CIDH preocupada por confiscación de bienes y muerte civil de los opositores desterrados por Ortega

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró su preocupación por las consecuencias al derecho a la propiedad y la seguridad social que viven los nicaragüenses que fueron desterrado y privados “arbitrariamente de su nacionalidad” por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El pasado 9 de febrero la dictadura Ortega-Murillo excarceló y desterró a 222 presos políticos, días después el 15 del mismo mes privó de su nacionalidad a 94 ciudadanos a los acusó de traidores a la patria, los declaró prófugos de la justicia y les confiscó sus bienes.

En un comunicado conjunto de la CIDH y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), manifestaron que muchos de los nicaragüenses desnaturalizados son personas mayores de edad cuya subsistencia y vejez digna son afectados, ya que fueron eliminados del registro del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

“Como consecuencia, ni ellas ni sus familias tendrían acceso al pago de sus pensiones. Tampoco existiría manera de obtener certificados de que alguna vez estuvieron aseguradas dentro del sistema de seguridad social”, detalla el comunicado.

LEA TAMBIÉN: Maradiaga advierte que «Ortega juega con fuego» por su colaboración militar con Irán

A los apátridas también les cancelaron sus cuentas bancarias, los eliminaron del registro de la propiedad, y los borraron del registro civil.

Los familiares de las desterrados o terceros que habitaban en las propiedades denunciaron asedio y el cobro de arrendamiento por la Procuraduría General de la República (PGR) como condición para permanecer en el inmueble y habrían recibido citatorios para formalizar «su estatus ocupacional».

“La pérdida de vivienda y patrimonio de tierras para el cultivo y trabajo, dejaría en situación de mayor vulnerabilidad a las personas que fueron declaradas apátridas y a sus familiares”, denuncian los organismos.

CONFISCACIÓN ES UNA SANCIÓN PENAL ARBITRARIA

Recordaron que el derecho a la propiedad privada está consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana y puede solo ser restringida con base en los requerimientos de dicha norma.

“La Comisión y la Redesca advierten que la confiscación de los bienes y el patrimonio y la privación arbitraria de la nacionalidad constituyen una sanción penal arbitraria y desproporcionada en contra de las personas identificadas como opositoras al gobierno nicaragüense”, indicaron.

Ambas organizaciones hicieron un llamado al Estado de Nicaragua a detener los actos de hostigamiento en contra de los opositores e instaron a “garantizar las condiciones para que puedan desarrollar plenamente sus proyectos de vida, así como a ejercer sus derechos, en particular sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.

LEA TAMBIÉN: La visita del canciller ruso a Nicaragua es un abierto desafío a Estados Unidos

La CIDH es un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargada de promover la defensa de los derechos humanos, mientras que Redesca es una oficina autónoma de la CIDH creada para apoyar la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.