EE. UU. pide “extrema cautela” para invertir Nicaragua: No hay Estado de derecho ni reglas justas
Estados Unidos elevó el nivel de alerta para quienes pretendan hacer negocios en Nicaragua. El Departamento de Estado recomendó a los inversionistas actuar con “extrema cautela” ante un escenario en el que, advierte, no pueden confiar en la existencia de un Estado de derecho ni en reglas previsibles para sus empresas.
El informe sobre Clima de Inversión de Nicaragua 2026 presenta un panorama detallado de alto riesgo para la inversión privada derivada del deterioro de las instituciones y la implantación de un régimen autoritario. Alerta sobre confiscaciones de propiedades, aplicación arbitraria de las normas fiscales y la concentración de las decisiones en la Presidencia que es ejercida por Daniel Ortega y Rosario Murillo en igualdad de poder.
Se trata de la peor evaluación del clima de negocios emitida por el Departamento de Estado desde el inicio de la crisis sociopolítica en el país. Señala de manera expresa el deterioro institucional y político como uno de los principales riesgos para hacer negocios en el país y menciona la normalización de prácticas represivas y violatorias de los derechos humanos como detención injusta de presos políticos, el cierre de organizaciones no gubernamentales, el exilio forzado de ciudadanos, la confiscación injusta de propiedades privadas y el desmantelamiento del Estado de derecho.
“Estas acciones crean un clima de inversión plagado de riesgos políticos y reputacionales”, sentencia el informe.
El diagnóstico contrasta con los indicadores macroeconómicos del país, que el propio Departamento de Estado reconoce como “generalmente positivos”. Sin embargo, advierte que ni la inversión extranjera directa ni la participación de la fuerza laboral se han recuperado desde la crisis política de 2018 y la posterior represión gubernamental.
Sin garantías de “reglas justas”
El informe describe las dificultades que enfrentan las empresas para operar en Nicaragua y cuestiona la forma en que se toman las decisiones económicas dentro del país.
Según el Departamento de Estado, las conexiones personales con funcionarios del Gobierno son “críticas” para los extranjeros que invierten en Nicaragua. Incluso, señala que hasta las personas cercanas al poder corren el riesgo de perder rápidamente el favor oficial.
Aunque autoridades municipales y ministeriales pueden adoptar decisiones que afectan a las empresas, Washington sostiene que, en la práctica, todas están sujetas a la aprobación del régimen.
Frente a ese escenario alerta directamente a los los inversionistas no tener una expectativa razonable de encontrar “reglas justas” ni igualdad de condiciones para competir.
También señala que el nuevo marco para la inversión extranjera, aprobado en febrero de 2025, incrementó el control estatal. La ley creó la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE), encargada de supervisar y regular la inversión extranjera directa, y obliga a los inversionistas a presentar informes trimestrales de cumplimiento y proporcionar información estadística al Banco Central.
Para el Departamento de Estado, ese marco está diseñado para ejercer “control y vigilancia” sobre la inversión extranjera y recopilar información económica sobre esos capitales.
Auditorías, multas y presión tributaria
El informe también pone el foco en la presión fiscal sobre el empresariado. Según el Departamento de Estado, el régimen utiliza las leyes tributarias y su aplicación para intimidar a opositores y aumentar la recaudación.
El Departamento de Estado acusa al régimen de Ortega y Murillo de utilizar las leyes fiscales y su aplicación para intimidar a opositores y aumentar los ingresos gubernamentales.
Las empresas identifican entre sus principales problemas el aumento de las auditorías fiscales, multas arbitrarias, modificaciones de las leyes tributarias y obligaciones fiscales infladas.
Según el balance las auditorías “casi siempre” concluyen que las empresas adeudan impuestos adicionales y que las sanciones pueden alcanzar una cantidad equivalente al monto reclamado.
Varias grandes compañías, incluidas empresas y franquicias estadounidenses, han cuestionado sus obligaciones fiscales, generalmente sin éxito. Algunas han informado que las autoridades les recomendaron no llevar sus disputas ante los tribunales y negociar directamente con la administración tributaria.
Confiscaciones: no hay seguridad jurídica
La práctica generalizada de la confiscación que deja desprotegida la propiedad privada constituye otro de los principales puntos de la advertencia. Washington sostiene que Nicaragua tiene un largo historial de reclamos por expropiaciones sin debido proceso y que persiste una “considerable incertidumbre” para garantizar los derechos de propiedad.
El Departamento de Estado señala que la aplicación de decisiones judiciales sobre confiscación, restitución o indemnización de propiedades es poco fiable y advierte a quienes pretendan adquirir bienes inmuebles que realicen una investigación exhaustiva antes de invertir.
En Nicaragua prima una “erosión sistemática” de los derechos de propiedad privada a partir de recientes reformas legales, identifica Washington. Menciona el traslado del sistema nacional de registros de propiedad desde el Poder Judicial hacia la Procuraduría General de Justicia y la ley aprobada en agosto de 2025 que otorgó al Estado control sobre los territorios ubicados hasta 15 kilómetros de las fronteras terrestres.
Entre 2020 y abril de 2026, el régimen transfirió mediante decretos presidenciales 110 propiedades confiscadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Otras propiedades pertenecientes a dirigentes opositores fueron transferidas a alcaldías y entidades estatales.
Un sistema judicial que no ofrece garantías
La evaluación estadounidense también cuestiona las posibilidades de las empresas de resolver sus disputas mediante los tribunales.
El Departamento de Estado describe el sistema legal como débil y engorroso y sostiene que factores ajenos al proceso judicial tienen más posibilidades de influir en las sentencias que los propios hechos de los casos.
Otro punto en contra que incluye es el hecho de que Nicaragua tampoco cuenta con tribunales especializados para disputas comerciales.
A eso suma que los miembros del Poder Judicial, incluidos funcionarios de alto nivel, están sometidos a una fuerte presión y dirección política de la copresidencia y recuerda que miles de trabajadores judiciales, entre personal administrativo, jueces e incluso magistrados de la Corte Suprema, han sido apartados de sus cargos en los últimos años.
