Presidenta de Costa Rica: “No voy a consentir que se sigan robando el oro en Crucitas”
“No voy a consentir que se sigan robando el oro de Crucitas”. Con esa frase, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, fijó una posición frente a la minería ilegal que se expande en la frontera norte y que, según denuncias de autoridades costarricenses y organizaciones ambientales, utiliza el río San Juan como corredor para trasladar oro de manera clandestina hacia territorio nicaragüense.
En conferencia de prensa, la mandataria anunció este martes que invitó a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa a recorrer Crucitas el próximo 19 de junio para que conozcan el impacto de una actividad que calificó como una “desgracia nacional”. “
«Quiero que vayamos a caminar la zona y que vean en carne propia la desgracia nacional que ocurre ahí, con el desastre ambiental, económico, de seguridad y tanto más que solo daño le ocasiona a la zona Norte del país”, afirmó Fernández tras informar sobre los temas abordados en una reunión con representantes de las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Partido Acción Ciudadana (PAC) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Ruta clandestina de Crucitas a Nicaragua
Crucitas, un enclave minero situado cerca de la frontera con Nicaragua, se ha consolidado como uno de los principales focos de minería ilegal en Centroamérica.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detrás de la extracción clandestina operan estructuras criminales que reclutan y financian coligalleros o “güiriseros” para extraer material aurífero y moverlo por pasos clandestinos hasta rutas que conectan con Nicaragua.
“Hay pequeños grupos, pero nos da la impresión de que está más orientado a una o varias estructuras criminales que contratan a estas personas para extraer la amalgama y luego, mediante otros procedimientos usando cianuro u otro químico, procesarla en otro lugar”, declaró el director interino del OIJ, Michael Soto, al denunciar la expansión de la ruta ilegal del oro.
Ante la gravedad de este fenómeno, autoridades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sostenido reuniones con sus pares costarricenses en las que se han comprometido a combatir la actividad ilegal.
No obstante, el propio régimen también ha sido señalado por organizaciones ambientales como uno de los actores que termina beneficiándose del circuito del oro ilegal de Crucitas.
Fundación del Río ha denunciado que detrás del auge del oro ilegal existe una estructura económica que termina favoreciendo a los Ortega-Murillo.
Nicaragua, corredor de químicos para procesar el oro
La organización reveló en un reciente informe que el saqueo en Crucitas no solo involucra la extracción ilegal de oro, sino también una red paralela de abastecimiento de insumos químicos utilizados para procesar el mineral.
Fundación del Río documentó que el mercurio, utilizado por los güiriseros para separar el oro del material extraído, circula a través de una ruta clandestina que conecta China, México, Nicaragua y Costa Rica.
El monitoreo de la organización ambiental sostiene que Nicaragua utiliza unas 35.3 toneladas de mercurio al año en minería artesanal y de pequeña escala, una cifra considerablemente superior a la reportada oficialmente por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante organismos internacionales.
Según la investigación, el metal ingresa principalmente desde México y China mediante redes de contrabando que operan en zonas fronterizas y posteriormente es distribuido hacia campamentos mineros dentro de Nicaragua y hacia puntos de extracción ilegal en Costa Rica, entre ellos Crucitas y Abangares.
El presidente de Fundación del Río, Amaru Ruiz, explicó que los testimonios recogidos durante el monitoreo muestran mecanismos utilizados para movilizar pequeñas cantidades del químico.
De acuerdo con esos relatos, el mercurio puede transportarse oculto en frascos diminutos, como goteros o recipientes utilizados para muestras médicas, que luego son trasladados en buses de servicio colectivo que circulan entre Nicaragua y la frontera sur costarricense.
Fundación del Río también ha advertido que la minería ilegal en la franja fronteriza no solo alimenta economías criminales, sino que genera graves impactos ambientales y sanitarios debido al uso de mercurio y cianuro, sustancias altamente tóxicas que contaminan ecosistemas y representan riesgos para poblaciones cercanas.
Las autoridades costarricenses y representantes del régimen nicaragüense acordaron reforzar mecanismos conjuntos para enfrentar la minería ilegal. Ahora Fernández busca trasladar la discusión al Congreso. Según dijo, la visita programada para junio pretende poner a los diputados frente a una realidad que las autoridades costarricenses describen como una economía criminal transfronteriza.
