La fábrica de pruebas de la Policía de Nicaragua

La institución actúa como una fuerza política al servicio de los intereses de la familia presidencial, en contravía de su mandato constitucional de proteger sin distingo a todos los ciudadanos.

La escena atrajo a decenas decuriosos. El cadáver del estadounidense Sixto Henry Vera, de 48 años, yacíaensangrentado y desnudo en el pavimento desde las primeras horas de la mañanade aquel dos de junio de 2018.  A su espalda, en los alrededores delbarrio Rubenia en Managua, su vehículo y otro supuestamente utilizado por susasesinos ardían hasta convertirse en cenizas. El Instituto de Medicina Legaldeterminó horas después que la muerte fue violenta y homicida desde el punto devista legal.

Vera era hijo de ecuatorianos, nacido en New York, con un restaurante en Nicaragua. Dedicarse a ese negocio podía significarle salidas nocturnas en su rutina laboral. Pero la de la madrugada antes de su asesinato fue de otra naturaleza. Celebró su cumpleaños escuchando mariachis hasta que una llamada telefónica, avisándole que un amigo estaba en problemas, lo obligó a salir en su búsqueda sin saber que sería su último viaje, según las versiones de la prensa local. 

De manera sorprendente, cuarenta y ocho horas después de que la embajada de Estados Unidos lamentara los hechos, la Policía de Nicaragua señaló a los supuestos responsables del crimen: Ezequiel Gamaliel Leiva García y Néstor Enmanuel Molina Tiffer. Eran dos desconocidos, cuyos nombres se sumaban al cúmulo de sucesos violentos ocurridos en el contexto de las protestas. Hasta entonces habían muerto 108 personas según los datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), reportados por la prensa internacional. Meses más tarde aumentaría a 328  muertos y más de dos mil heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señaló el uso excesivo de la fuerza a manos del Estado contra los manifestantes.

Sin embargo, la trama policial que diopor esclarecido el asesinato de Vera se enredó. Los señalamientos contundentes,proferidos por el comisionado general Sergio Gutiérrez, segundo jefe deManagua, se tambalearon a la luz de los hechos. Leiva García se encontraba encoma en el hospital Salud Integral desde el 31 de mayo por una herida de balaque le ocasionaron tres días antes cuando participaba en las manifestaciones.Según la explicación de su padre, Ezequiel Leiva, quien salió en defensa delhonor de este mostrando una constancia del centro médico, era imposible que eljoven hubiese atacado al estadounidense. Los tiempos no cuadraban. 

El 17 de septiembre Leiva Garcíamurió, y el titular de las noticias reportó el fallecimiento de uno de losacusados por el caso. La muerte sería también el destino de Molina Tiffer, elotro señalado por las autoridades y quien sería encontrado sin vida poragentes, en un ataúd, un mes después de la versión policial al requisar uncamión. Según la Policía, este fue víctima de un enfrentamiento entre los miembrosde una barricada levantada en la zona central del país. El vocero policial,comisionado César Cuadra, dijo que el fallecido fue víctima de “gruposdelincuenciales” que se dispararon mientras estaban ebrios.

El caso del estadounidense, que tuvoamplia resonancia a nivel nacional, dejó la sensación de que había sido unmontaje, lo que se suma a los cuestionamientos realizados por organismos dederechos humanos a la Policía de Nicaragua, entre los cuales se encuentranasesinatos a ciudadanos, detenciones arbitrarias de líderes estudiantiles,campesinos y opositores en general al gobierno de Daniel Ortega. 

En septiembre pasado, la Oficina dela Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, MicheleBachelet, recordó en un informe que se documentaron violaciones a DDHHcometidas entre el 18 de abril y el 18 de agosto de 2018, “tales como el usodesproporcionado de la fuerza por parte de la Policía que se materializó envarias ejecuciones extrajudiciales y en maltrato generalizado, registrándosecasos de tortura y violencia sexual en los centros de detención”.

Una investigación de Onda Local en alianza con CONNECTAS recopiló siete testimonios de víctimas que fueron inculpados públicamente por la Policía, pero además levantó una base de datos de las notas de prensa oficiales en las cuales la institución los señaló por la comisión de delitos, lo que sirvió de base para que posteriormente fueran acusados por la Fiscalía y sentenciados por jueces simpatizantes del partido de gobierno.

Para la socióloga Elvira Cuadra,investigadora nicaragüense en temas de seguridad, la actuación de la PolicíaNacional no corresponde con los parámetros de un cuerpo profesional, sino “a unaparato armado que responde a intereses específicos del grupo Ortega-Murillo”,refiriéndose al gobernante y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Laespecialista ha criticado la involución institucional de la Policía desde elascenso de Ortega al poder al recordar que, aunque fue fundada en los años dela revolución sandinista, después de 1990 inició un proceso de fortalecimientoinstitucional pasando de ser “sandinista” a “nacional”. Luego todo cambió y sepolitizó.

“La Policía venía en un proceso dedeterioro institucional en relación a su actuación, observancia y protección delos derechos humanos desde antes de abril de 2018 (el inicio de las protestas).Lo que sucedió después de esa fecha fue que se agudizó profundamente. El papelde la institución se ha distorsionado”, afirmó Cuadra.

La institución policial es presididapor el propio Ortega, dado que el Presidente es el jefe supremo de lainstitución según la Constitución nicaragüense.  La dirección está enmanos del primer comisionado Francisco Díaz Madriz desde agosto de 2018, cuandoel mandatario lo ascendió obviando las críticas de que se trataba de suconsuegro y que fue sancionado por la comunidad internacional tras lasdenuncias de violaciones a los derechos humanos. El subdirector general es elcomisionado general  Ramón Avellán, quien es cuestionado por la comisiónde crímenes a manos de agentes policiales en el departamento de Masaya, aloriente del país centroamericano, donde dirigió personalmente la represión y seidentificó públicamente con el gobierno.

El abogado Julio Montenegro,integrante de la Organización Defensores del Pueblo, un equipo legal que brindaacompañamiento a los reos políticos en Nicaragua, manifestó que la actuación delas autoridades policiales “ha sido prácticamente contrario a un debidoproceso”, ya que las detenciones han ocurrido de forma ilegal sin orden decaptura, allanamiento y fuera de los tiempos establecidos en el Código Penalcomo ocurrió con Bryan Murillo, de 24 años. 

Agentes policiales asesinaron aMurillo a las 5:20 de la mañana el 17 de julio de 2019 en León, al occidente deNicaragua. La Policía alegó que un oficial disparó en defensa propia cuando eljoven y otros dos los atacaron con machetes, lesionando al teniente Álvaro JoséPichardo Salazar. Las autoridades calificaron a las víctimas de ‘delincuentes’y ‘prófugos de alta peligrosidad’, pero sus familiares presentaron“certificados de conducta” de la institución, evidenciando que no teníanantecedentes criminales hasta un año antes del suceso. 

Karen López, familiar de la víctima, sostuvo a la radio local Darío tras el crimen que ella vio cuando dos oficiales salieron de la casa. “Uno hizo una llamada y dijo ‘manden refuerzos que la encabé (cometí un error)’”. La historia provocó inconformidad entre los ciudadanos que acompañaron el féretro hasta su última morada, protestando contra lo que consideraron un abuso de poder.

A Gennsy Efrén Mairena, originario deMatagalpa, lo capturaron fuerzas paraestatales, pero fue presentadopúblicamente por la Policía el 17 de octubre de 2018, acusado de los delitos desecuestro, tortura, lesiones, amenazas de muerte y portación ilegal de armas defuego.  Lo excarcelaron el 27 de febrero pasado y asegura que no usaarmas. Para él, todas las acusaciones en su contra son falsas. Dice que sudelito fue “protestar”. 

“Me dijeron que tenían una orden decaptura, pero nunca me la mostraron. Me acusaron por una docena de delitos. Esilógico que por salir a protestar sea acusado por delitos que nunca cometí. Loque dice el comandante (Ortega), lo que él ordena, ellos lo hacen”, añadióMairena refiriéndose a las autoridades judiciales.

POLICÍA JUZGÓ A OPOSITORES ANTE MEDIOS

Según la base de datos construida para esta investigación periodística por Onda Local en alianza con CONNECTAS y basada en las notas de prensa oficiales, al menos 251 personas de 1.900 detenidos entre mayo de 2018 y julio de 2019 fueron apresados por su participación directa en las protestas. Fueron remitidos de 10 de 15 departamentos del país centroamericano: Masaya, Managua, Carazo, Rivas, León, Chinandega, Chontales, Matagalpa, Jinotega y Nueva Segovia. También detuvieron en la Región Autónoma del Caribe Norte que tiene una categoría diferente a la departamental según la división administrativa del país.

A estos detenidos las autoridades losexhibieron públicamente como “terroristas”, “delincuentes golpistas” y“cabecillas de tranques (barricadas)”; descalificativos que luego losacusadores (Fiscalía) usó en los procesos judiciales contra estos opositores.

Al menos 54 de los 251 manifestantesprocesados lo fueron también por otros delitos comunes, como robo conintimidación (18), robos (13), abastecimiento de droga (4), tenencia ilegal dearmas de fuego (4), transporte ilegal de explosivos (1), asesinato (11),alteración al orden público (1) y saqueo e incendio (2). El dato que resultamás destacable, sin embargo, es que, mientras las acusaciones oficiales a losopositores fueron de manera masiva por terrorismo, el mismo anuario de laPolicía reconoció que  reportaron 56 denuncias por ese delito y una porfinanciamiento al mismo en 2018, el año de la crisis. Según este mismo anuario,resolvieron 32. Si se revisan las estadísticas de 2017, en esa ocasión nisiquiera se reportó un caso de terrorismo.

Parte del marco legal para lasoperaciones policiales la aprobó el partido gobernante tres meses después deiniciadas las protestas del año pasado, es decir  en julio de 2018. Setrata de una ley contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo yproliferación de armas de destrucción masiva. Para las autoridades, losopositores fueron acusados bajo la definición del Código Penal, sin embargoAmnistía Internacional consideró que la legislación pudo utilizarse “comoherramienta para un uso indebido del derecho penal”. La aprobación de la nuevaley coincide con el mes cuando los capturados fueron señalados como terroristaspor el Estado.

“La calificación del término ‘terrorista’ por órganos del Estado, contra personas que no cuentan con una sentencia condenatoria firme, significa una afrenta a la honra, dignidad y reputación de la persona de acuerdo al artículo 11 de la Convención Americana”, expresó el organismo en el informe “Sembrando el terror, de la letalidad a la persecución en Nicaragua”, publicado en 2018.

Para Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, radicado en Costa Rica por amenazas del Estado, “al ponerle la etiqueta de delincuente a una persona se convirtió en una sentencia de muerte. Estigmatizaron a las personas masivamente como si ser delincuente, equivale a la pérdida de derechos”, dijo para esta investigación publicada en el espacio para hablar sobre el país centroamericano en CONNECTAS.

Carrión fue víctima de una campaña de persecución estatal. El oficialismo señaló al jurista de encubrir a los asesinos de una familia que fue calcinada en junio de 2018. Según los testigos del caso, algunos de ellos sobrevivientes con los cuales él conversó, los autores del crimen eran parapolicías que actuaron protegidos por los agentes.

A pesar de esos cuestionamientos a la institución,  el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, el comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, acusó de encubrimiento a Carrión, quien fungió como director jurídico del Cenidh hasta su salida del país centroamericano. El jefe policial declaró primero contra la jefa de éste. “Vilma Núñez (presidenta del organismo), mantuvo oculto a los sobrevivientes (en el caso del crimen de la familia calcinada) en contra de su voluntad, instigándolos a acusar al Gobierno y a la Policía Nacional, prometiéndoles tramitar visa estadounidense y costarricense, ofreciéndoles pagar sus costos de estadía en cualquiera de estos dos países», afirmó Pérez Olivas.

Según Carrión, la campaña deestigmatización contra los opositores se sostiene en  la impunidad con laque el partido de gobierno protege a cualquier simpatizante sandinista.

Las declaraciones de Pérez Olivas concordaron,sin embargo, con el discurso institucional que respaldó al gobierno en suvisión de que fueron víctimas de un golpe de Estado, tal como dijo el primercomisionado Francisco Díaz cuando asumió el mando nacional el 10 de septiembrede 2018.

Díaz lamentó entonces la muerte de 22oficiales durante las protestas del año pasado, la destrucción de propiedadesdel Estado, mientras sostuvo que jamás atacarona nadie, porque hicieron“uso legítimo de la fuerza” para garantizar la vida, integridad física y bienesde las personas, familias y comunidades.

“A partir del 19 de abril (de 2018),grupos terroristas intentaron un golpe de Estado, destruyendo la paz quedurante más de 11 años habíamos disfrutado, cometiendo crímenes horrendos,abominables”, acusó Díaz que reconoció 198 fallecidos en el contexto de lasprotestas, mientras dijo que 900 policías resultaron además lesionados.

La opinión del jefe policialcontrasta con los testimonios dados por víctimas de la represión a la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, en que señalaron a la Policía, grupos dechoque (pandillas) y parapolicías como los autores de los ataques a lapoblación.

La Comisión Permanente de DerechosHumanos, que lleva un registro de las denuncias contra estas estructuras represivas,aseguró que hubo resistencia interna a las órdenes de la jefatura. Al menosveinte policías se negaron a atacar a la población, renunciaron y se acercarona denunciarlo al organismo. “A los que la institución (Policía) logró atrapar,los injurió mediáticamente” , afirmó Pablo Cuevas, asesor legal del organismo.

Cuevas relata que en junio de 2019conoció el caso del teniente Edwin Antonio Hernández Figueroa, un oficialantinarcóticos de la ciudad de León, quien fue capturado al intentar desertar.Pensaba huir por Honduras, pero lo detuvieron antes. Lo acusaron por tráfico dedrogas y lo condenaron el jueves, 31 de octubre de 2019. El testimonio esrevelador, porque permite entender cómo funcionarios del Estado, incluidospolicías, realizaban labores de vigilancia política a la población.

“Desde su unidad en León los organizan en  unidades de 10 y de 20 personas que realizan patrullajes; que estas unidades operativas están integradas por trabajadores del Estado (Poder judicial; Enacal-aguadora, etc). y que son dirigidos por un oficial de inteligencia y antinarcóticos. Existe un rol por entidad: la misión es desplazarse por toda la ciudad y reportar a un mando cualquier sospecha de reunión no autorizada o formación de grupos sospechosos de alguna vinculación o actividad política adversa al gobierno”, explicó Cuevas en su informe elaborado el 21 de octubre pasado.

El asesor legal de la CPDH hadenunciado en otras ocasiones la falta de independencia del sistema dejusticia. En los expedientes judiciales de los opositores en general, se puedeleer que los delitos por los cuales los acusan son “crimen organizado,terrorismo, financiamiento al terrorismo, asesinato, robo, lesiones,violaciones, incendio, secuestro” y  una figura local denominada ‘entorpecimientode servicios públicos’ por el levantamiento de barricadas en los barrios enprotesta contra el gobierno. 

De acuerdo con la investigaciónrealizada por Onda Local en alianza con CONNECTAS, a partir de enero de 2019,la Policía empezó a acusar por delitos comunes, aunque fuesen casos políticos.Una de esas historias es la del preso político de Masaya, Edward Enrique LacayoRodríguez, declarado el 29 de julio de 2019 culpable por el delito de tráficode drogas. Para el jurista Julio Montenegro, su abogado defensor,  lefabricaron el delito. “Ese vicio se venía arrastrado, se cultivaba la prueba(se incrimina) para finalmente detenerlos (a los opositores), ahora estamoshablando que la fabricación de pruebas es mucho más drástica”, precisó. 

Montenegro explica que en estosprocesos la mayoría de testigos suelen ser policías. Lacayo es tambiénpropietario de un pequeño negocio de muebles que heredó de sus padres, no tienecapitales y sus deudas alcanzan los 8.900 dólares. Existen videos y fotos enlas protestas, pero toda esa prueba “me la eliminaron porque no estaba acordecon la teoría acusatoria” y se basaron en que las autoridades mostraron seistacos de droga que el procesado “no llevaba” al momento de acusarlo, según él.

Estos juicios denunciados comoirregulares, se explican por el control que ejerce el partido de gobierno en elsistema de justicia, el que ha sido reconocido por miembros del círculo cercanoa Ortega. Cuando el ex magistrado Rafael Solís, padrino de bodas de la parejapresidencial, renunció en enero de este año se exilió en Costa Rica después dedenunciar un “estado de terror” y una serie de juicios políticos que deben seranulados. Según su criterio, las decisiones fueron tomadas en El Carmen, unaalusión local que refiere a la residencia de Ortega por el nombre del repartodonde está ubicada.

Así se encarcelaron a 777 presospolíticos, según el Comité Pro Liberación de Presos políticos, formado por losfamiliares de las víctimas, un número que triplica a la cantidad de capturasreportadas por la Policía según la investigación realizada por OndaLocal.  

La influencia del ejecutivo nicaragüense en la justicia quedó en evidencia cuando el gobierno usó dos fórmulas legales para proceder a la liberación de 492 reos políticos después que fue presionado por la comunidad internacional que advirtió la posibilidad de sanciones si no los dejaban libres.  Así las cosas, 386 salieron bajo el régimen de convivencia familiar (casa por cárcel) y 106 a través de una ley de amnistía aprobada por el partido gobernante. 

Sin embargo, hay un debate públicosobre la cantidad de reos que aún permanecen encarcelados que sería 285 si setoma como cierta la estadística inicial del Comité. En octubre pasado, eldiario digital Confidencial contabilizó 139, incluidos nueve que fueronrecapturados desde las excarcelaciones iniciadas en febrero pasado. Sedesconoce con exactitud cuántos podrían estar desaparecidos o fueronexcarcelados pero no se informó públicamente.

La situación de Nicaragua siguemanteniendo en alerta a los organismos de derechos humanos. En un comunicadodivulgado el tres de noviembre de 2019, Erika Guevara Rosas, directora paraAmérica Latina de Amnistía Internacional, afirmó que la comunidad internacionaldebe tener claro que la crisis persiste y las autoridades no han mostradoninguna voluntad de garantizar derechos. El secretario ejecutivo de la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, dijo en su cuenta de Twitterque en “Nicaragua cada día hay más represión y es selectiva”. 

El ejecutivo no ha investigadoninguna denuncia, mientras los diarios locales  reportan que la represiónpolicial continúa con el asedio a casas de excarcelados y a opositores eniglesias. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, formado porla Organización de Estados Americanos para desentrañar lo ocurrido entre el 18de abril y 30 de mayo de 2018, denunció en diciembre de ese año la comisión decrímenes de lesa humanidad e instaron a una depuración de la Policía deNicaragua. La investigación debería incluir un análisis sobre el papel delPresidente y la cúpula policial en la represión para considerarse seria, segúnlos expertos de la OEA, que destacaron la desconfianza de la ciudadanía en elsistema de justicia por su parcialidad al poder político. 

Diomedes Reyes, de 22 años yoriginario de la localidad de Quilalí, al norte en Nueva Segovia, era muyactivo en las manifestaciones opositoras y su madre, Mélida Hernández Centeno,dijo a la prensa local que él no es un delincuente. Parapolicías y oficiales locapturaron el 27 de mayo de 2019. Lo señalaron por portación ilegal de armas defuego. Días antes se encontraba exiliado en Costa Rica cuando el gobernanteanunció su “plan de retorno seguro y asistido” dirigido a quienes “huyeron” delpaís. Él decidió volver.  

La acusación oficial señala que lo atraparon en un retén policial cuando viajaba en una motocicleta. Portaba supuestamente de manera ilegal una Colt calibre 45. Le fue decomisada y lo condenaron en el juzgado único de su localidad. La prensa local narra que su tío José Reyes Moreno contradijo la versión policial sobre la detención del joven. Al procesado lo sacaron a “golpes y patadas” de su hogar, lo subieron a una patrulla  y  se lo llevaron con rumbo desconocido. No era cierto lo del retén.

Este trabajo fue realizado por Onda Local en alianza con CONNECTAS, en el marco de NICARAGUA.CONNECTAS, un espacio para contar el país centroamericano en medio de un contexto adverso para la libertad de expresión.