La dictadura de Daniel Ortega ha activado a todo el aparato judicial del Estado, bajo su control, para fabricar delitos en contra de los precandidatos presidenciales, una movida política que ha desencadenado fuertes reacciones de la comunidad internacional, como Estados Unidos que advirtió que Nicaragua se está convirtiendo en una “paria”. Los procesos derivarán en juicios políticos, dicen analistas, para eliminar cualquier sombra a las intenciones de Ortega de seguir en el poder más allá de 2021.

En una semana, el régimen desató una cacería contra los precandidatos. Primero fue contra Cristiana Chamorro, a quien ha abierto una investigación por lavado de dinero en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y luego, este sábado, apresó a Arturo Cruz por promover acciones que atentan en contra de la sociedad, en una acusación cuya base legal es la Ley de Inhibiciones. A Félix Maradiaga lo han citado en la Fiscalía para mañana sin que se conozcan detalles del proceso.

Desde el punto de vista de expertos consultados por este medio, se trata de una operación limpieza que la dictadura ha implementado a cinco meses de las elecciones nacionales. El jurista José Pallais dice que en las actuales circunstancias se vislumbra un proceso electoral sin legitimidad bajo un gran fraude institucional y con unas inhibiciones directas a precandidatos mediante “juicios amañados, totalmente arbitrarios con una intencionalidad política”.

El jurista, miembro de la Coalición Nacional, considera que tanto el juicio contra Chamorro, así como la investigación contra Cruz son “políticos”. “Son presos de conciencia, (Chamorro y Cruz) son personas que nunca han promovido la violencia, siempre han estado a favor de la democracia, de la lucha cívica y que están siendo juzgados por sus posiciones políticas, por sus deseos de participar en verdaderas elecciones”, manifestó Pallais.

En el caso de Chamorro es un proceso que la semana pasada llegó a punto álgido al ejecutarse un violento operativo que derivó en un arresto domiciliario. Más de 20 periodistas, directores y colaboradores de medios de comunicación han sido citado ante la Fiscalía en calidad de testigos sobre el caso.

Mientras que a Arturo Cruz la dictadura orientó arrestarlo cuando  cuando regresaba de Estados Unidos, el pasado sábado. La Dirección de Migración y Extranjería le impidió la salida del Aeropuerto Internacional de Managua, y luego la Policía Orteguista emitió una nota de prensa en la que se informó que ha atentado contra los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055 “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, o Ley de Inhibiciones.

El régimen ha usado un audio en el que el exembajador en Washington plantea tres escenarios fatales para Nicaragua: que se le expulse de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se pierdan los beneficios del tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (Cafta-DR), y que la comunidad internacional aplique más sanciones a funcionarios del régimen.

“Dentro de los términos de ley será presentado ante autoridad judicial competente”, expresa un comunicado del Ministerio Público. Hasta ahora no está claro bajo qué delito investigarán a Maradiaga, aunque a raíz de las protestas de 2018, el orteguismo lo acusó de apoyar actos terroristas como parte de un intento de golpe de Estado en su contra. “No lograron callarme antes y no lo lograrán hoy”, zanja.

UNIDAD, LA TAREA DIFÍCIL DE LA OPOSICIÓN

José Pallais, que estuvo al frente de la vicecancillería de la República previo a la era Ortega, señala que ante estos hechos que atentan contra la competencia electoral, la oposición debe unirse para rechazar “la farsa y el fraude institucional”. “Debe exigir verdaderas elecciones bajo estándares internacionales y no participar bajo las reglas del régimen de Daniel Ortega, que son reglas que están impidiendo desde ya que los ciudadanos puedan escoger a sus gobernantes”, plantea.

Pero la unidad ha sido una tarea difícil de la oposición, pues en dos años no lograron establecer una gran alianza opositora y se disgregaron en la la Alianza Ciudadana, a la cabeza del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y la Coalición Nacional, que aspiraba participar en la casilla del Partido Restauración Democrática (PRD).

Los procesos judiciales se han convertido en la última estrategia del régimen para aniquilar a la verdadera oposición. En mayo pasado, aprobó reformas a la Ley Electoral a su medida, sin aceptar ninguna de las recomendaciones de los sectores opositores, de la comunidad internacional, ni de la OEA; y por si fuera poco se hizo nuevamente con el control del Consejo Supremo Electoral (CSE) al elegir magistrados afín a su partido, el Frente Sandinista.

Seguidamente aprobó un Calendario Electoral en el que acortó el tiempo para que los partidos políticos pudieran inscribir las alianzas. El PRD pidió ampliar el plazo pero la respuesta del Poder Electoral fue un no. Estas acciones se sumaron a la aprobación de la Ley de agentes extranjeros y Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, que Ortega ya está usando contra los opositores.

El analista político Eduardo Solórzano valora que el proceso electoral está lleno de “inconstitucionalidades” ya que el andamiaje electoral está encaminado a restringir la movilización, la libre expresión y el ejercicio de escoger libremente a sus ciudadanos, tal como también Pallais. La acusación contra Chamorro y Cruz, agrega, es la continuación a los ataques que reciben los otros aspirantes a la Presidencia a quienes les restringen su derecho a movilizarse, como Juan Sebastián Chamorro, que no puede salir de su casa. 

“Este proceso electoral, así como va, va a carecer mucho de reconocimiento y legitimidad por la falta de transparencia y por la falta de libertad de ejercer (de) los partidos políticos que también han sido inhibidos”, manifestó Solórzano, a la vez que se une al planteamiento que el régimen promueve más la abstención que la participación ciudadana en las próximas elecciones, pero eso, advierte, llevaría al país a una crisis mayor.

Ortega parece estar dispuesto a correr el riesgo de aventurarse en una nueva explosión social, como la de 2018. Mientras tenga al Ejército de Nicaragua y a la Policía de su parte, cuenta un aparato represivo con el que ha apagado intentos de protesta ciudadana en las calles.