Alianza Cívica y FVBCH discuten protocolo de libertad de expresión para garantizar ejercicio periodístico

El protocolo de libertad de expresión contempla la devolución de los medios de comunicación confiscados, restitución de personerías jurídicas, el retorno de los periodistas exiliados y reparación a los dueños de medios comunicación destruidos por el aparto gubernamental.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la FundaciónVioleta Barrios de Chamorro (FVBCH) presentaron en conjunto una propuesta deprotocolo que pretende garantizar el retorno seguro de los periodistasexiliados a raíz de la crisis sociopolítica, así como la devolución de losmedios de comunicación confiscado por el régimen de Daniel Ortega y larestitución de las personerías jurídicas canceladas por la Asamblea Nacional.

El protocolo de Libertad de Expresión y de Información Verazestablece que “el Estado debe garantizar el irrestricto derecho de libertad deexpresión, (ya que) el derecho de informar no puede estar sujeto a censura nilos medios de comunicación podrán ser objeto de censura previa, ni uso demecanismos que puedan transgredir lo previsto en la constitución y la ley o quepuedan limitar el derecho de la información veraz y oportuna”.

Asimismo demandaron al gobierno permitir la importación de papel, maquinaria, equipos, repuestos y refacciones que los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos, requieran conforme a la constitución.

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Tanto la Alianza Cívica como la FVBCH demandaron la devoluciónde los bienes, instalaciones, activos, equipos, documentos y licencias a losdueños de los medios de comunicación. El régimen de Daniel Ortega confiscó ymantiene ocupados desde diciembre del 2018, canal 100% Noticias propiedad deMiguel Mora, y Confidencial, de Carlos Fernando Chamorro.

“Los acuerdos que lo requieran serán aplicados medianteprotocolo conforme a ley y eso es lo que tenemos avanzado. Un protocolo quehemos discutidos con los distintos líderes de los medios de comunicaciónafectados”, señaló Mario Arana, miembro negociador de la Alianza Cívica.

Arana dijo que el protocolo sobre libertad de expresión forma parte de los acuerdos suscritos por la Alianza y la delegación del gobierno de Daniel Ortega en la mesa de negociación.

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Cristiana Chamorro, presidente ejecutiva de la FVBCH,explicó que el protocolo incluirá una guía práctica de las distintas accionesque se deben tomar para el restablecimiento de la libertad prensa.

“Vamos a identificar las violaciones, vamos a revisar casopor caso. Vamos a proponer acciones que se puedan tomar, tanto el Estado comola Alianza, vamos a buscar cuales son las acciones inmediata de Estado pararestituirle a todos estos medios de comunicación sus propiedades y personerías jurídicasque han sido confiscadas”, señaló.

La FVBCH levantará una lista de los periodistas en exilio, y documentará expedientes individuales sobre las razones que motivaron el exilio, además propondrán mecanismos que garanticen el retorno seguro, y reparación de aquellos periodistas, dueños de medios y programas, así como los medios de comunicación que resultaron afectados por la represión gubernamental.

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Azahaela Solís, miembro de la Alianza Cívica, señaló que “elEstado cometió una serie de violaciones y delitos, afectó distintos derechoscon una sola acción el día que llegó a 100% Noticias ocuparon un bien privado,capturaron a unas personas, golpearon, afectaron la libertad de expresión, cometieronuna serie de violaciones en una sola acción, igualmente pasó con Confidencia,qué pasó con radio Darío, la quemaron”, señaló Solís.

“Cada hecho que se cometió desde el 18 de abril hasta hoyrelacionado con la libertad de expresión, se debe enlistar y detallar, porqueesa es la única manera para poder reclamar derecho”, indicó Solís.

Agregó que en este momento se encuentran en el proceso de levantarlista de las violaciones a la libertad de prensa y en complementar elprotocolo, para que en el momento que sea necesario abordarlo con el régimen deOrtega o sea abordado cuando haya un Estado responsable para el proceso de indemnización.