Prófugo colombiano protegido de Ortega será enjuiciado por delitos de corrupción
La justicia colombiana avanza en el proceso judicial contra el exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (DAPRE), Carlos Ramón González, quien se encuentra protegido en Nicaragua luego que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le concediera asilo político.
González es acusado en Colombia por los delitos de corrupción, apropiación indebida de recursos y blanqueo de capitales. Sobre él pesa una orden de captura que se elevó a la Policía Internacional (Interpol), misma que a finales de septiembre emitió una alerta internacional para localizarlo y capturarlo.
La fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró a medios de comunicación colombianos que ya se radicó la acusación contra González, declarado prófugo en ese país.
“El día de hoy se radicó el escrito de acusación contra el exministro Carlos Ramón González, eso quiere decir que entraríamos a fase de juicio con González. Independientemente de si a esta persona se le puede hacer efectiva la circular roja que pesa o si se presenta a las autoridades, nosotros seguimos con la judicialización como corresponde”, aseguró la fiscal General en una rueda de prensa ofrecida el jueves 27 de noviembre.
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Defensa intentó tumbar orden de captura
También se conoció que la defensa de Carlos Ramón González interpuso una tutela en la Corte Suprema de Justicia de Colombia con la que pretendía tumbar su orden de captura, pero fue denegada por el tribunal supremo.
La defensa de González alegó “vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad, debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa”; sin embargo, el alto tribunal negó el recurso de amparo, por lo que el proceso continúa mientras el prófugo se mantiene bajo la protección de los dictadores Ortega y Murillo en Nicaragua.
El colombiano es requerido por la justicia de su país para responder por el presunto desvío de fondos de la UNGRD, para pagar sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.
Tras revelarse la investigación, se confirmó que González había huido a Nicaragua, donde contaba con residencia permanente desde diciembre de 2024. Ante las diligencias de Colombia para solicitar su entrega, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo respondió otorgándole protección bajo asilo político, por lo que es difícil que la orden emitida por Interpol surta efecto.
