Nicaragua 2025: el año chino a la sombra del poder dinástico y la represión sin límites
En 2025, Nicaragua asistió a la instauración de un régimen bicéfalo concebido para concentrar el poder a perpetuidad sometiendo a su voluntad a todas las instituciones del Estado. El balance del primer año de esta maniobra es palpable en una intensificación de la represión interna y transnacional, la legalización de las confiscaciones y una operación acelerada para la ceder recursos estratégicos y haste el comercio interno a China.
A ello se suma el progresivo despojo de derechos y libertades fundamentales, la implantación del crimen político y la consolidación de una superestructura de espionaje, acompañada de purgas internas sin miramientos.
En medio de este panorama, la ciudadanía resintió el aumento de la pobreza, el fin del parole humanitario y la reactivación de las deportaciones. Así, los nicaragüenses viven el séptimo Fin de Año bajo dictadura, atrapados entre el miedo, el exilio y la desesperanza. En DESPACHO 505 repasamos esos hechos que han influido en el rumbo del país.
1. Copresidencia: la ambición del poder perpetuo
El año arrancó con la aprobación en segunda legislatura de la reforma constitucional enviada por Daniel Ortega en octubre y -entre otras cosas- creó la copresidencia, un giro clave en la deriva autoritaria que desde 2018 encabeza el veterano líder sandinista junto a su mujer Rosario Murillo.
La figura, diseñada para formalizar el control absoluto de ambos —en un mismo nivel de autoridad— sobre el Estado, consolidó un modelo de poder que anuló por completo la institucionalidad y redujo los poderes a instrumentos de un proyecto familiar. La reforma se convirtió así en el andamiaje legal para la permanencia indefinida de los Ortega Murillo en el poder.
En la reforma, los dictadores se aseguraron de eliminar la figura de los poderes del Estado, "dejando claro que hay un único poder y es el que reside en el pueblo", explicó la bancada sandinista el 28 de enero cuando de manera unánime aprobó el texto. Ese poder, según el discurso oficial, está representado por Ortega yMurillo.
Bajo este esquema, las decisiones estratégicas, la política represiva y el manejo de los recursos del país son exclusivas del núcleo familiar: sin contrapesos ni mecanismos de rendición de cuentas.
Entre otras cosas, la nueva Constitución incorpora el Estado Policial como principio constitucional, legalizó la existencia de grupos paramilitares, institucionalizó la persecución religiosa, y eliminó la autonomía municipal y regional. También estableció como símbolo nacional la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
2. Purga interna: operación descarte
La detención de Bayardo Arce, histórico asesor económico de Daniel Ortega y uno de los últimos referentes de la vieja guardia sandinista, reafirmó en 2025 que en el modelo de poder bicéfalo no existen lealtades. Su arresto, ejecutado tras exhibirlo públicamente, dejó claro lógica de descarte.
El caso de Arce no es aislado. El régimen ha avanzado en una purga interna silenciosa, dirigida contra antiguos cuadros del Frente Sandinista, exfuncionarios de alto nivel y operadores políticos o económicos que no encajan con la línea de Rosario Murillo.
Entre las figuras más destacadas de barrida políca se encuentra Henry Ruiz Hernández, el excomandante sandinista, conocido en la década de 1970 como comandante 'Modesto', quien a inicios de marzo quedó en casa por cárcel de facto. Ruiz fue uno de los nueve comandantes de la revolución sandinista y ocupó el cargo de Ministro de Planificación durante la primera administración de Daniel Ortega en los años 80.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se mantuvo como epicentro de la operación limpieza impulsada por Murillo a la cual no sobrevivieron los eternos magistrados José Manuel Martínez, Virgilio Gurdián y Armengol Cuadra, que se sumaron a las bajas de Yadira Centeno y Ellen Joy Lewis Downs, todos apartados por la vía de la "renuncia voluntaria".
La purga alzanzó a jueces y operadores del sandinismo entre destituidos, trasladados o marginados. Entre ellos se destacan Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, operador clave del sistema; Róger Sánchez, juez de Distrito Penal de Adolescentes y Violencia de Managua; Aleyda Irías, sobrina de Marvin Aguilar; y los jueces Luden Quiroz García y Félix Salmerón Moreno, involucrados en condenas a opositores y procedimientos sin garantías, según un fuentes de Confídencial.
A esta lista se suman exalcaldes sandinistas, dirigentes territoriales y cuadros medios del FSLN que fueron destituidos, investigados, desaparecidos de la vida pública o en confinamiento bajo vigilancia policial.
El patrón es claro: no se trata de disputas ideológicas sino de una limpieza preventiva contra cualquier figura con histórica, incómoda a Rosario Murillo que no encaja en su proyecto autoritario.
3. El asesinato de Samcam la "prueba" de la represión transnacional
La mañana del 19 de junio, la noticia del asesinato del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua Roberto Samcam a manos de un sicario en el apartamento donde residía en Costa Rica acaparó los titulares de la prensa local e internacional. Mucho tiempo antes, el mismo Samacam había advertido su fin. Denunció que células criminales sanidnistas operaban en Costa Rica y que había recibido amenazas, pero no fue investigado.
Samcam recibió ocho disparos a quema ropa. Hasta la fecha, la investigación sigue en curso y no hay un conclusivo que reconozca que se trató de una ejecución política. Sin embargo, para organizaciones que documentan la evolución de represión en Nicaragua el crimen es evidencia del alcance de la maquinaria de terror que ha afinado régimen para silenciar cualquier expresión de disidencia.
El caso de Samcam no ha sidol único. El opositor Joao Maldonado ha sobrevivido a dos atentados armados en Costa Rica en 2021 y 2024 en el cual también resultó herida su esposa, Nadia Robleto. Otro caso es el del opositor Rodolfo Rojas Cordero, asesinado en Honduras en 2022.
En un informe presentado en septimebre, el Grupo de Expertos confirmó un patrón sostenido de violaciones de derechos humanos que coincide con un esquema de represión transnacional. Se trata de un sistema diseñado no solo para silenciar voces críticas en Nicaragua, sino también para extender el miedo y la persecución a quienes buscan refugio en otros países.
"Ningún lugar en el mundo parece seguro para los que se oponen a Ortega y Murillo", advirtió abogado húngaro Reed Brody en septiembre, durante la presentación de un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU. El alcance de su brazo represor -dijo- "ha extendido un clima de miedo entre la diáspora nicaragüense".
Los investigadores comprobaron que el régimen ha desplegado una extensa red de vigilancia y persecución que opera más allá de las fronteras de Nicaragua. Se trata de una estructura de inteligencia de múltiples capas que, bajo órdenes directas de la cúpula del poder, utiliza recursos militares, policiales, diplomáticos y una red de informantes.
El objetivo es claro: controlar, intimidar y neutralizar a la disidencia en el exilio.
4. Territorio a la carta para China
Como parte de su alineamiento con Pekín, 2025 podría quedar registrado como el Año Chino en Nicaragua. La influencia del gigante asiático se extendió a todos los sectores: desde el comercio local, con la proliferación de tiendas de productos “made in China” que compiten con precios por debajo del mercado, hasta una participación voraz en la minería y la condición de gran “benefactor”, que en realidad enmascara la acelerada dependencia económica del país, que cierra el año con XXXX en deuda.
Para sellar este entreguismo, fue aprobada la Ley de Creación de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, una normativa que otorga exoneraciones fiscales totales a las empresas chinas que decidan instalarse en el país, atraídas por amplísimas concesiones.
La ley elimina impuestos sobre la renta, el IVA, derechos aduaneros, tasas municipales y tributos por servicios o pagos contratados en el extranjero. Las exoneraciones tienen una vigencia inicial de diez años, renovables indefinidamente, lo que en la práctica otorga una inmunidad fiscal permanente a las compañías beneficiadas.
La administración de estas Zonas Económicas Especiales quedó en manos de Laureano Ortega Murillo, el hijo de Ortega y Murillo designado asesor presidencial para la promoción de inversiones.
El régimen presentó la ley como un instrumento para atraer inversión extranjera y contrarrestar el posible impacto de una expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA-DR). Sin embargo, expertos han alertado que no existen garantías de transferencia tecnológica, generación de empleo ni integración productiva local, y advierten que podría significar un mayor control de sectores estratégicos por parte de empresas chinas, sin beneficios tangibles para la economía nacional.
En general, el 2025 se consolidó la presencia de China en sectores clave del país: minería y extracción de recursos naturales, infraestructura portuaria y logística, telecomunicaciones y vigilancia tecnológica.
Estas concesiones se otorgaron sin transparencia ni licitación pública. China se posicionó como socio estratégico que en realidad poco deja al país: (DATO DE EXPORTACIONES)
5. Migración y exilio: fin del parole y reactivación de las deportaciones
El fin del parole humanitario en Estados Unidos y la reactivación de las deportaciones marcaron un nuevo capítulo de vulnerabilidad para los nicaragüenses en 2025. Según registros oficiales, al menos 100.000 nicaragüenses ingresaron al país norteamericano bajo este programa, sin embargo no a todos les afecta,
La orden de salida inmediata, emitida el 12 de junio, afecta a quienes no solicitaron asilo ni otro tipo de alivio migratorio para ajustar su estatus legal en Estados Unidos. Se estima que solo 33.000 ciudadanos habían iniciado algún proceso de regularización.
Hasta noviembre 6.059 migrantes nicaragüenses que se encontraban en situación migratoria irregular fueron deportados a bordo de 54 vuelos, incluido un avión C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense, informó un portavoz del Departamento de Estado a DESPACHO 505.
La suspensión del parole afectó especialmente a jóvenes, líderes comunitarios y exfuncionarios críticos del régimen, consolidando un patrón de represión transnacional donde el exilio deja de ser un refugio seguro. El periodismo independiente ha documentado casos de ciudadanos beneficiarios de parole a los que las autoridades nicaragüenses han negado su retorno al país.
6. Golpe arancelario y sentencia de EEUU: devolver lo robado
El endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo escaló de sanciones de Estados Unidos (USTR) anunció nuevos aranceles para todas las exportaciones nicaragüenses no cubiertas por el Tratado de Libre Comercio (CAFTA-DR), que se aplicarán de manera progresiva durante los próximos dos años, sumándose al 18% ya vigente.
Además, Washington lanzó una exigencia directa y sin matices: la devolución inmediata de los bienes confiscados ilícitamente, incluidos aquellos despojados a ciudadanos estadounidenses en Nicaragua.
Un portavoz del Departamento de Estado reveló a DESPACHO 505 que la Administración de Donald Trump demandó al régimen que restituya "todos los bienes y activos confiscados ilícitamente a sus propietarios originales", elevando la presión internacional sobre el régimen y su voracidad confiscatoria.
La exigencia llegó cinco meses después de que Washington pidiera a sus ciudadanos reportar a la embajada estadounidense cualquier confiscación, expropiación o restricción a la venta de propiedades impuesta por la dictadura. Aunque el Departamento de Estado no precisó el número de afectados, dejó claro que sigue de cerca cada caso en el que la seguridad personal o las inversiones de ciudadanos estadounidenses se vean amenazadas por acciones "selectivas" del régimen.
Desde abril de 2018, Ortega y Murillo han ejecutado confiscaciones masivas contra opositores, organizaciones civiles, medios de comunicación, universidades, empresas y ciudadanos extranjeros. Investigaciones independientes estiman que el valor de las propiedades privadas confiscadas supera los 250 millones de dólares. El régimen ha justificado estas confiscaciones mediante el uso discrecional de leyes antilavado, antiterrorismo y otras normativas represivas.
Washington no solo cuestiona la legalidad de esas acciones, sino su carácter político. "Rechazamos el claro abuso de las regulaciones contra el lavado de dinero, utilizadas como justificación para cometer expropiaciones indebidas y selectivas", subrayó el portavoz del Departamento de Estado, citando al secretario de Estado Marco Rubio, quien calificó al régimen nicaragüense como "enemigo de la humanidad".
Este mensaje —el último dirigido oficialmente por Washington al régimen en 2025— es tajante: sin restitución de bienes, sin respeto a la propiedad privada y sin reparación a las víctimas del despojo, Nicaragua seguirá acumulando sanciones, aislamiento internacional y castigos económicos que pueden ser endurecimiento de la carga arancelaria o la expulsion definitiva del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
7. Salarios que no alcanzan y alimentos en alza: el hambre toca a la puerta
En noviembre, la canasta básica en Nicaragua alcanzó 20.768 córdobas, su precio más alto del año, según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide). El incremento refleja la persistente presión sobre los bolsillos de las familias que cobran sueldos mínimos.
Una encuesta de Hagamos Democracia dimensionó la magnitud del drama: el 87% de los hogares no cubre la canasta básica, el 77% no alcanza a cubrir sus gastos mensuales.
La informalidad, los sueldos bajos y el encarecimiento sostenido de los alimentos mantienen a las familias al límite de la supervivencia, muchas con un solo ingreso y sin acceso a seguridad social.
El desajuste entre ingresos y costo de vida es abismal: incluso quienes cobran C$11.000 o más al mes dijeron que sus recursos no alcanzan para cubrir necesidades básicas. En promedio, siete de cada diez nicaragüenses perciben salarios que no llegan a la mitad del costo de la canasta.
Según el estudio, apenas el 34% de la población económicamente activa tiene trabajo estable, mientras que casi dos tercios sobreviven en la informalidad o están desempleados. La mayoría de quienes trabajan por cuenta propia se dedican a actividades de subsistencia: comercio, albañilería, transporte o labores domésticas. Este gurpo no cuenta con acceso a seguridad social ni ingresos estables.
El impacto social se refleja en la percepción ciudadana: el 97% ve el futuro con pesimismo, atribuyéndolo tanto a la crisis económica como a la persistente inestabilidad sociopolítica. Apenas un 3% confía en mejoras, ya sea por fe, cambios políticos o expectativas personales.
En general, las familias en Nicaragua cierran el 2025 donde el ingreso no alcanza para vivir, el empleo formal es escaso y la carestia de la vida se refleja día a día en su mesa.