EE UU exigirá justicia por los guardabosques encarcelados por denunciar corrupción en el régimen
El Gobierno de Estados Unidos adelantó que exigirá “responsabilidades” por los abusos cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, principalmente contra cuatro guardabosques y líderes comunitarios de la comunidad de Suniwas, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).
La advertencia la realizó a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, que en su cuenta de X, señaló que el único delito de los indígenas ha sido informar sobre la corrupción de la dictadura.
“Condenamos el encarcelamiento por parte de la dictadura de Murillo-Ortega de guardabosques nicaragüenses por denunciar la venta y el arrendamiento ilegal de tierras; su único delito ha sido informar con valentía sobre la corrupción del régimen”, se lee en la publicación.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental resaltó que “Estados Unidos exigirá responsabilidades por los abusos cometidos por los dictadores hasta que se haga justicia” y exigió la libertad de los indígenas.
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Cuatro guardabosques condenados a cadena perpetua
Los nicaragüenses para los que Estados Unidos exige la liberación son: Ignacio Celso Lino, síndico de la comunidad de Suniwas; Argüello Celso Lino, juez comunal y maestro; y los guardabosques Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robins Zacarías, todos reconocidos como líderes comunitarios en la Costa Caribe.
Estos cuatro indígenas fueron condenados a cadena perpetua en febrero de 2022, tras ser acusados por el régimen de participar en la masacre de Kiwakumbai, ocurrida el 23 de agosto de 2021. Sin embargo, organismos defensores de derechos humanos sostienen que ese ataque armado fue perpetrado por colonos, y dejó víctimas mortales, heridos y desplazamientos forzados en varias comunidades indígenas.
Los organismos también sostienen que no existe evidencia que vincule a los guardabosques con los hechos y que los verdaderos responsables forman parte de grupos armados dedicados a la usurpación de tierras.
En 2024, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que los guardabosques fueron arrestados sin orden judicial, permanecieron incomunicados y enfrentaron un proceso sin garantías mínimas. Por ello, el organismo exigió al Estado de Nicaragua su liberación inmediata y la reparación integral de daños.
