Aníbal Toruño, Amaru Ruiz y Eliseo Núñez, entre nicaragüenses en riesgo: CIDH pide a Costa Rica protegerlos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Costa Rica proteger a diez nicaragüenses exiliados en ese país, entre ellos el propietario de Darío Medios, Aníbal Toruño; el ambientalista Amaru Ruiz Alemán; y el exdiputado Eliseo Núñez Morales, tras determinar que sus vidas e integridad personal están en grave riesgo.
La Comisión otorgó medidas cautelares al grupo de exiliado después de recibir una alerta de seguridad relacionada a amenazas y actos de violencia, como parte de la «represión transnacional atribuida al gobierno actual de Nicaragua».
Además de Toruño y su familia, Ruiz y Núñez junto con su núcleo familiar, las medidas benefician a Hanssel Manuel Vásquez Ruiz, Tania Jeanneth López Rodríguez y a un periodista nicaragüense cuya identidad permanece bajo reserva.
La CIDH concluyó que todos se encuentran en una situación de «gravedad y urgencia» y enfrentan la posibilidad de sufrir un daño irreparable a sus derechos.
La CIDH considera que el peligro persiste
Durante el procedimiento, Costa Rica sostuvo que sus autoridades han actuado de manera diligente y que el país dispone de mecanismos institucionales para atender las situaciones denunciadas.
La Comisión valoró esas actuaciones, pero determinó que no existen elementos que permitan confirmar que el peligro haya sido efectivamente mitigado.
«Las personas beneficiarias continúan enfrentando un riesgo que requiere la adopción de medidas de protección adecuadas a sus circunstancias particulares», señaló.
Ante esta situación, la CIDH solicitó una evaluación «integral e individualizada» de cada beneficiario, que tome en consideración sus circunstancias particulares, las causas que generan las amenazas y las labores que desempeña, para definir los mecanismos de protección más adecuados.
Además, pidió que esas medidas sean concertadas con los afectados y que, de acuerdo con el nivel de riesgo determinado, se adopten las acciones necesarias para garantizar que puedan continuar desempeñando sus labores en condiciones de seguridad.
También reclamó información sobre las investigaciones de los hechos que dieron origen a las medidas cautelares para evitar que vuelvan a ocurrir.
