Indígenas piden derogación de leyes del canal interoceánico de Nicaragua

La derogación de las leyes 800 y 840 referidas a la construcción del Canal Interoceánico, fue una de las demandas que plantearon representantes del pueblo Rama y Kriole de Bluefields, en Caribe Sur, durante la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por las violaciones a los derechos de los indígenas contra el Estado de Nicaragua.

Otra de las demandas fue la derogación del convenio de consentimiento previo, libre e Informado para la implementación del proyecto de desarrollo del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, que firmó el Estado con «representantes» de esos pueblos, el cual comprende una extensión de 263 kilómetros cuadrados para el desarrollo del megaproyecto. Este convenio lo firmaron en mayo del 2016.

Allen Clair, líder de los pueblos Rama y Kriole, dijo que se dieron cuenta de la aprobación de las leyes asociadas a la construcción del Canal Interoceánico por los medios de comunicación y que no fueron consultados. Tampoco han recibido respuesta a los recursos de amparo que introdujeron por la aprobación de dichas leyes.

“Que le pidan a Nicaragua la derogación de esas dos leyes (800 y 840) y el convenio”, expresó Clair, quien además, demandó obras de desarrollo para las comunidades indígenas de esos territorios.

LEA TAMBIÉN: Veinte riferos de todo el país son acusados de delitos graves en perjuicio de la Lotería, el Estado y la Loto

Dolene Patricia Miller, del pueblo Kriole de Bluefields, quien se presentó como testigo en la audiencia manifestó que estas leyes y el convenio afectan el proceso de demarcación territorial de los pueblos indígenas.

“El Estado de Nicaragua tomó la decisión de una Ley que nos afectaba totalmente, en más del 52% del recorrido (del canal interoceánico) estaba en tierras comunales. No nos consultaron, a nadie, ni a los pueblos mestizos, ni a las comunidades indígenas. Es una competencia del Estado pero que nos afectaba de por vida”, expuso Miller.

ESTADO AUSENTE

El Estado de Nicaragua no estuvo presente en la audiencia, y el presidente de la Corte, el juez Ricardo Pérez indicó que la ausencia se dio pese a que fue notificado. El movimiento anticanal se hizo presente a la sala de la Corte.

Erick Acuña, en representación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lamentó la ausencia del Estado de Nicaragua en todo el trámite del caso. Indicó que desde el 2013 el Estado de Nicaragua por medio del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur de Nicaragua se negó a reconocer la elección de las autoridades de los pueblos Rama y Kriole y promovió gobiernos paralelos, ya que reconoció a otras personas que no fueron electas por los comunitarios.

Acuña destacó el incumplimiento de parte del Estado de Nicaragua en el saneamiento de las tierras de estos pueblos ya que existen grupos de colonos dentro de los territorios ya titulados, además incumplió la titulación de sus territorios tradicionales porque solo ha titulado una fracción mínima de las tierras reivindicadas.

“La Comisión consideró que el Estado no garantizó el derecho de consulta previa, libre e informada frente a la planeación del proyecto del gran canal interoceánico”, señaló el abogado de la CIDH, quien afirmó que los indígenas desconocían el impacto del proyecto.

LEA TAMBIÉN: Las negociaciones para aumentar el salario mínimo en Nicaragua siguen estancadas

También demandó que el Estado de Nicaragua debe continuar con el proceso de demarcación y titulación de las tierras indígenas y la restitución de las autoridades del gobierno territorial luego que reconociera a un gobierno paralelo.

ESTADO RECONOCE SOLO EL 7% DE LA TIERRA COMUNAL

Durante la audiencia, Patricia Miller dio a conocer que el Estado solo ha reconocido 151 mil hectáreas de tierras ancestrales, es decir, el 7% de un total de dos millones de hectáreas que reclaman. También denunció la invasión de las tierras comunales de parte de colonos, y la falta de atención de parte del Estado a este problema.

Becky McCrea, líder del pueblo Rama y Kriole, mencionó que llegaban a la Corte desde lejos en busca de justicia, ya que en Nicaragua no la obtuvieron. Señaló que las invasiones de tierra causan desplazamiento forzoso de indígenas, inseguridad ciudadana y alimentaria, así como daños ambientales, incluso en la reserva Indio Maíz.

“Hay un impacto gravísimo porque cambia la forma de vida de los indígenas de acuerdo a nuestras tradiciones”, explicó McCrea a los jueces de la CorteIDH.

Miller también demandó que se restituya su puesto en la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti), cargo al que fue electa en el 2007 por las asambleas territoriales comunidades indígenas. La Conadeti es una instancia mixta donde están diversas instituciones del Estado y representación de los pueblos indígenas.

CIDH: COMUNIDADES INDÍGENAS ENFRENTAN DIFÍCIL SITUACIÓN

Daniela Saavedra abogada de la CIDH señaló que el organismo pidió a la Corte que declaré a Nicaragua responsable por la violación al derecho a la propiedad colectiva, y por la violación de los derechos y garantías y protección judicial.

“La situación actual de los pueblos Ramas y Kreole, y la comunidad negra kreole indígena de Bluefields es particularmente grave pues sus autoridades no son reconocidas por el Estado, sus reclamaciones por el uso y disfrute de sus territorios ancestrales, así como el de sus recursos naturales libre de injerencia no han generado ninguna forma de respuesta efectiva y positiva por parte del Estado”, comentó Saavedra.

La abogada María Luisa Acosta, pidió que la Corte declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por violaciones a la integridad personal, honra y reputación en perjuicio de las autoridades tradicionales.  Recordó que los tres testigos durante la audiencia narraron actos de intimidación que recibieron por denunciar la interrupción de la titulación, la imposición de un gobierno paralelo y la falta de acceso a la justicia.

Indicó que Nicaragua se encuentra en desacato ante las resoluciones de la CorteIDH.

“Nuestro temor, sus señorías, es que aun con una sentencia condenatoria no se pueda avanzar en las legitimas pretensiones colectivas e individuales y que por el contrario sea contraproducente para los pueblos y comunidades. Pedimos que este alto tribunal prevea una serie de elementos adicionales tendientes al cumplimiento efectivo de la presente sentencia”, explicó Acosta.

El pueblo Rama y Kriole está integrado por nueve comunidades indígenas, seis del pueblo Rama y tres del pueblo Kriole, que habitan en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) y en el departamento del Río San Juan. La Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields es la comunidad afrodescendiente más numerosa de Nicaragua.