«Una mano invisible persigue a los exiliados»: la peligrosa red de vigilancia y represión del régimen de Nicaragua
Una vasta y sofisticada maquinaria de vigilancia y persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se extiende con peligrosidad a miles de kilómetros de las fronteras de Nicaragua. Se trata de una "arquitectura de inteligencia de múltiples capas" que opera bajo las órdenes expresas de los dictadores, utilizando recursos militares, policiales, diplomáticos y de informantes.
El entramado opera enfocado en controlar, intimidar y neutralizar a la disidencia donde sea que se encuentre, revela el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU en un reciente informe sobre la represión transfronteriza, el cual confirma el alto riesgo que corren los exiliados nicaragüenses.
Los expertos identifican plenamente la participación directa del Ejército de Nicaragua, la Policía, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el Ministerio de Relaciones Exteriores y de operadores políticos de todos los niveles. En el centro de esta maquinaria represiva está la Dirección de Información para la Defensa, la agencia de inteligencia militar que es la que se encarga de coordinar el flujo de información.
El aparato de inteligencia con fines de espionaje es tan amplio que, además de Costa Rica, Honduras y Guatemala, el alcance represivo de Ortega y Murillo se ha extendido hasta Bélgica, España y Estados Unidos, donde exiliados han sido fotografiados, vigilados, hostigados y amenazados.
Un exreo político relató que en el vecindario del país donde se encuentra ha logrado identificar a uno de los policÍas que lo secuestraron. "Detrás de donde vivo yo está un policía de los que me secuestraron en 2020. Lo he visto varias veces y, cuando me ve, se esconde. Yo sentía que alguien me observaba mucho, hasta que un día llegué a la conclusión de que era él", denunció.
Espionaje digial y campañas de difamación
Gran parte de las labores de espionaje se desarrollan en espacios digitales. Es, de hecho, una de las herramientas más usadas. Los expertos documentaron incluso intervenciones de llamadas telefónicas, hackeos de mensajería, instalación de programas espía en teléfonos móviles y computadoras, y uso de algoritmos para rastrear contenidos críticos en redes sociales.
Los perfiles de disidentes son blanco de amenazas, difamación y campañas de odio en línea, impulsadas por granjas de troles vinculadas a la Juventud Sandinista, las llamadas Unidades de Victoria y Telcor. Con estos ataques buscan desacreditar a periodistas, activistas, excombatientes, estudiantes y opositores, llegando incluso a acusarlos falsamente de narcotráfico o terrorismo para obstaculizar solicitudes de asilo.
Una víctima en el exilio en Europa declaró que en redes sociales he recibido amenazas, diciéndole que acabará "muerto en una cuneta en España, porque ese es el destino de los traidores".
Según el informe, el monitoreo digital tiene como principal objetivo identificar a opositores, rastrear sus comunicaciones, perfilar sus redes sociales y decidir quién será detenido, expulsado, despojado de la nacionalidad o impedido de regresar a Nicaragua.
En este esquema se ha identificado a una legión de funcionarios encubiertos e informantes dedicados a alimentar la red de espionaje con datos sobre movimientos y asociaciones de personas consideradas enemigos del régimen.
En la práctica "funcionarios encubiertos e informantes realizan vigilancia física y digital de las personas objeto de interés, informan sobre sus movimientos y asociaciones, y en algunos casos las hostigan y amenazan directamente", precisa.
La tarea de espionaje la coordina en su gran mayoría la Policía a través de sus servicios de inteligencia que mantiene una estrecha coordinación con el Ejército, "compartiendo perfiles de disidentes e interceptando comunicaciones y datos sobre movilidad".
Exiliados bajo extrema presión
Esta situación genera un clima de miedo e inseguridad entre el exilio y la diáspora nicaragüense. Quienes se saben en riesgo inminente se cambian constantemente de residencia, reducen sus interacciones sociales o abandonan las redes por completo. El aislamiento y la autocensura se han convertido en mecanismos de supervivencia, alertan los investigadores.
La onda expansiva de la represión alcanza a las familias de exiliados en Nicaragua, quienes, ante la presión de las autoridades, piden a sus parientes cortar la comunicación.
Jan-Michael Simon, titular del grupo de expertos de la ONU, afirmó que la vida de los nicaragüenses forzados al exilio "se desmantela sistemáticamente, comenzando con su desarraigo y la erosión de su identidad legal, lo que deriva en un colapso económico, aislamiento social y vigilancia omnipresente".
El organismo subrayó la situación de desprotección total que enfrentan los ciudadanos en Nicaragua: los poderes Legislativo y Judicial están subordinados al poder de Ortega y Murillo desde la creada coPresidencia. Lo mismo ocurre con la Fiscalía, que se transformó en una oficina "bajo control presidencial directo" y se eliminaron "protecciones básicas de los derechos humanos", señalan.
Al férreo aparato de control, vigilancia y espionaje se añade el reconocimiento constitucional de las fuerzas paramilitares, el uso institucionalizado de redes de informantes y vigilancia, y la aplicación indebida de delitos penales, que son amplios y vagos, a personas que simplemente ejercen sus derechos humanos o realizan su trabajo legítimo, como los defensores de los derechos humanos y los periodistas", mencionan.
En consecuencia, "cualquier persona percibida como opositora por las autoridades puede ser objeto de represalias".
Los investigadores de la ONU también documentaron la "censura sistemática" de toda disidencia y en las detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzada y violaciones al debido proceso.
ONU: Ningún exiliado está a salvo
Ante el robusto engranaje represivo dentro y fuera del país el experto húngaro Reed Brody alertó que "ningún lugar en el mundo parece seguro para los que se oponen a Ortega y Murillo". El alcance de su brazo represor -dijo- "ha extendido un clima de miedo entre la diáspora nicaragüense".
"Una mano invisible persigue a los exiliados dondequiera que vayan, les niega pasaportes, les amenaza a ellos y a sus familias, y los aleja de su país", denunció.
Son miles los nicaragüenses afectados en el exilio, confirman los expertos, al tiempo que señalan que a la denegación de documentación y la privación de nacionalidad como formas de castígo contra opositores, se han añadido métodos más graves como al confiscación de bienes, la vigilancia digital y la intimidación a familiares que permanecen en Nicaragua.
Las principales víctimas son los nicaragüenses despojados de nacionalidad: "les confiscaron sus bienes, propiedades, cuentas, bancarias, créditos, jubilaciones, bienes, muebles, inmuebles y acciones y los estudiantes no tienen registros universitarios", detalló Ariela Peralta Distéfano, también integrante del Comité de Expertos en representación de Uruguay.
El informe no omite casos de extrema gravedad como asesinatos e intentos de asesinato contra nicaragüenses en el exilio, principalmente en Costa Rica y Honduras.
El caso más reciente fue el de Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y uno de los críticos más visibles de Ortega. El 19 de junio de 2025, Samcam fue asesinado de ocho disparos en su residencia en San José.
Desde 2018, el exmilitar había denunciado la implicación del Ejército en la represión y advertido sobre células criminales dirigidas desde la embajada nicaragüense en Costa Rica. Antes de su muerte, había recibido amenazas directas.
Otros casos incluyen los atentados contra el opositor Joao Maldonado en 2021 y 2024 en Costa Rica, y el asesinato de Rodolfo Rojas Cordero en Honduras en 2022.
Los hallazgos del Grupo de Expertos revelan un patrón sostenido de violaciones de derechos humanos que coincide con un esquema de represión transnacional. Se trata de un sistema diseñado no solo para silenciar voces críticas en Nicaragua, sino también para extender el miedo y la persecución a quienes buscan refugio en otros países.
La violencia contra nicaragüenses en el exilio, advierte el informe, pone de relieve la urgencia de reforzar mecanismos de protección internacional y de investigar a fondo la responsabilidad no solo de los autores materiales, sino de quienes planifican y ordenan estas operaciones desde el poder.