Universitarios exigen parar detenciones arbitrarias en Nicaragua

La Policía Orteguista detuvo en la madrugada de este martes a dos estudiantes universitarios, denunció la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, que demanda el cese de cualquier represalia contra los ciudadanos nicaragüenses que se oponen a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Según la organización estudiantil, los agentes de la Policía llevaron a los jóvenes Aritz Báez y Brayan Quiroz, excarcelado político, a la estación policial del Distrito Dos. “El Gobierno debe de poner fin al hostigamiento, amenazas y secuestro contra los nicaraguenses”, señalan en un breve comunicado enviado a periodistas.

Tras trascender la aprehensión, Ariel Sotelo, de la CUJD, denunció que no han recibido ninguna información por parte de la Policía, aunque argumenta que iniciarán un proceso de investigación en las próximas 48 horas. “Para nosotros es de suma preocupación que estos actos sigan ocurriendo en Nicaragua”, dijo.

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Sotelo y Lésther Alemán, de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), demandaron a la dictadura cesar la represión, liberar a los más de 90 presos políticos y restablecer todas las libertades públicas. Las detenciones de hoy, dicen, son un claro mensaje de que las voces de los estudiantes son incómodas para el régimen.

Alemán consideró el acto como una evidencia de la escalada represiva en contra de la ciudadanía general, y los opositores. “Es sumamente preocupante la exposición de la ciudadanía a un estado policial de facto. Los muchachos son excarcelados, Bryan, y es un hostigamiento que se percibe a diario”, agregó el líder estudiantil.

Desde su punto de vista, el régimen implementa una táctica miedo.

Por su parte Ivannia Álvarez, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) denunció que los jóvenes fueron detenidos por realizar protestas pacíficas. “Exigimos su liberación inmediata, son jóvenes que están sufriendo cárcel por expresar su inconformidad contra el régimen de Daniel Ortega”, dijo.  Los familiares ya se encuentran en la estación y han podido ingresar alimentos.

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En abril pasado, a dos años de la Insurrección Cívica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertó que Nicaragua entró a una nueva etapa de represión estatal. El organismo constató la consolidación de una quinta etapa de la represión estatal, caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como opositoras al Gobierno, así como hechos de violencia en zonas rurales y contra comunidades de pueblos indígenas.

Ante estos hechos, la Comisión expresó su preocupación por el mantenimiento de un estado de excepción de hecho, a través de un Estado policial que mantiene suspendidos o severamente limitados derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación.