Kalúa Salazar enfrentará juicio: «Quieren apoderarse de La Costeñísima», advierte el Cenidh

La periodista Kalúa Salazar de Radio La Costeñísima fue remitida este viernes a juicio para el próximo 23 de septiembre en Bluefields, acusada de supuestamente haber levantado injurias y calumnias en perjuicio de tres funcionarios del régimen en El Rama, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACC).

Al salir del Complejo Judicial de Bluefields Salazar agradeció a toda la población el apoyo que le han brindado durante todo el proceso, también dio las gracias a colegas y a su medio de trabajo por siempre darle la mano y estar de su lado.

«Estaban solicitando medidas cautelares (prisión preventiva) contra mí, se puede notar la mala intención. Difícilmente podemos comprender lo que está sucediendo aquí en Bluefields solo por ejercer nuestros trabajo, por presentar un noticiero, por estar del lado del pueblo buscando llevar hacia los micrófonos todas las violaciones que la gente sufre, porque eso es lo que nosotros hacemos», manifestó.

La periodista espera que durante todo el proceso sea de conformidad a la Ley, «eso es lo que merecemos todos los ciudadanos, ojalá todo sea legal».

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Mencionó que fue durante la audiencia de este miércoles que pudo conocer en persona a quienes la acusaron. Ninguna habló, sino que fueron los abogados quienes expusieron todo.

La defensa de Kalúa interpondrá un recurso de nulidad y advirtió que no desistirá de su labor informativa.

La denuncia por supuestas calumnias surge luego que en radio La Costeñísima se publicara un trabajo periodístico titulado “Se destapa corrupción en la alcaldía del municipio de El Rama”, en el cual se reporta sobre un desfalco de C$100,000.

“QUIEREN APODERARSE DE LA COSTEÑÍSIMA”

Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) afirma que uno de los objetivos principales del régimen es destruir los medios de comunicación y seguir impidiendo la libertad de expresión y prensa.

Para el Cenidh el proceso judicial contra Kalúa Salazar es parte de la represión al periodismo independiente.

«En primer lugar se trata de una emisora, se trata de unos periodistas trabajando contra todo pronóstico, contra toda agresión, en uno de los lugares más olvidados y más agredidos. En segundo lugar, están bajo amenaza de ser despojados de sus medios de trabajo porque hay un mensaje; quieren apoderarse de La Costeñísima”, advierte la defensora.

RÉGIMEN SIGUE CRIMINALIZANDO EL PERIODISMO INDEPENDIENTE

Para Guillermo Medrano, coordinador de derechos humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, lo que se vio hoy en el Complejo Judicial de Bluefields, fue un retrato triste.

«Estamos cayendo en una judicialización de la libertad de prensa con el objetivo siempre de presionar e intimidar a periodistas y medios de comunicación a no seguir denunciando la ristra de violaciones a derechos humanos que se está cometiendo actualmente”, explica.

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El caso de Kalúa se suma a lo mismo que había vivido el fallecido director de Radio La Costeñísima, el periodista Sergio León, quien por ejercer una labor informativa crítica fue querellado y citado a una mediación por fanáticos del régimen.

Según Medrano, al caso de Kalúa Salazar el del periodista William Aragón, corresponsal de La Prensa en el norte del país, que también ha sido asediado y calumniado por medios oficialistas que lo señalan de promover noticias falsas.

CUATRO PERIODISTAS PROCESADOS

Datos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro indican que en lo que va del año al menos cuatro periodistas han sido llevados a juicio.

La jornada represiva del régimen contra la prensa independiente, según la Fundación, está orientada a callar esas voces incómodas en la que se han convertido los periodistas y medios independientes.

«Nosotros desde la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, hemos recomendado que se debe despenalizar las injurias y calumnias y que ésta se deben ventilar en la vía civil dado que éstas son menos perniciosas para el libre ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión», señala Medrano.

El experto aclara que los periodistas y medios de comunicación no son opositores, sino críticos de la gestión gubernamental, lo que es un derecho constitucional que tienen todos los nicaragüenses.