Deepfakes, sextorsión y doxing: la nueva maquinaria de violencia digital contra las mujeres en Nicaragua
La primera vez que “Carla” vio el mensaje, estaba segura de que se trataba de un error. Era de madrugada cuando una seguidora le escribió para preguntarle por unas fotos “subidas de tono” que circulaban en un grupo en Telegram. Ella, que llevaba años interactuando en TikTok, abrió el enlace con el escepticismo de quien conoce el mundo hostil de las redes sociales. Lo que encontró fue un golpe seco: una mujer desnuda, con su rostro superpuesto y ofrecida como mercancía.
“Una persona está usando mi imagen, mi cara, en cosas de que no debería usarla”, denunció indignada en un vídeo de la popular red social. Explicó que aparecía en un portafolio sexual ofertado en Telegram, como quien ofrece un menú a la carta. Apeló a la solidaridad de sus seguidores para reportar a los abusadores y “botar las cuentas” donde se publicó el material creado con inteligencia artificial, lo que técnicamente se denomina ultrafalsos o deepfakes.
Tras sobreponerse al impacto, convencida de que nunca se había desnudado ante una cámara, grabó nuevas publicaciones para insistir en que el material era falso. Mostró que en las fotos faltaban marcas y tatuajes reales de su cuerpo y repetía -como para tranquilizarse- que estaba claro que no era ella. Le atormentaba; sin embargo, que cualquiera que viera esas imágenes pensara lo contrario.
Alertó además que no se trataba solo de ella. Que las víctimas de imágenes manipuladas se contaban por decenas. Nadie escuchó. Su denuncia no llegó a instancias formales ni generó una reacción de las autoridades que, por ley, deberían actuar de oficio ante indicios de un delito sexual.
Su historia no es aislada. Es un síntoma -temprano y ruidoso- de cómo la inteligencia artificial está reconfigurando la violencia digital y multiplicando la vulnerabilidad de las mujeres en Nicaragua. Ocurre en un país marcado por la impunidad y el abandono estatal frente a la violencia de género, donde a los agresores rara vez se les expone; donde las instituciones, bajo el control político, ofrecen poca o ninguna protección; y donde la combinación de misoginia, impunidad y nuevas tecnologías crea un campo fértil para agresiones cada vez más sofisticadas.
El anonimato en las redes sociales facilita el accionar de los agresores en el entorno digital.
La socióloga costarricense Mónica Monge, especialista en seguridad digital, lo resume en una frase que repite a mujeres a las que capacita: “El espacio virtual es un terreno casi al estilo lejano Oeste”. Esa metáfora revela la indefensión: falta de control, inexistencia de regulación y una enorme brecha de impunidad.
Cuando los agresores se mueven en ese territorio sin ley y se encuentran con herramientas capaces de fabricar cuerpos, voces y conversaciones enteras, la violencia simplemente se multiplica, advierte.
En Nicaragua, la situación se agrava, porque la violencia se ejerce desde las más altas estructuras de poder y la línea entre violencia digital y la persecución política es difusa. Las expresiones de abuso que antes ocurrían en la calle ahora llegan en mensajes automatizados; los insultos que antes se gritaban desde tarimas partidarias se reciclan en campañas de desprestigio; y el cuerpo de las mujeres, incluyendo su imagen, su intimidad, su reputación; se convierte en un campo de batalla.
Entre los nuevos riesgos están los ultrafalsos o deepfakes, técnica que superpone rasgos faciales o manipula voces para hacer creer que una persona dice o hace algo que nunca sucedió, como ocurrió con “Carla”.
También están la suplantación de identidad y la sextorsión: la IA permite crear material falso e interactivo para hacerse pasar por otras personas y conversar con mujeres y niñas que desconocen que están interactuando con un agresor, alerta ONU Mujeres. A esto se suma el doxing, la divulgación de información identificatoria sin consentimiento.
Se trata de las nuevas amenazas generadas por la IA que amplían una violencia que las mujeres ya sufren en espacios físicos y digitales.
Un territorio sin ley: el anonimato como arma
Cuando Monge habla del “lejano Oeste digital”, no exagera. El espacio virtual es violento en gran medida, porque el anonimato facilita el accionar de los agresores.
Monge relata con horror cómo mujeres apenas familiarizadas con las herramientas tecnológicas presionan sin dudar el botón de “aceptar” en cada permiso que piden las aplicaciones. “Le dan ‘aceptar’, ‘aceptar’, ‘aceptar’ sin ponerse a pensar en los riesgos”, señala.
En ese entorno, la exposición es masiva y la vulnerabilidad se multiplica para quienes publican fotografías personales, alerta.
Y para quienes van más allá y escalan a prácticas como el sexteo la exposición al riesgo es mayor: una foto íntima enviada a un desconocido o a alguien que parecía de confianza puede convertirse en moneda de extorsión. “Hay que estar seguro de con quién se sextea”, recomienda Monge tras señalar que lo mejor es evitar por completo esta práctica.
La razón es sencilla, en tiempos de IA ni siquiera la precaución de no compartir imágenes íntimas frena a los agresores de fabricar imágenes falsas.
El especialista en seguridad Roberto Orozco coincide en que es “complicado” determinar el alcance de las amenazas digitales contra las mujeres. En el caso nicaragüense la complejidad es mayor -valora- debido a la escasa o nula información oficial: la Policía no reporta denuncias de delitos digitales y, por tanto, las víctimas no encuentran un sistema independiente que garantice acceso a la justicia.
La feminista Ana Quiroz identifica dos escenarios de violencia digital: aquella generalizada contra las mujeres por “el hecho de ser mujeres” como en el caso de “Carla” y la dirigida específicamente a quienes defienden derechos humanos o participan en la vida pública y política.
Las plataformas digitales son utilizadas para campañas de desprestigio y ataques contra las mujeres en Nicaragua.
El abuso empieza con un emoji
La violencia digital rara vez inicia con un insulto directo. A menudo lo hace con señales mínimas, casi imperceptibles: un sticker, un emoticón, un meme con frutas que funcionan como insinuación sexual: un banano, una berenjena, un melocotón.
“En el mundo digital, en el momento en que uno se pone incómoda, uno sabe que la otra persona se está pasando”, dice Monge. No hacen falta palabras para que la violencia empiece a escalar.
Orozco advierte que el acoso digital “es muy diverso” y “va más allá de una comunicación o una transacción financiera”. Incluso puede facilitar dinámicas de reclutamiento para fines sexuales.
Y la impunidad es la regla. Aunque existen numerosos casos de mujeres cuyas exparejas o terceros robaron y difundieron imágenes íntimas, solo hay un antecedente judicial: el de Kevin Alexander Reyes Leytón, exnovio de la influencer Salma Flores, condenado por revelación indebida de datos en 2023.
No obstante, eso no significa que que sea el único caso. Por el contrario, existe evidencia de que en Nicaragua el grueso de los abusos permanece impune. Nunca fue siquiera parte de una carpeta de investigación.
Una investigación de La Lupa reveló grupos de Telegram dedicados a distribuir fotos y videos de mujeres de todo el país junto con sus datos personales.
En noviembre de 2024, en redes sociales circuló el video del tiktoker que se hace llamar “Chulito Nicaragua” recibiendo “un pack” de fotos de una influencer y refiriéndose a ese material con una normalización preocupante del agravio.
La violencia contra las mujeres en entornos digitales se centra casi siempre en el cuerpo. “Los agresores apuntan a si la mujer tiene sobrepeso, si es blanca, si es morena, si es pequeña, si es alta y muchas veces tiene que ver con lo sexual”. Con la IA, esa violencia “se magnifica”.
La versión más política de la violencia: persecución desde el poder
La violencia digital en Nicaragua no es solo machista: también es política. Las mujeres defensoras de derechos humanos, líderes de opinión y periodistas enfrentan un acoso orientado a desacreditar su vida privada, cuestionar su origen o destruir su reputación, advierte la feminista Ana Quiroz.
El Registro Mesoamericano de Agresiones de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras) confirma que Nicaragua experimenta un aumento en el uso de violencia digital contra defensoras, principalmente discursos de odio, burlas, amenazas y campañas de estigmatización orientadas a desacreditarlas.
Entre 2020 y el 31 de octubre de 2025, el organismo documentó 3,516 ataques a través de medios digitales contra defensoras de derechos humanos, lo que equivale a una de cada tres agresiones registradas durante ese periodo.
“No son incidentes aislados, sino parte de una estrategia estructural orientada a criminalizar y neutralizar el activismo, deslegitimar las luchas sociales y debilitar el tejido organizativo de los movimientos feministas y populares”, sostiene el organismo.
El informe “Cuerpos digitales, territorios en disputa”, señala que muchas de estas agresiones replican narrativas de sectores de derecha ultraconservadora que buscan mantener el orden patriarcal. Aunque los ataques suelen provenir de usuarios anónimos, IM-Defensoras advierte que existen sospechas fundadas de que tras ellos operan tanto integrantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como algunos de sus opositores.
El organismo denuncia que la violencia digital de la que son víctimas las defensoras nicaragüenses es una extensión de las estrategias de represión que históricamente han sufrido, con profundos impactos a nivel individual y colectivo, pues les genera miedo, autocensura, desplazamiento, así como una erosión deliberada de la legitimidad pública.
Asimismo, observan que son pocas las defensoras que reconocen con claridad el tipo de ataque digital que están enfrentando, lo que indica que la separación entre lo que les ocurre en el mundo digital y el no digital es “una abstracción teórica”, porque los ataques afectan la experiencia de vida de las mujeres víctimas “en su complejidad y completitud”.
Estas mujeres, señala la organización, sufren desprestigio a partir de la desinformación, la revelación de datos personales, el acoso digital y la vigilancia.
IMF-Defensoras explica a DESPACHO 505 que los agresores recurren a la desinformación para distorsionar la discusión pública y restar valor al activismo como factor para la transformación social.
El organismo identificó prácticas como la descontextualización intencional de fotografías o información, el uso de humor reaccionario -memes y páginas de memes- para la ridiculización política, campañas o mensajes de odio, desprestigio o difamación en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, así como la suplantación de identidad en plataformas digitales.
La publicación de datos personales de feministas con perfil público y de su círculo cercano como familiares son también conocidas como desanonimización o doxing, un tipo de ataque digital que se ha identificado proviene principalmente de exparejas o integrantes de movimientos sociales que han tenido acceso a información personal de las defensoras.
Operan como delincuentes cibernéticos
Para realizar vigilancia digital, los agresores infectan dispositivos con spyware, y también está el monitoreo constante de las publicaciones e interacciones de las defensoras en redes sociales.
La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) también ha documentado la migración de la represión al espacio digital donde funcionarios, propagandistas y cuentas anónimas cumplen el rol de agresores.
En redes, a las mujeres se les ataca por su apariencia, su capacidad intelectual o de liderazgo y su vida personal. Entre los agresores más identificados están Moisés Absalón Pastora, Enrique Quiñónez, el concejal Lucas Reyes y el comunicador Christian López.
Entre las víctimas figuran las periodistas Jennifer Ortiz y Lucía Pineda Ubau. A Ortiz la llaman “desadaptada”, la acusan de estar financiada desde el exterior y la atacan por su apariencia. Ha sufrido doxing, amenazas de violencia sexual, ciberacoso y difamación.
Pineda Ubau ha optado por no dar más declaraciones para evitar más agresiones.
En 2025, la FLED documentó 85 agresiones digitales contra periodistas, incluidos hackeos y campañas coordinadas. Las más atacadas son las mujeres “por el hecho de ser mujeres”.
Entre otras víctimas están Maryórit Guevara, directora de La Lupa, quien ha recibido amenazas de muerte y campañas de desprestigio. También la Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios; Yadira Córdoba, una de las Madres de Abril; y la propia Ana Quiroz. Desde 2018, recuerda Monge, mujeres capacitadas por ella han recibido amenazas brutales como: “Te vamos a violar”.
El daño no queda en la pantalla. La violencia digital se convierte en encierro emocional. El director de FLED, Guillermo Medrano, reporta casos de periodistas que han llegado llorando, desbordadas por ataques que también alcanzan a sus familias. “Una de ellas dejó de comunicarse con su madre, que le dijo: ‘Vos estás tranquila afuera’”, relata.
Quiroz explica que lo que más hiere no es la mentira, sino la exposición pública. Muchas mujeres deciden desaparecer de las redes, lo que masculiniza aún más el debate público. “(La violencia digital) las trauma y limita su participación”, lamenta.
Un Estado ausente, una ley inútil y una tecnología imparable
¿Pueden las mujeres acudir al Estado? Todas las fuentes coinciden: muy poco o nada.
Medrano recuerda que desde la reforma constitucional de 2024 “ya no se puede reclamar ningún derecho”. “La Constitución no defiende nada”, afirma. A los nicaragüenses solo les queda como salvavidas la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Monge añade que incluso a nivel global, las leyes digitales son frágiles. En Nicaragua, la Ley de Ciberdelitos es “vacía” y “básica”, diseñada para controlar a opositores, no para castigar delitos digitales. Lo más probable es que las delegaciones policiales ni siquiera cuenten con personal especializado.
Como punto en contra se suma el hecho de que según IM-Defensoras, el 75% de quienes realizan ataques digitales contra defensoras en Nicaragua utilizan identidades falsas.