Nicaragüenses varados en El Salvador claman a Ortega que los deje entrar al país

Un grupo de 35 nacionales cumplen un mes esperando una respuesta de la dictadura a su solicitud de repatriación. “Estamos desesperados”, dicen.

MANAGUA — Hambre y desesperación. Un grupo de 35 nicaragüenses se encuentra varado en La Unión, El Salvador, a la espera de un permiso de la dictadura de Daniel Ortega para ingresar a territorio nacional. 

“Estamos sufriendo. La situación es dura, necesitamos ayuda, no hallamos que hacer, no tenemos dinero, no tenemos trabajo, no tenemos salida para ningún lado”, contó en tono de desesperación Pedro González Benavides, responsable del grupo conformado por 33 hombres y dos mujeres.

Según su testimonio, las autoridades de Honduras no los dejan ingresar por lo que están esperanzados en que una lancha los transporte hasta territorio nicaragüense. “Pedimos el permiso del Gobierno, de Migración o el Ejército”, claman.

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Las autoridades migratorias salvadoreñas les han otorgado permisos de salida y practicado dos chequeos médicos. “No sé qué piensa el Gobierno, como si no fuéramos ciudadanos, no se pone la mano en la conciencia de que estamos sufriendo”, agrega González Benavides. 

A la fecha han sobrevivido gracias al apoyo de la iglesia Católica local y la municipalidad de La Unión.  

La semana pasada trascendió que 252 nacionales aguardaban en Islas Caimán, Panamá y Honduras a la espera de ayuda de la dictadura para poder regresar a sus ciudades de origen. 

Organismos nacionales e internacionales ha demandado una pronta respuesta a la dictadura orteguista. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó que el derecho de ingresar al país de origen está previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos por lo que llamó al Estado a “permitir la entrada de estas personas a territorio nicaragüense sin demora”.

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“La CIDH recibe con preocupación las denuncias sobre nicaragüenses que no pueden entrar al país provenientes de El Salvador e Islas Caimán. El impedimento vulnera sus derechos y podría incumplir obligaciones internacionales del Estado”, denunció el organismo en su cuenta de Twitter, la semana pasada. 

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) catalogó la respuesta de no acción de la dictadura como un “crimen” más. De acuerdo con el organismo, no solo se trata de una decisión desafortunada, si no de una violación a un derecho humano y a la Constitución.

El régimen ha impedido el ingreso con el argumento que ha cerrado las fronteras, pese a que esa medida no es oficial.

El Cenidh recordó que aunque se hubiese dispuesto el cierre de fronteras, “no puede negar el ingreso a los nicaragüenses. “Una vez más viola las normas internacionales y nuestra Constitución”, denunció el organismo defensor.