La dictadura se queja de la Nica Actual y Renacer ante la ONU, las califica como “herramientas de guerra económica”

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo Nicaragua volvió a quejarse ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por las sanciones internacionales que enfrenta por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y señalamientos de crímenes de lesa humanidad. En particular, mencionó la "infame" Nica Act y la Ley RENACER, ambas contemplan sanciones económicas contra el régimen y  

Durante la 78ª sesión plenariA de la Asamblea General, el embajador sandinista Jaime Hermida Castillo, representante permanente de Nicaragua ante Naciones Unidas, reiteró su rechazo a las medidas unilaterales impuestas por países y bloques democráticos, a los que acusó de violar el derecho internacional y de atentar contra principios como la soberanía y la no injerencia. Dijo que son "medidas coercitivas unilaterales"  ulizadas como "herramientas de guerra económica" para imponer sumisión política.

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"Estados Unidos, con el respaldo de la Unión Europea y otras potencias, ha convertido las sanciones en una herramienta sistemática de su política exterior para forzar cambios de gobierno, desestabilizar economías e interferir en los asuntos internos", acusó Hermida, en un discurso alineado con los de países como Venezuela, Rusia, Irán, China, Corea del Norte y Cuba, también presentes en la sesión.

De manera particular, declaró que el régimen Ortega -Murillo ha sido "objeto de leyes extraterritoriales como la infame Nica Act y la llamada Ley RENACER. A través de estas normativas, se intenta bloquear el acceso de nuestro país a recursos financieros, obstaculizar nuestra cooperación internacional, y paralizar nuestras instituciones mediante amenazas a funcionarios públicos. Todo ello, con el único fin de estrangular nuestra economía y castigar a nuestro pueblo".

El diplomático sandinista sostuvo que más de 30 países en el mundo enfrentan sanciones, que –a su juicio– han privado a millones de personas del acceso a medicinas, alimentos, tecnología y combustible. En el caso de Nicaragua, hasta la fecha, las sanciones han esta dirigidas exclusivamente contra funcionarios identificados como responsables de la represión y graves violaciones a los derechos humanos, así como contra instituciones y empresas identificadas como parte de la estructura económica para sostener la represión o lucrar con los recursos del Estado.

Alianeado a la narrativa del régimen, Hermida, manifestó "solidaridad militante" con gobiernos que enfrentan sanciones y aseguró que continuará alzando su voz "por la paz y la justicia social", pese a las presiones externas.

También denunció la supuesta "hipocresía" de actores internacionales que imponen sanciones mientras "guardan silencio ante el genocidio contra el pueblo palestino".