Régimen afirma ante CorteIDH que la Policía «resguarda» a defensores de DDHH
El régimen de Daniel Ortega en representación del Estado de Nicaragua negó los actos de intimidación, persecución y acoso contra defensores miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Ambas organizaciones son beneficiarias de medidas previsionales emitidas desde 2019 por la Corte, que este jueves realizó una audiencia para dar seguimiento al cumplimiento de las mismas.
Wendy Carolina Morales, procuradora general de la República, participó en la audiencia en representación del Estado y afirmó que las autoridades han desarrollado un protocolo para la actuación de la Policía con miras a garantizar la seguridad de los beneficiarios tanto de la CPDH como del CENIDH.
«El Estado de Nicaragua lamenta que las acciones desplegadas por las autoridades de la Policía para dar atención a las medidas cautelares de la Corte sean consideradas por ellos como acoso u hostigamiento. Las medidas están realizadas para resguardar la vida e integridad física de los beneficiarios para que puedan realizar con toda libertad sus actividades políticas», dijo.
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Ante estas declaraciones, los representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos rechazaron que necesiten de la protección de la Policía, pues acusaron a esa entidad de ser la responsable de la represión y el hostigamiento.
El régimen alegó brindar protección a los defensores de derechos humanos, sin embargo, las instalaciones del CENIDH fueron tomadas por la Policía Orteguista desde diciembre de 2018 cuando la Asamblea Nacional le canceló su personería jurídica.
Por su parte, la CPDH es el único organismo dedicado a la defensa de los derechos humanos en Nicaragua que conserva su personería jurídica, pero su secretario ejecutivo, Marcos Carmona, ha denunciado tácticas del Ministerio de Gobernación para “asesinar a las oenegés” a través de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
PERSECUSIÓN CONTINÚA
Los defensores de derechos humanos de Nicaragua alegaron este jueves en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la persecución y el hostigamiento por parte de las autoridades gubernamentales continúa, en el marco de la crisis sociopolítica que vive ese país desde abril de 2018.
Los defensores indicaron a los jueces del tribunal internacional que desde que iniciaron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, en abril del 2018 y hasta la actualidad, existe una persecución constante y una obstaculización de la labor de defensa de los derechos que realizan.
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«Los ataques vinculados a nuestras labores de defensa de los derechos humanos (se han incrementado) en medio de una nueva ola represiva por el tercer aniversario de las protestas en 2018. A través de redes sociales se han incrementado los ataques, que precisamente confirman que jamás podremos vivir con tranquilidad en Nicaragua», dijo el activista del CENIDH Gonzalo Carrión, quien se encuentra exiliado en Costa Rica.
Por su parte, Vilma Núñez, también beneficiaria de las medidas, destacó que «hasta el día de hoy los ataques continúan, incluso en esta misma audiencia, en particular las campañas de desprestigio, estigmatización y criminalización».
“El Gobierno de Nicaragua llama a los defensores del CENIDH enemigos del Estado y nos expone al grado de riesgo nuestras vidas e integridad personal”, aseveró Núñez.
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, indicó que los integrantes de ambas organizaciones continúan recibiendo «hostigamiento, intimidación y otros actos de violencia en su contra», tanto por los simpatizantes del Gobierno como de agentes de la Policía Nacional.
«Preocupa también la persistencia de actos que tienden a coartar la capacidad de las organizaciones de derechos humanos para cumplir con su legítima labor de defensa, entre ellas, la intrusión de las sedes que permanecían ocupadas arbitrariamente desde 2018», expresó Urrejola.
En la resolución de 2019, la CorteIDH ordenó al Estado asegurar la continuidad de las labores de las organizaciones en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de hostigamientos, amenazas o agresiones.
Con información de EFE / Foto: Jader Flores / La Prensa.
