El régimen reclama el control del Sica y denuncia «bloqueo ilegal» a sus candidatos

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo volvió a chocar con los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (Sica) al reclamar el «derecho» de Nicaragua a ocupar la Secretaría General del organismo regional, rechazar la propuesta planteada por Costa Rica para destrabar la elección y denunciar un supuesto «bloqueo injustificado, ilegal e ilegítimo» contra los candidatos promovidos por Managua.

La Secretaría General del Sica permanece vacante desde noviembre de 2023, luego de que el abogado nicaragüense Werner Vargas renunciara al cargo para el periodo 2022-2026. Desde entonces el régimen nicaragüense ha intentado sin éxito colocar a tres de sus figuras cercanas: el canciller Valdrack Jaentschke, la exministra de Salud Sonia Castro y el excanciller Denis Moncada, todos cuestionados por organismos internacionales y señalados por su papel dentro del aparato estatal durante años de represión y denuncias de violaciones a derechos humanos.

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La nueva presión de Managua fue expresada en una comunicación oficial de la Cancillería, en la que insiste en que Nicaragua debe asumir el control administrativo del organismo «en concordancia con las normas comunitarias y los protocolos del sistema».

Tilda de anómala terna de Costa Rica

El régimen también rechazó la terna de Costa Rica enviada a los países miembros para asumir la Secretaría General y superar el bloqueo político, una iniciativa que el régimen sandinista calificó como una situación «anómala e inusual».

Los candidatos enviados por Costa Rica para el período 2026-2030 son el exdiputado Gilberth Adolfo Jiménez Siles y las exembajadoras Catalina Crespo Sancho y Lina Eugenia Ajoy Rojas.

La Cancillería del régimen sentó su posición de rechazo a dicha terna y recordó que Nicaragua ha presentado tres propuestas distintas desde finales de 2023, pero ninguna ha conseguido consenso entre los países miembros. El régimen atribuye ese fracaso a decisiones políticas de otros Estados y no a los perfiles impulsados.

En su pronunciamiento, además, Ortega y Murillo elevaron el tono al advertir que cualquier intento de modificar la ubicación de la Secretaría General fuera de Nicaragua va en contra de las normativas del organismo regional.

«Consideramos que cualquier decisión de trasladar el SICA y su Secretaría a otro país estaría violentando las normativas que reconoce nuestro sistema».

En su nota, el régimen «urge» una reunión de cancilleres para abordar la crisis que atraviesa el organismo regional «y otros temas urgentes», concluye la carta enviada por la Cancillería.