Demoledor informe de EE.UU. sobre autoritarismo de la dictadura de Daniel Ortega

EE.UU. denuncia autoritarismo, violación a los derechos humanos, ejecuciones selectivas en el campo, condiciones infrahumanas en la Modelo, corrupción generalizada y persecución política a opositores.

El gobierno de los Estados Unidos publicó hoy el “Informes país sobre prácticas de derechos humanos 2019” en Nicaragua en el que destaca las constantes violaciones a los derechos humanos, represión y hostigamiento a opositores y ejecuciones selectivas.

El informe denuncia que “Nicaragua tiene un sistema políticoautoritario altamente centralizado dominado por el presidente Daniel OrtegaSaavedra y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana”, ya que “Ortegaejerce un control total sobre las funciones ejecutivas, legislativas,judiciales y electorales”.

Indica que la Policía Orteguista es responsable por lasconstantes violaciones a los derechos humanos, de igual forma, señala que el Ejército“tiene algunas responsabilidades de seguridad doméstica. (Porque) Ambosinforman directamente al presidente, de conformidad con los cambios en elcódigo policial y del ejército en 2014”.

“Parapolicías, que son grupos no uniformados, enmascarados y armados con entrenamiento y organización táctica, actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad del gobierno, bajo el control directo de gobierno. Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre la policía y las fuerzas de seguridad de la policía”, denuncia el informe.

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Además acusan al régimen de Ortega de realizar “ejecucionesilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por elgobierno o sus agentes; desaparición forzada por las fuerzas de Parapolicía;torturas por guardias de la prisión y Parapolicías; abuso físico, incluyendoviolación, por parte de funcionarios del gobierno; y detenciones arbitrariaspor parte de la policía y la Parapolicía”.

CONDICIONES CARCELARIAS MORTALES

El “Informes país sobre prácticas de derechos humanos para2019” denuncia las “condiciones carcelarias severas y potencialmente mortales”para los prisioneros políticos, así como la interferencia arbitraria e ilegal dela privacidad; “graves problemas con la independencia del poder judicial;restricciones a la libre expresión y la prensa, incluidas amenazas deviolencia, censura y difamación criminal; e interferencia sustancial con losderechos de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidos los ataquescontra la Iglesia Católica y sus funcionarios”

Así como la negativa del régimen de Ortega de regresar las personería jurídicas a nueve organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil a quienes les “retuvieron ilegalmente sus activos, impidiéndoles operar”.

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El informe retrata a un estado arbitrario que restringe laslibertades de expresión, asociación y reunión; ataques contra personaslesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI);discriminación contra minorías étnicas y comunidades indígenas; y trabajoinfantil.

Además denuncia la corrupción generalizada en las diferentesdependencias gubernamentales.

En relación a las violaciones de los derechos humanos señalaque “el gobierno no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar ocastigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos,incluidos los responsables de al menos 325 asesinatos y cientos dedesapariciones durante el levantamiento prodemocracia de abril de 2018”.

Añade que Daniel Ortega “fortaleció activamente la impunidadpor los derechos humanos”, violaciones cometidas por paramilitares leales aOrtega.

El informe denuncia que “Parapolicía y personas vinculadasal régimen de Ortega llevaron a cabo una campaña de hostigamiento, intimidacióny violencia hacia los enemigos percibidos del régimen, como ex presos políticos,activistas campesinos o campesinos, grupos de oposición prodemocracia y elclero católico romano”.

Finalmente, señala que organismos de derechos humanosdenunciaron que entre octubre y agosto de 2018, los Parapolicía ejecutaron a entre20 y 30 campesinos considerados opositores del partido gobernante FSLN.