El 56% de América Latina reconoce a Nicaragua como una dictadura, según Latinobarómetro 2026

La imagen continental del régimen nicaragüense ha colapsado. El informe Latinobarómetro 2026 revela que el 56% de la población latinoamericana califica a Nicaragua como una dictadura o un régimen autoritario, situando al país en el trío de tiranías consolidadas de la región junto a Cuba (77%) y Venezuela (73%).

El estudio —basado en 19.207 entrevistas cara a cara aplicadas en 17 países entre el 7 de mayo y el 17 de junio de 2026— deja al descubierto que apenas un 17% de la ciudadanía regional considera aún a Nicaragua como una democracia.

Los analistas de la Corporación Latinobarómetro señalan como “notable” que la dictadura de Nicaragua no sea percibida con la misma unanimidad que Cuba o Venezuela. 

El propio informe ofrece una explicación crítica sobre esta brecha: la ambigüedad ideológica de sectores de la izquierda latinoamericana, que tardaron años en condenar abiertamente a Daniel Ortega debido a la “memoria nostálgica” de la Revolución Sandinista de 1979 que derrocó a la tiranía somocista.

No obstante, el dictador que emergió de aquella gesta terminó por convertirse en lo que combatió: con 28 años acumulados en el poder (1979-1990 y 2007-actualidad), Ortega ha superado con creces a Somoza.

Evolución de un colapso: De la autocracia al “sultanato”

El informe 2026 marca el punto culminante de un proceso de degradación institucional que Latinobarómetro ha documentado de forma consecutiva desde 2018. En 2021, el organismo con sede en Chile introdujo el término “sultanato” para conceptualizar la deriva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en referencia a la apropiación patrimonial del Estado, el nepotismo y el control familiar absoluto de las instituciones públicas.

Esta estructura autocrática terminó de institucionalizarse en el plano legal mediante las reformas constitucionales de 2025 y 2026, las cuales elevaron a Rosario Murillo al rango formal de “Copresidenta”, subordinaron los poderes Legislativo, Judicial y Electoral al Ejecutivo, y legalizaron estructuras represivas como la policía voluntaria y las reservas patrióticas.

A este secuestro de la institucionalidad se sumó la cancelación definitiva de la soberanía popular. Tras la declaración de Daniel Ortega en la que sentenció que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, el Latinobarómetro destaca la gravedad de haber quebrado el principio básico de la alternancia en el poder.

“Las elecciones han pasado a ser un elemento de legitimación indispensable para cualquier gobernante, dictador o no. Es por ello que ha causado mucha reacción Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, cuando anunció: Aquí no volverá a haber elecciones. La reacción que causó este anuncio da para pensar que en América Latina se puede ser dictador, pero no se puede dejar de hacer elecciones; (…) pero no se acepta que alguien diga que no habrá elecciones”, advierte el análisis regional.

La dictadura no deja encuestar

Uno de los datos más dramáticos expuestos por el estudio atañe a su propia metodología. A diferencia de Venezuela, donde el equipo de Latinobarómetro aún logra realizar encuestas cara a cara bajo márgenes de riesgo, en Nicaragua el trabajo de campo se encuentra completamente suspendido desde el año 2020.

La falta de garantías físicas para los encuestadores, la persecución contra cualquier voz crítica y la prohibición explícita impuesta por el régimen para formular preguntas relacionadas con la democracia, la gobernabilidad y los derechos humanos obligaron a la organización a paralizar las mediciones dentro del territorio nacional.

A pesar de la imposición del silencio dentro de Nicaragua mediante el encarcelamiento de opositores, la apatridia y la confiscación de bienes, la percepción de los pueblos del continente es clara: la izquierda nicaragüense mutó en un régimen autoritario y represivo, expuesto ante América Latina como una dictadura sin atenuantes.