La reforma y las dos peligrosas leyes con las que el régimen pretende imponer el miedo en Nicaragua
Si protestás podrías ir a la cárcel y ser condenado a cadena perpetua. Si recibís dinero del exterior podrías ser considerado un “agente extranjero” y una amenaza a la seguridad nacional. Si expresás tus ideas contra el Gobierno a través de la Internet o compartís información “no autorizada” podrías ser recibir una multa o ir a prisión. No es Corea del Norte, tampoco es Cuba: es la Nicaragua que Daniel Ortega pretende imponer.
El régimen ha presentado tres iniciativas de ley con las que apunta a cercenar derechos constitucionales y, a criterio de expertos, llevar al país a niveles dictatoriales extremos propios de países comunistas.
En las últimas dos semanas se han conocido las propuestas de una reforma a la Constitución para imponer cadena perpetua en Nicaragua, una Ley de Agentes Extranjeros y una Ley de Ciberdelitos.
El 14 de septiembre Rosario Murillo propuso sentenciar a cadena perpetua a quienes cometan “crímenes de odio”.
Siete días después llegó la iniciativa de “Ley de Agentes Extranjeros” con la que se podrá confiscar y congelar cuentas bancarias de organismos, personas naturales y medios de comunicación. Además, impide que las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento extranjero participen en la vida política, porque será considerado “injerencia de gobiernos u organizaciones extranjeras en asuntos internos”.
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Este lunes se conoció la iniciativa de “Ley de Ciberdelitos” que castigaría con hasta seis años de prisión a cualquier persona que a través de medios informáticos difunda información clasificada como no autorizada, falsa o tergiversada “que produzca alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella”. Además, se contempla cárcel para todo aquel que difunda, lo que, a criterio del régimen, sea considerada una “noticia falsa”.
Abogados consultados por DESPACHO 505 consideran que las iniciativas presentadas por el oficialismo son peligrosas, ambiguas, muy generales, inconstitucionales y armas legales con las que se busca, principalmente, acallar a la oposición y sembrar miedo.
“Con la aplicación de estas leyes es como estar ciego, sordo y mudo al estilo Shakira y eso no es saludable para el estado. Cando el ciudadano no se puede expresar y se le están limitando sus derechos, eso es como una olla de presión y eso no es recomendable”, asegura Julio Montenegro de los Defensores del Pueblo.
El congresista estadounidense Albio Sires manifestó su rechazo a las iniciativas del orteguismo y anunció que seguirá presionando al Departamento del Tesoro de Estados Unidos por más sanciones al régimen de Nicaragua.
«Parece que Daniel Ortega en Nicaragua teme elecciones en 2021. Las leyes de ´agentes extranjeros´ y ´delitos cibernéticos´ que ha introducido tienen claramente la intención de silenciar a la prensa y criminalizar a sus críticos», advirtió el funcionario estadounidense, quien ha impulsado resoluciones de condena al régimen y ha demandado a la Administración Trump sanciones a funcionarios nicaragüenses.
LA LEY DE CIBERDELITOS
El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez explica que el alcance de la Ley de Ciberdelitos es aplicable a cualquier persona que usa las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s).
“Aquí se encuentra cercenado el derecho de la información de una buena cantidad de medios de información masiva que quedan. La iniciativa representa una restricción física de poder ejercer el derecho a la libertad de expresión e información”, advierte Álvarez.
El experto también alerta sobre el peligro de la interpretación que el régimen podría darle a lo que consideran “noticias falsas”.
“¿Qué es información falsa y tergiversada? El intérprete y aplicador de esta ley va decidir qué es lo que se va informar. Si tiene que ver con el relato golpista de los sucesos a partir de 2018 ya sabemos qué va a ser falso y qué no. Cualquier información que cause alarma, temor o zozobra a la población que puede ser un grupo de dirigentes de la Juventud Sandinista”, señala.
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Para el abogado Julio Montenegro lo más peligroso de la iniciativa es que contraviene el articulo 66 de la Constitución Política, “porque se limita el derecho a informar y ser informado”.
Violeta Granera del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) considera que la Ley de Ciberdelitos “apuesta a que los nicaragüenses tengamos temor de expresar nuestras opiniones en público y que no podamos usar ni siquiera las redes sociales ni los medios de comunicación”.
“Esto no está dirigido únicamente a la oposición azul y blanco, sino a sus mismos militantes tomando en consideración que se han dado cuenta que su propia militancia está filtrando y difundiendo información que ellos consideran una amenaza a la sostenibilidad de su poder”, comenta la dirigente opositora.
LA LEY DE AGENTES EXTRANJEROS
El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez explica que los alcances de la Ley de Agentes Extranjeros van más allá del espectro político, sino que cualquier ciudadano podría ser considerado bajo esa categoría y ser objeto de sanciones y cárcel.
“¿Quiénes pueden ser considerados agentes extranjeros? Todo mundo. Que no se crea que solo son las oenegés o gente de la clase media o alta, o que solo son Alianza Cívica y la UNAB. Todo mundo. Si a una persona la contratan de conductor en una agencia de cooperación, o cualquier oenegé, es susceptible de ser considerada agente extranjero porque el dinero con el que le pagan llega del exterior”, explica el experto.
Para Julio Montenegro, de los Defensores del Pueblo, el principal peligro de esta iniciativa es la interpretación que se pueda hacer de la misma.
“En este caso se tomaría como agente extranjero a las personas que reciben algún apoyo. Una cosa es ser un agente extranjero y otra cosa es un ciudadano nicaragüense que interesado en la defensa de los derechos humanos o cualquier otra actividad social, pero con esta ley se le impediría hacerlo”, explica Montenegro.
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Por su parte, Violeta Granera, de la UNAB, sostiene que la Ley de Agentes Extranjeros pretende afectar más el derecho a la asociación no solo de la oposición, sino para cualquier ciudadano que reciba alguna ayuda, incluyendo las remesas familiares.
“Este paquete de leyes es inconstitucional es una aberración legal que se corresponde a un enorme temor porque saben que se le está implosionando su régimen y que el pueblo de Nicaragua no va claudicar en su lucha para conseguir la libertad. Son leyes draconianas, totalitarias y muy similares a las de países con dictaduras”, insiste Granera.
LA CADENA PERPETUA
Mediante las reformas para aplicar la pena de cadena perpetua en Nicaragua el régimen pretende procesar a quienes cometan “crímenes de odio”: El término alarmó a la oposición, ya que es la acusación que se ha hecho contra ciudadanos y organizaciones que se involucraron en las protestas cívicas de la Rebelión de Abril.
Pero Ortega se encargó de desnudar sus propias pretensiones en el acto del 199 aniversario de la Independencia en el que se dirigió a los opositores: “No hay indulto, no hay amnistía que valga”.
La Unidad Nacional Azul y Blanco indica que la iniciativa de cadena perpetua, más que algo nuevo, “es una oficialización de una medida que ya han venido aplicando con la imposición de sentencias de más de 200 años a presos políticos”.
LEYES NO DETENDRÁN AL PUEBLO, DICE LA UNAB
El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez llama al régimen a desistir de estas iniciativas que, a su criterio, buscan destruir la sociedad nicaragüense para garantizar su permanencia en el poder.
Por su parte, el abogado Julio Montenegro lamenta la presentación de estas iniciativas en un contexto donde ya se violan libertades y derechos constitucionales. “Tenemos un país donde no se puede pedir que haya un cambio, que se mejoren las cosas cuando debería ser un interés del Estado escuchar al ciudadano plantear lo que consideran que no está correcto. Pero al limitar ese derecho solo va provocar un desconcierto en la gente, mucha molestia”.
Violeta Granera admite que estas tres leyes “nos van obligar a buscar la forma de defendernos de la arbitrariedad que representaría su aplicación, pero al mismo tiempo estarían debilitando a ellos mismos (el régimen) porque no hay forma de que aceptemos que violenten nuestros derechos de esa manera”.
