De «rotondear» a financiar al FSLN: la cadena de abusos y humillaciones a los trabajadores del Estado
La imposición de deducciones salariales de entre el 5% y el 10% a trabajadores del Estado para financiar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) es la medida más reciente de una cadena de abusos impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para aumentar el control político sobre los empleados públicos y fortalecer la maquinaria partidaria del oficialismo.
El nuevo cobro partidario no surge de manera aislada. Se suma a una serie de imposiciones que han desmantelado derechos conquistados por la clase obrera, incluido el paquetazo de reformas a la seguridad social de abril de 2018, que afectó a jubilados, trabajadores y empleadores y que fue el detonante de la Rebelión de Abril.
Tras reprimir las protestas e instaurar un estado policial, el régimen avanzó con reformas que, entre otras medidas, incrementaron las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y consumaron el recorte de beneficios laborales. A ello se suman cambios legales que redujeron significativamente las indemnizaciones por antigüedad, los despidos masivos en el Estado y la utilización del empleo público como mecanismo de control político y favor partidario.
Los más afectados han sido los trabajadores del Estado. Desde el retorno de Daniel Ortega al poder, en 2007, el empleo público fue transformado progresivamente en un mecanismo de control político y sometimiento partidario. Primero llegaron las jornadas obligatorias de “rotondeo”, las marchas, la participación forzada en actividades del FSLN y los procesos de carnetización de militancia bajo amenaza de despido. Ahora, sin previo aviso, empleados estatales soportan en silencio descuentos directos a sus salarios para financiar las estructuras del partido oficialista.
En la Nicaragua de Ortega y Murillo, reclamar no solo implica arriesgar el empleo. También puede significar quedar bajo sospecha, enfrentar represalias o exponerse a acusaciones de «traición», una figura utilizada en los últimos años contra voces críticas y opositores cuyo castigo es cárcel, destierro, despojo de nacionalidad y/o confiscación.
«Se trata de la profundización de un modelo de control político sobre miles de empleados y que, en el caso de las reformas, alcanza a toda la clase trabajadora. Es un perjuicio monumental. Obviamente, la situación de los empleados públicos es crítica porque al daño económico se suma la humillación de ser obligados a participar en actividades partidarias bajo amenazas, incluso durante fines de semana o en horario laboral», comentó bajo anonimato un exdirigente sindical.
Las nocivas reformas al INSS de 2019: salarios y pensiones a menos
El 1 de febrero de 2019 entraron en vigor las reformas al Reglamento General de la Ley de Seguridad Social, un paquete de medidas que incrementó las cargas económicas sobre los trabajadores y redujo significativamente el monto de las futuras pensiones.
En primer lugar, el régimen aumentó las aportaciones laborales al INSS del 6.25% al 7%. Además, modificó la fórmula utilizada para calcular las jubilaciones, reduciendo el monto que recibirían quienes se retiraran después de la entrada en vigencia de la reforma.
A partir de esos cambios, el INSS comenzó a tomar como referencia los salarios de las últimas 375 semanas cotizadas —equivalentes a unos 7.2 años de vida laboral— y no las 250 semanas, aproximadamente cinco años, como se hacía anteriormente.
El cambio provocó una reducción sustancial en el salario de referencia utilizado para calcular las pensiones, debido a que la mayoría de los salarios en Nicaragua no tienen mantenimiento de valor frente a la inflación. El resultado fue una caída de hasta un 30% en las nuevas jubilaciones respecto a las aprobadas antes de la reforma.
Además, las nuevas pensiones dejaron de contar con mantenimiento de valor vinculado al deslizamiento anual del córdoba frente al dólar, que hasta entonces se ajustaba en un 5% anual.
Otra de las medidas impuestas fue la eliminación del salario máximo cotizable. Hasta antes de la reforma, el techo era de 96,841 córdobas mensuales, pero a partir de los cambios todos los asalariados comenzaron a cotizar en función de su salario real.
Las reformas también golpearon al sector empresarial. Las empresas con más de 50 trabajadores pasaron de pagar el 19% al 22.5% en cotizaciones patronales, mientras que aquellas con hasta 50 empleados incrementaron su aporte al 21.5%.
Este paquetazo fue impuesto en medio de la crisis económica derivada de la Rebelión de Abril de 2018, detonada precisamente por las primeras reformas al seguro social que posteriormente el Gobierno anuló en un intento fallido por contener el descontento social.
El “pecado” de renunciar: la orden de recortar liquidaciones
La Ley del Cálculo de la Indemnización por Antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado, aprobada en 2023, representó otro golpe a los derechos laborales de los empleados públicos.
La normativa establece que los trabajadores del sector público solo tendrán derecho a indemnización por antigüedad en caso de renuncia después de cumplir tres años de servicio continuo, eliminando así el derecho que anteriormente existía desde el primer año laboral.
La ley abarca a trabajadores del Poder Judicial, Poder Electoral, entes autónomos y gubernamentales, municipalidades y órganos de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe.
Según la reforma, quienes acumulen entre tres y diez años de servicio recibirán una indemnización equivalente a un mes de salario. Los trabajadores con entre diez y quince años tendrán derecho a dos meses; quienes laboren entre quince y veinte años recibirán tres meses; y únicamente los empleados con más de veinte años de servicio podrán optar a una compensación equivalente a cinco meses de salario.
La excepción a la norma son los funcionarios promovidos a cargos por nombramiento presidencial, quienes no se rigen bajo ese cálculo.
La reforma pasó por encima de derechos reconocidos en el artículo 45 del Código del Trabajo, que establece que cuando finaliza una relación laboral por tiempo indeterminado el trabajador debe recibir un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de servicio y 20 días de salario por cada año adicional a partir del cuarto año.
Asimismo, el artículo 43 del mismo Código señala que la renuncia o terminación por mutuo acuerdo no afecta el derecho adquirido del trabajador por antigüedad, beneficio que quedó limitado con la nueva legislación aplicada al sector público.
Despidos, compactación y purgas en el Estado
Tras la Rebelión de Abril, el régimen también aceleró procesos de despidos y compactación estatal que afectaron a miles de trabajadores públicos, particularmente a quienes eran considerados críticos o sospechosos de simpatizar con las protestas.
Las purgas alcanzaron ministerios, alcaldías, hospitales, universidades y otras instituciones públicas, donde trabajadores denunciaron despidos arbitrarios, presiones políticas y vigilancia interna.
En paralelo, conservar un empleo estatal pasó a depender no solo del desempeño laboral, sino también de la lealtad partidaria, la participación en actividades políticas y la disposición de respaldar públicamente al oficialismo.
Impuesto rojinegro golpea el bolsillo y crea malestar
Años después de las reformas al INSS y del recorte a las indemnizaciones, los trabajadores estatales enfrentan ahora una nueva carga económica: financiar directamente al partido de gobierno.
Trabajadores de distintas instituciones estatales describen un escenario marcado por presiones partidarias permanentes, participación obligatoria en actividades políticas, ausencia de pago de horas extras y una estructura sindical subordinada al oficialismo que dejó de funcionar como mecanismo de defensa laboral.
El resultado, según empleados públicos consultados por Despacho 505, es una creciente sensación de indefensión dentro del Estado, incluso entre sectores históricamente vinculados al sandinismo, donde el nuevo descuento salarial terminó por profundizar el descontento acumulado durante años.
“Este impuesto ha sido la gota que derramó el vaso porque además de los constantes abusos y humillaciones, ahora vienen a despojarnos de una cantidad significativa de nuestros salarios, aumentando todavía más las dificultades para sostener nuestros hogares”, afirmó un trabajador del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
En el INSS, donde históricamente se pagan algunos de los salarios más altos dentro del aparato estatal, el malestar alcanzó incluso a trabajadores identificados como fieles simpatizantes del oficialismo, luego de conocer que las deducciones podrían oscilar entre el 7% y el 10% de sus ingresos mensuales.
Un militante sandinista agremiado a la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) confirmó que el rechazo también se ha extendido en hospitales públicos, donde médicos, enfermeras, personal administrativo, trabajadores de mantenimiento y vigilantes cuestionan la nueva carga económica impuesta desde el partido de gobierno.
El mismo sentimiento se replica entre trabajadores del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), maestros y empleados de otras instituciones públicas.
“Se puede ser muy militante del partido, pero ya son demasiados los abusos y humillaciones contra los trabajadores. Lamentablemente estamos silenciados y sin tener dónde recurrir, porque los sindicatos que antes de 2007 promovían paros, huelgas y tranques para defender derechos laborales, hoy brillan por su ausencia o, peor aún, están del lado del Gobierno y no de los trabajadores”, afirmó una trabajadora de Enacal.
La empleada sostuvo que el nuevo descuento partidario es apenas la medida más reciente dentro de una serie de decisiones que han deteriorado las condiciones laborales de los empleados públicos.
“Primero fueron las reformas al INSS y luego la reducción de las indemnizaciones. Ahora directamente nos descuentan dinero para financiar al partido”, cuestionó.
Una fuente vinculada al Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) admitió que tanto los empleados públicos como las organizaciones sindicales permanecen sin capacidad de enfrentar las decisiones del oficialismo.
“Ni Fetsalud, ni Anaden, ni la CST, ni nadie ha salido en todos estos años, ni saldrá, a defender los derechos de los trabajadores. Y aunque muchos sean sandinistas, saben perfectamente los abusos y humillaciones que viven: los obligan a marchar cuando el partido quiere y hasta respaldar leyes que también los perjudican, como las reformas al INSS”, afirmó.
La fuente agregó que los trabajadores estatales tampoco reciben pago de horas extras y viven bajo constantes presiones políticas y laborales.
“Son trabajadores que tristemente ya no tienen control sobre su propia vida, porque ahora incluso les deducen hasta el 10% de su salario y nadie los defiende”, concluyó.
Lo que comenzó con el control político dentro de las instituciones terminó trasladándose directamente al bolsillo de miles de empleados públicos.
