«A Ortega le importa más silenciar a médicos críticos que proteger la salud de los nicaragüenses», denuncia HRW

Despedir médicos en represalia por criticar al régimen Ortega-Murillo agrava la fragilidad de la infraestructura de salud pública de Nicaragua, «limitando su capacidad de hacer frente a la propagación de la Covid-19», critica HRW.

El régimen de Daniel Ortega ha pasado de negar la pandemia de coronavirus a intentar ocultar “las consecuencias de su vergonzosa actuación” frente a la crisis sanitaria, mediante acciones de intimidación como el despido de médicos en represalia por expresar su opinión profesional sobre el manejo inadecuado de la emergencia de salud en Nicaragua, señaló este martes Human Rights Watch (HRW).

“Al despedir de manera arbitraria a médicos y otros profesionales de la salud durante la pandemia, el régimen de Ortega demuestra que le importa más silenciar la crítica de estos profesionales que proteger la vida y la salud de los nicaragüenses”, criticó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en una nota en la que el organismo advierte que este tipo de acciones “agravan la fragilidad de la infraestructura de salud pública de Nicaragua, limitando su capacidad de hacer frente a la propagación de la Covid-19”.

El organismo documentó cinco casos de médicos despedidos. Todos expresan que se trata de una medida arbitraria, sin justificación, y que es interpretada como parte de la política represiva de la administración orteguista que, en el contexto de la pandemia, busca ocultar toda información que revele la magnitud del impacto del Covid-19 en el país, producto de su resistencia a implementar las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Más de una docena de médicos, en su mayoría especialistas, han sido despedidos del sistema de salud pública nicaragüense en las últimas dos semanas, según las denuncias de organizaciones médicas independientes y organismos defensores de derechos humanos.

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MÉDICOS DEBERÍAN SER REINTEGRADOS

Human Rights Watch consdiera que “el régimen de Ortega debería permitir de inmediato que los profesionales de la salud se reincorporen a sus puestos, compensarlos por los salarios que no percibieron y adoptar medidas efectivas para responder a la pandemia”.

El organismo internacional constató que todos los médicos afectados por despidos arbitrarios fueron parte de los 700 profesionales de la salud que 18 de mayo de 2020 firmaron una carta para exhortar al orteguismo a reconocer la propagación comunitaria del virus y a adoptar las medidas de prevención recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, con lo cual contradecían el discurso oficial y, entre otras cosas, revelaban que la precariedad del sistema público de salud nicaragüense tiene una “alta probabilidad de colapsar en los próximos días, lo que pone a la población general en un elevado riesgo de muerte”.

CASTIGO A MÉDICOS POR CUMPLIR SU LABOR

Para José Miguel Vivanco está claro que “Ortega busca intimidar y castigar a profesionales de la salud por intentar proteger la salud de los nicaragüenses y por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión”.

“El gobierno pasó de negar la pandemia a intentar ocultar de manera deliberada las consecuencias de su vergonzosa falta de respuesta frente al virus. Despedir arbitrariamente a profesionales de la salud en un contexto de pandemia sólo incrementa la posibilidad de que ocurra un desastre”, señaló Vivanco.

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Human Rights Watch revisó las cartas de despido de los cinco médicos a los que entrevistó y encontró que estas tienen una redacción idéntica, no indican las causas del despido ni expresan ninguna otra justificación, pese a que se trata de profesionales con más de cinco años que nunca tuvieron sanciones por su desempeño.

Resalta que son despidos al margen de lo que establece el derecho administrativo nicaragüense, que prevé la estabilidad de los trabajadores públicos “sobre la base del mérito, la capacidad, especialización, profesionalismo, con el objetivo de que el servidor público tenga como meta convertirse en un servidor público de carrera”.

También la medida viola la Ley de la Carrera Sanitaria que contempla iniciar una investigación disciplinaria formal y permitir que el trabajador presente una defensa antes de dar de baja a un trabajador. «Todos los médicos entrevistados indicaron que el Ministerio de Salud no observó los procedimientos legales correspondientes al despedirlos”.

El organismo además expone que el derecho internacional de derechos humanos garantiza el derecho de libertad de expresión y esto se aplica también a quienes trabajan en el sector público. “Aunque se permiten algunas restricciones a este derecho, incluso algunas aplicables específicamente a los funcionarios públicos, las limitaciones no pueden ser arbitrarias y deben resultar necesarias y proporcionadas según las circunstancias. En particular, no se permite que los gobiernos tomen represalias por el ejercicio legítimo de ese derecho argumentando necesidades de interés público, tal como lo ha hecho el gobierno nicaragüense en este caso”, plantea.

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NEGACIÓN, INACCIÓN Y SECRETISMO

Human Rights Watch, también critica el negacionismo, inacción y secretismo con que ha respondido el régimen de Daniel Ortega ante la pandemia. Recuerda que ha fomentado eventos multitudinarios y hecho caso omiso a los llamados a suspender clases y orientar medidas de confinamiento o distanciamiento social.

Por el contrario, el 30 de abril, Ortega descalificó las campañas públicas que instan a la ciudadanía a quedarse en sus casas, y se refirió a quienes promovían esas medidas como “radicales” y “extremistas” que “son los que quieren que se destruya el país”, recuerda el organismo.

Cuatro médicos dijeron a Human Rights Watch que el Ministerio de Salud mantiene un férreo control sobre la información vinculada con el Covid-19, sobre todo la relativa a pruebas de diagnóstico y sus resultados, lo cual impide que se conozca la dimensión real de la pandemia en el país.

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“La información publicada en los medios de comunicación y las declaraciones realizadas por médicos sugieren que es muy probable que una amplia mayoría de los casos de Covid-19 no se reporten. Mientras el gobierno informó 1.823 casos de personas infectadas con Covid-19 y 64 muertes por esta enfermedad hasta el 16 de junio, la organización no gubernamental Observatorio Ciudadano Covid-19 registró, hasta el 10 de junio, casi 5,000 posibles casos y más de 1.300 muertes presuntamente causadas por la enfermedad”, observa Human Rights Watch.

Tras haber negado gravedad a la amenaza que representa la enfermedad, Ortega ahora parecería estar intentando ocultar su propagación, reitera el organismo que ha conocido de las denuncias de entierros exprés y de manipulación de las causas de muerte en las actas de defunción: “En su lugar, informan a las familias que la causa de fallecimiento es una ‘neumonía atípica’ o alguna otra enfermedad respiratoria”, se lee en la nota publicada por el organismo.