El régimen ya puede acceder “legalmente” a tu ubicación y datos personales
La nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes entró en vigor este jueves en Nicaragua, otorgando al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo plenos poderes para controlar a los operadores, proveedores y usuarios de las telecomunicaciones en el país.
La normativa, aprobada por la Asamblea Nacional en octubre de 2024, entra en vigencia un año después de su publicación en La Gaceta. Concede al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) amplias facultades para regular a discreción el espectro radioeléctrico, acceder a la información de los usuarios y supervisar el funcionamiento de las compañías telefónicas con apoyo de la Policía.
Acceso a la ubicación y datos personales de los usuarios
Entre los cambios más controvertidos, la ley obliga a los operadores de telefonía a suministrar información estadística y de geolocalización de sus usuarios a Telcor, entidad dirigida por Nahima Janett Díaz Flores, hija del jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, y consuegra de Ortega y Murillo.
Los operadores también deberán permitir inspecciones técnicas, financieras o contables, que en caso necesario podrán ejecutarse con respaldo de la Policía Orteguista.
Quienes se nieguen a entregar la información requerida se exponen a multas de entre 0.5% y 2.5% de sus ingresos brutos anuales, según lo establece la norma.
El artículo 109 detalla que los operadores y proveedores “están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada”, y que Telcor “tiene todas las facultades para realizar inspecciones, pruebas técnicas y auditorías”.
Telcor controlará licencias, equipos y hasta creadores digitales
La ley también establece que toda fabricación, importación o comercialización de equipos tecnológicos requerirá autorización previa de Telcor, según el artículo 59, lo que introduce más burocracia y control estatal sobre el acceso a dispositivos de telecomunicación.
Además, los canales locales y creadores audiovisuales que generen contenidos por internet deberán solicitar una licencia para operar en Nicaragua, lo que amplía el control del régimen al ámbito digital y de redes sociales.
En el caso de radios y televisoras, las empresas deberán pagar un canon anual por el uso del espectro radioeléctrico, considerado “arriendo del recurso”, cuyo monto será determinado por Telcor. La entidad podrá, incluso, reducir ese canon a los operadores “nuevos”, lo que abre la puerta a empresas extranjeras con trato preferencial, como potenciales compañías chinas aliadas del régimen.
El régimen lo presenta como modernización
El régimen justifica la ley asegurando que busca “promover la conectividad de alta velocidad, de calidad y asequible” y adaptarse a los avances tecnológicos de las últimas dos décadas.
Sin embargo, empresarios y analistas advierten que muchas de sus disposiciones elevan los costos de inversión y consolidan el control político del régimen sobre las telecomunicaciones.
La Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) calificó la entrada en vigor de esta ley como “un ataque a la libertad de expresión y a la privacidad”.
El gremio expresó su “profunda preocupación” por una normativa que “amplía el control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre las telecomunicaciones y representa una amenaza directa a la libertad de expresión”.
La organización advirtió que la ley contraviene la Ley de Protección de Datos Personales, exponiendo a los ciudadanos al riesgo de que su información sea manipulada y utilizada sin consentimiento.
Vigilancia legalizada
Con esta ley, el régimen no solo refuerza su capacidad de vigilancia y censura, sino que legaliza el espionaje digital y el control sobre las comunicaciones en Nicaragua.
A partir de ahora, el teléfono, el internet y las redes sociales quedan bajo el alcance directo de un Estado que ya controla todos los espacios de la vida pública y privada.