Maradiaga y Chamorro: aranceles progresivos de EEUU a Nicaragua son nueva fase de presión al régimen, no gesto de benevolencia

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció finalmente la medida adoptada en respuesta a las violaciones sistemáticas de derechos humanos, laborales y fundamentales, así como al desmantelamiento del Estado de derecho en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Estados Unidos aplicó un esquema arancelario progresivo a las exportaciones nicaragüenses, que incluye una moratoria de un año y cuyo impacto comenzará a sentirse a partir de 2027. Washington decidió no suspender a Nicargua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR) que era una de las sanciones que puso sobre la mesa tras constatar acciones, políticas y prácticas del régimen que "niegan a los trabajadores, ciudadanos y empresarios la equidad básica, los derechos humanos".

¿Benevolnecia? El politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro afirman categóricamente que no. Coinciden en que se trata de sanciones que ya generan presión al régimen de El Carmen y que los somete a un esquema de seguimiento "revisable".

"No es un gesto de benevolencia hacia el régimen (de Daniel Ortega y Rosario Murillo), sino una advertencia muy seria formulada de manera prudente", dice Maradiaga a DESPACHO 505. 

El excarcelado político que presidente de la Red Liberal de América Latina (RELIAL), recuerda que la USTR identificó prácticas crean un ambiente de alto riesgo para las empresas norteamericanas: "La Oficina Comercial de Estados Unidos, tras una investigación bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio, concluye que la dictadura de Ortega y Murillo comete abusos graves de derechos laborales, viola derechos humanos, restringe libertades básicas y ha desmantelado el Estado de derecho".

Maradiaga subraya que la administración estadounidense ha optado por no suspender "por ahora" los beneficios del acuerdo comercial con Nicaragua para las exportaciones que sí cumplen con dichas reglas. Esta cautela -según Maradiaga- responde a la intención de no desestabilizar de manera abrupta las cadenas de suministro regionales ni castigar directamente a los trabajadores nicaragüenses, que ya soportan altos niveles de precariedad y represión.

"Es, en síntesis, una combinación de presión firme sobre la élite gobernante con cierto grado de protección hacia la población, que es víctima de la dictadura y no responsable de sus decisiones", plantea.

No es un gesto de indulgencia

En la misma línea, el economista y opositor político, Juan Sebastián Chamorro, considera que las disposiciones anunciadas por la USTR, constituyen "un mensaje inequívoco hacia la dictadura de Ortega y Murillo" y no un gesto de indulgencia.

"La oficina de representante comercial quiso ser más correctivo que punitivo y particularmente, decir, bueno, si estas condiciones de violación de derechos no se corrigen, estas políticas podrán ser revisadas en el tiempo. Eso es lo que establecen también ellos", aseguro Chamorro.

Chamorro añadió que Estados Unidos estaría protegiendo aquellos productos que en la que tienen alguna participación inversionistas norteamericanos, "como por ejemplo algodón norteamericano en contra de productos que usan algodón chino por mencionar solo un ejemplo (…), por el lado, algunos productos pueden ser el tabaco o el café de minoristas norteamericanos que dependen sus ventas en Estados Unidos".

Chamorro sostiene que estas medidas podrían ser revisadas, ya que el esquema arancelario progresivo que se aplicará a las exportaciones nicaragüenses que no cumplen con las reglas de origen del CAFTA-DR a partir del 1 de enero de 2026, pasara de un arancel inicial en cero, que aumentará al 10 % en 2027 y al 15 % en 2028.

"Lo que Estados Unidos está haciendo con esta medida que no es poca…, no deja de ser significativa un arancel del 15% adicional lo que ya existía, el 18%, que es especial para Nicaragua… y deja abierta la posibilidad de que pueden ser revisadas si el régimen de Nicaragua no toma las medidas correctivas de las causas que la provocaron", reiteró..

La investigación

Las investigaciones de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. sobre las violaciones cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, comenzaron el 10 de diciembre de 2024 durante la Administración del demócrata Joe Biden, bajo la sección 301 de la Ley Comercial de 1974.

Entonces, la organización recibió más de 160 comentarios y varios testigos prestaron declaración durante una audiencia pública el pasado 16 de enero.

Después de analizar la información presentada, la USRT determinó que el régimen "ha cometido o permitido una serie de abusos de los derechos laborales internacionalmente reconocidos", junto a otros "abusos de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluso contra personas y bienes estadounidenses".

Esas políticas "afectan y restringen las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en Nicaragua", adviertió al hacer público el informe.