Petro pedirá a Ortega la entrega de Carlos Ramón González, exfuncionario prófugo, cuya residencia tramitó su embajada
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes que solicitará al régimen de Daniel Ortega de Nicaragua la entrega de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y considerado uno de sus más cercanos colaboradores, quien se encuentra en Nicaragua en medio de una investigación por corrupción.
"La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país", afirmó Petro en su cuenta de X (antes Twitter), tras conocerse que González renovó su residencia nicaragüense con ayuda de la embajada de Colombia en Managua.
La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaraguense que sea entregado a ella, si es residente en ese país.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 15, 2025
El canal de noticias RCN de Colombia difundió documentos que incluyen la cédula de residencia nicaragüense de González y una carta de la embajada colombiana al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, en la que se solicita ayuda para "solicitar la carta de renovación de residencia" del exfuncionario.
Estos documentos han generado polémica porque muestran que, paradójicamente, fue el mismo gobierno de Petro quien gestionó la residencia de uno de sus colaboradores más cercanos mientras estaba prófugo de la justicia.
el Gobierno colombiano negó que el Ejecutivo hubiera solicitado "algún tipo de privilegio" para González, quien dirigió el Dapre y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) antes de que se revelara su participación en el mayor escándalo de corrupción de su Gobierno.
Otro prófugo amparado por la dictadura de Ortega
Carlos Ramón González, de 66 años, tiene una orden de captura vigente desde el 3 de julio por su presunta participación en el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para pagar coimas a congresistas a cambio de apoyo legislativo. Según la Fiscalía colombiana, parte del dinero usado en el ilícito provenía de un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua al desértico departamento de La Guajira.
Militante del partido Alianza Verde y excompañero de Petro en la guerrilla del M-19, González supuestamente ordenó los pagos ilícitos a través de la exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, según el testimonio del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla. En abril pasado, Pinilla fue el primer condenado en este caso, con una pena de cinco años y ocho meses de prisión.
Este caso pone nuevamente en evidencia la disposición del régimen de Daniel Ortega de proteger a prófugos de la justicia, como lo ha hecho con exfuncionarios de El Salvador, Panamá y otros países. La solicitud formal de entrega por parte de Petro aún depende de confirmar la residencia de González en Nicaragua, pero la noticia ha generado alarma sobre la protección de figuras acusadas de corrupción en la región.
