En Nicaragua hay una “demolición absoluta de los derechos humanos”, advierte Calidh
En los primeros seis meses de este año el régimen de Daniel Ortega ha intensificado la represión contra los nicaragüenses, sus ataques a la Iglesia católica, el destierro de opositores y las confiscaciones, advirtió este lunes el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh).
Según la organización, Nicaragua vive tiempos “de terrorismo de Estado” y el panorama no es alentador porque la demolición absoluta de los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo persigue imponer una situación de temor generalizado en la población a través de actos estatales de conocimiento y repercusiones públicas.
En los primeros seis meses del año han aumentado los crímenes de lesa humanidad como el destierro forzado, el encarcelamiento o privación grave de la libertad, la continuidad de la demolición de los espacios cívicos y las desnacionalizaciones con lo cual “devuelven al país al clima de múltiples violaciones de derechos humanos de 2018 y el panorama no parece mejorar”.
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La organización argentina explica que “además de la persistencia del ataque generalizado y sistemático contra la población civil, se ha consumado en este semestre la configuración de crímenes de lesa humanidad específicos de persecución a grupos particulares por razones religiosas contra la Iglesia católica y contra los pueblos y comunidades mayangnas y miskitus del Caribe Norte por motivos étnicos.
ORTEGA Y MURILLO BUSCAN DEBILITAR A LA IGLESIA CATÓLICA
Denuncia que el encarcelamiento de monseñor Rolando Álvarez y de otros sacerdotes “evidencia la intención estatal de debilitar absolutamente a la Iglesia como institución”.
“Sin embargo, en términos de terrorismo de Estado, entendido este como actos dirigidos a imponer una situación de temor extremo en la población, los funcionarios han demostrado abiertamente que persiguen socavar la autoridad espiritual de la Iglesia para transferirla a Daniel Ortega y Rosario Murillo, a pesar de que la autoridad del Estado no está basada en la autoridad espiritual sino en el uso de la coerción devenida de la fuerza”, advierte el organismo.
En el informe también se hizo referencia a la confiscación del empresario Piero Coen, el cual considera que es un mensaje “catastrófico” en contra el empresariado nicaragüense, atenta contra las libertades económicas, el empleo y el desarrollo del país.
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Finalmente, el organismo de derechos humanos recoge la demolición de la libertad de asociación con el cierre de más de tres mil organizaciones sin fines de lucro y las restricciones a la libertad de prensa, el cual ha llegado “a su punto más álgido con el ataque agresivo y directo contra directores y periodistas de medios de comunicación independientes al despojarlos de su nacionalidad y la confiscación de sus bienes”.
