EE.UU.: Ley que inhibe a opositores «es otro intento burdo de (Ortega) para mantenerse en el poder»
La aprobación de la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, aprobada este lunes en sesión extraordinaria con el voto mayoritario de la bancada del oficialista FSLN es lo «opuesto» a las reformas electorales que demandan la comunidad internacional y la oposición al régimen de Daniel Ortega de cara a los comicios generales programados para noviembre de 2021, criticó el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak.
La primera reacción de un alto funcionario del gobierno estadounidense, tras la aprobación de la norma que veta al derecho constitucional de postular para cargos públicos a aquellos opositores que encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional y/o aplaudan la imposición de sanciones internacionales, la califica como un «burdo» intento de Ortega para retener el poder.
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«La ley de restricción de candidatos de Ortega es lo opuesto a la reforma electoral. Es otro intento burdo para mantenerse en el poder», calificó Kozak a través de un tuit.
Kozak, quien la semana pasada había declarado en conferencia con periodistas nicaragüenses que el gobiernos de Estados Unidos estaba decidido a hacer uso de todos los mecanismos de sanciones para presionar a Ortega, considera que la nueva ley «en lugar de brindar igualdad de condiciones, niega a la oposición la oportunidad de postularse para un cargo y al pueblo nicaragüense el derecho a elegir a sus líderes».
DÍA DE SANCIONES
Mientras en la Asamblea Nacional con sede en Managua se aprobaba la «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz» con 70 votos de los legisladores sandinistas y sus aliados, Washington anunciaba nuevas sanciones para tres funcionarios del régimen de Daniel Ortega: el diputado Wálmaro Gutiérrez, promotor de la Ley de Agentes Extranjeros; el comisionado general Fidel Domínguez señalado de dirigir la represión contra opositores en el Occidente del país; y Marvin Aguilar, el magistrado que desde su puesto como vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia coopera con la designación de fichas que garanticen el control político de ese Poder del Estado.
El Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, había revelado a medios nacionales el pasado miércoles que el Gobierno de Estados Unidos tiene en la mira a una “gran cantidad de personas e instituciones” que podrían ser sancionadas si Ortega no garantiza unas verdaderas reformas electorales de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021.
“Que quede claro: tenemos mucho espacio para aumentar en gran medida la presión dentro del marco de sanciones”, advirtió el funcionario estadounidense durante una conferencia de prensa telefónica.
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QUÉ DICE LA LEY
La Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, compuesta por dos artículos, establece que «los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación», no podrán optar a cargos de elección popular.
Tampoco los que «inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones».
Además, penaliza a «aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos lo que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico».
Según el sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, la norma está fundamentada en el artículo 1 de la Constitución Política, que se refiere a que «la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense».
En cambio, el diputado del PLC Maximino Rodríguez señaló que viola la Constitución Política y que discrimina a los nicaragüenses «sólo por el hecho de no pertenecer a la oligarquía gobernante».
VIOLA LA CONSTITUCIÓN
«Va sobre la primacía de las leyes», dijo el alusión a que los requisitos para ser candidatos a cargos de elección popular están contempladas en la Constitución Política y en la Ley Electoral.
La Constitución Política en los artículos de 50 y 51 reconoce el derecho ciudadano a participar en igualdad de condiciones en asuntos públicos y la gestión estatal. «Los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas y optar a cargos públicos, salvo las limitaciones contempladas en la Constitución», dice el texto que está por encima de una ley ordinaria como la aprobada este lunes.
«Lo que han hecho aquí, porque tienen el control de la Asamblea, es discriminar a los nicaragüenses», reprochó Rodríguez.
Asimismo, criticó el carácter expedito con el que fue aprobado esa ley, sin haber sido estudiada, discutida y dictaminada en una comisión legislativa.
El mismo Daniel Ortega admitió el viernes pasado en un evento de la Policía Orteguista que aquellos nicaragüenses que participaron en la protestas ciudadanas de abril de 2018, que él insiste en llamar «intento de golpe de Estado», no podrán optar a cargos de elección popular en los próximos comicios.
«No los podemos expulsar (del país) porque nacieron aquí… Ni que sigan peleando por buscar candidatos a la Presidencia, porque las leyes no lo permiten», sentenció.
