentos, agroquímicos, cigarrillos y la minería ilegal de oro.
El informe advierte que en la región centroamericana el comercio ilícito de tabaco, alcohol, falsificaciones, fármacos e insumos agrícolas, además de la tala y minería ilegal, «es grande y está conectado en red a nivel regional».
La publicación añade que «existen condiciones estructurales y deficiencias regulatorias que facilitan el comercio ilícito en toda Centroamérica», señalando específicamente las brechas en el monitoreo de la cadena de suministro, el uso indebido de las zonas francas, la informalidad económica y la corrupción.
En el caso de los medicamentos, el peligro es directo para la salud pública. Las mafias aprovechan la falta de control fronterizo para introducir analgésicos, antibióticos y tratamientos para la gripe que son falsificados o robados. Muchos de estos fármacos se fabrican sin condiciones sanitarias imitando marcas legítimas, o corresponden a lotes vencidos con etiquetas alteradas.
Al final, estos productos terminan en los tramos de los mercados populares y en las pulperías de los barrios, donde los ciudadanos los compran engañados por sus bajos precios.
El contrabando en el sector agropecuario y los cigarrillos
Otro sector críticamente afectado es el agropecuario. El estudio alerta sobre el contrabando de plaguicidas, fertilizantes y semillas adulteradas.
Redes delictivas introducen químicos vencidos o diluidos que luego venden a los productores agrícolas locales. Para el campesinado nicaragüense, esto representa una doble trampa: no solo arruinan el rendimiento de sus cosechas y contaminan la tierra, sino que destruyen la economía de los agricultores honestos que no pueden competir contra los precios de los insumos piratas de origen asiático.
El contrabando de cigarrillos es el negocio más masivo y utiliza un truco aduanero llamado «triangulación». Contenedores llenos de tabaco barato procedente de China, India o Vietnam entran a Centroamérica declarados permanentemente «en tránsito» hacia otro país.
Bajo esta etiqueta, las aduanas de paso no realizan inspecciones físicas rutinarias. Las mafias aprovechan esta ceguera oficial para desviar la carga en puntos ciegos fronterizos e inundar los comercios informales nicaragüenses sin pagar impuestos.
Finalmente, el informe pone la lupa sobre la minería ilegal de oro. Este mineral se ha convertido en la herramienta perfecta para el lavado de dinero basado en el comercio.
El crimen organizado extrae oro de forma ilegal y lo mezcla en los canales de exportación legítimos mediante documentación falsa. Así, logran blanquear flujos gigantescos de dinero sucio en la economía formal, aprovechando un sistema institucional donde la corrupción arraigada debilita cualquier intento de auditoría o fiscalización.
«Existen condiciones estructurales y deficiencias regulatorias que facilitan el comercio ilícito en toda Centroamérica. Entre ellas se cuentan las brechas en el monitoreo de la cadena de suministro, el uso indebido generalizado de las zonas francas, los altos niveles de actividad económica informal, la corrupción arraigada y una capacidad de control desigual», indica el documento.
