Los regímenes de Nicaragua y Rusia firmarán tratado de extradición para blindarse ante la justicia internacional

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha oficializado una estructura de cooperación jurídica y penal entre Nicaragua y Rusia, otorgando «plenos poderes» a Laureano Ortega Murillo, para suscribir tres tratados que incluyen convenios de extradición, asistencia mutua penal e intercambio de reos.

El paquete legal buscaría crear un mecanismo de protección y blindaje mutuo para los funcionarios, militares y asesores de ciberseguridad de ambos países frente a la justicia internacional.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó plenos poderes a Laureano Ortega Murillo para suscribir tres acuerdos de cooperación judicial y penal de alcance transnacional con la Rusia de Vladimir Putin, según consta en los acuerdos presidenciales publicados este lunes en La Gaceta, Diario Oficial.

Laureano Ortega, quien ejerce como Representante Especial para Asuntos con Rusia y Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, firmará un Tratado de Extradición, un Tratado sobre asistencia legal mutua en materia penal, y un Tratado sobre el traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales privativas de la libertad.

De esta forma, se consolida el marco de cooperación entre Managua y Moscú en un contexto de creciente aislamiento internacional para ambos regímenes.

El primer Tratado sobre asistencia legal mutua en materia penal faculta a las fiscalías y ministerios públicos de ambos países a intercambiar pruebas, expedientes investigativos, registros bancarios y a coordinar interrogatorios de sospechosos de manera vinculante.

Por su parte, el Tratado de Extradición estipula las condiciones para la entrega de fugitivos requeridos por los tribunales de una de las partes que se encuentren en el territorio de la otra.

Finalmente, el convenio sobre traslado de condenados facilita que cualquier ciudadano sentenciado a prisión en el suelo extranjero sea repatriado para purgar la pena bajo la custodia de su propio país de origen.

La extradición es inconstitucional

El alcance real de este paquete choca con las limitaciones que imponen las constituciones de Rusia y Nicaragua.

El artículo 39 de la Constitución Política de Nicaragua establece que las y los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional, además de prohibir expresamente la entrega por delitos políticos. El artículo 61 de la Constitución de Rusia blinda a sus propios ciudadanos de cualquier reclamo de tribunales extranjeros.

El tratado que firmará Laureano Ortega Murillo solo podrá aplicarse operativamente para extraditar a ciudadanos rusos que se encuentren en Nicaragua, o a ciudadanos otros países (por ejemplo, estadounidenses, europeos o latinoamericanos) que el régimen de Vladímir Putin reclame y que estén en suelo nicaragüense.

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Al reservarse Nicaragua la potestad exclusiva de calificar la naturaleza de los delitos, el régimen de Ortega y Murillo obtiene una herramienta jurídica para desestimar de forma expedita las solicitudes de captura internacionales o las alertas rojas de Interpol emitidas contra el personal militar, asesores de ciberseguridad o funcionarios rusos en Managua.

Si Rusia solicita a alguien, el régimen nicaragüense puede calificar el delito como común para proceder con la entrega expedita. Al contrario, si un tercer país solicita a un aliado ruso refugiado en Managua, el Estado nicaragüense puede argumentar que es una «persecución política» para negar la extradición de forma legal.

Este paquete de tres tratados funcionaría como el brazo operativo y penal del previo Acuerdo de protección recíproca frente a la justicia internal que Rusia y Nicaragua ya habían ratificado.