RSF describe a Nicaragua como “una auténtica pesadilla” para la prensa y alerta un deterioro aún más profundo
Nicaragua retrocedió al puesto 172 de 180 países en el ranking 2025 de libertad de prensa publicado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), una caída de nueve posiciones respecto a 2024 que confirma, según el organismo, una situación cada vez más hostil para la prensa.
El país obtiene apenas 22,83 puntos sobre 100 y experimenta un deterioro simultáneo en los cinco indicadores evaluados: político, económico, legislativo, social y de seguridad. Nicaragua ya se ubica como uno de los 10 peores países del mundo para ejercer el periodismo independiente, solo por detrás de Eritrea, Corea del Norte, China, Siria, Irán, Afganistán, Turkmenistán y Vietnam.
RSF describe la situación de manera contundente: desde la "reelección" de Daniel Ortega en 2021, la prensa independiente “sigue viviendo una auténtica pesadilla: censura, intimidaciones, amenazas…”. El organismo señala que los periodistas están “estigmatizados y afrontan campañas de acoso, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte, que los fuerzan al exilio”.
Un país sin prensa independiente dentro de sus fronteras
El informe afirma sin matices que en Nicaragua “prácticamente no existen medios de comunicación independientes”, luego de la ola de confiscaciones, cierres y persecución emprendida por el régimen contra medios y organizaciones civiles. Según RSF, la familia Ortega-Murillo ha tomado el control directo de un amplio bloque de canales y radios, lo que ha convertido el panorama mediático en “una herramienta de propaganda gubernamental”.
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Los medios exiliados continúan llegando a una audiencia amplia dentro del país, apoyándose en redes sociales para evadir los intentos de censura.
Un marco político y legal utilizado para silenciar
RSF recuerda que la toma policial de La Prensa en 2021 —“sin orden judicial” y con sus instalaciones aún ocupadas— marcó un punto de inflexión. También señala que la reciente reforma constitucional que designó a Rosario Murillo como “copresidenta” “intensificó el control presidencial sobre los medios”, bajo el argumento de combatir intereses extranjeros y “noticias falsas”.
El informe enfatiza que las reformas a la Ley de Ciberdelitos imponen “penas más severas por difundir ‘información falsa’ en redes sociales” y amplían su aplicación a nicaragüenses en el extranjero, reforzando la capacidad de represión. Asimismo, la Ley de Agentes Extranjeros sigue siendo una herramienta para restringir la participación pública y castigar a organizaciones vinculadas a medios independientes.
Economía frágil y precariedad del oficio
En el plano económico, RSF advierte que la reducción de fondos internacionales ha provocado “despidos y una mayor precariedad de los periodistas”, afectando especialmente a los medios en el exilio, cuya supervivencia depende de la cooperación exterior.
El informe vincula la represión con un clima social de “temor”, “tristeza” y creciente migración. Los jóvenes expresan en redes sociales su deseo de abandonar el país, mientras que “centenares de periodistas han sido ya forzados al exilio”.
RSF dedica uno de sus apartados más alarmantes a la seguridad. Documenta que la policía efectúa “allanamientos sin orden judicial”, interroga a periodistas sobre colegas y trabajos en curso, registra sus teléfonos móviles y confisca los dispositivos electrónicos de los hogares. Después de estos operativos, los afectados deben reportarse diariamente ante la comisaría.
Los pocos periodistas que aún trabajan dentro del territorio lo hacen “muy discretamente” y sin firmar sus artículos para evitar represalias.
El organismo concluye que la represión en Nicaragua no es un efecto colateral, sino “una estrategia central del régimen para silenciar cualquier forma de disidencia”.
